Así operaba la trama de empadronamientos ilegales para marroquíes en Gran Canaria: 600 euros por inmigrante, y acceso a la sanidad y a ayudas públicas
Una de las viviendas en las que se empadronaba ilegalmente en Gran Canaria. Policía Nacional
Carlos Rioba
julio 25, 2025
La Policía Nacional ha desarticulado en Gran Canaria una red dedicada a empadronar ilegalmente a inmigrantes, la mayoría marroquíes, con algunos que nunca habían pisado España. A cambio de 600 euros por persona, ofrecían documentos falsos para facilitar el acceso a servicios públicos y prestaciones sociales financiadas con dinero de los contribuyentes.
La operación, llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras (UCRIF II) en Las Palmas, comenzó tras una alerta del Servicio de Padrón del Ayuntamiento de Gáldar. Los funcionarios municipales detectaron una anomalía creciente: decenas de personas empadronadas en viviendas donde jamás habían residido.
Tras semanas de investigación, los agentes identificaron cuatro inmuebles en los que se habían inscrito de forma fraudulenta 39 inmigrantes, ninguno de los cuales vivía ni había vivido en esas viviendas. De hecho, la mayoría seguía residiendo en Marruecos.
Los detenidos —tres individuos afincados en la capital grancanaria— operaban con contratos de alquiler falsificados, en los que figuraban como arrendadores ciudadanos españoles sin ninguna relación con los inmuebles. El objetivo: burlar la ley y obtener empadronamientos oficiales que abren la puerta a la sanidad gratuita, a ayudas sociales y a trámites de nacionalización.
Una vez obtenida la inscripción ficticia en el padrón municipal, los beneficiarios —algunos incluso fuera del país— iniciaban procesos para conseguir la tarjeta sanitaria pública, acceso a prestaciones sociales no contributivas y solicitudes de residencia o nacionalidad, usando como base un supuesto arraigo que no existía.
La operación culminó el pasado 26 de junio con la detención de los implicados, que serán puestos a disposición de la autoridad judicial en Santa María de Guía. Se les imputan delitos de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración irregular.
Este caso no es aislado. Las redes que trafican con la identidad administrativa en España se han sofisticado y aprovechan la debilidad del sistema y la inacción de las autoridades migratorias. Mientras miles de españoles sufren para acceder a una vivienda o a una cita médica, mafias como esta lucran a costa del Estado de Bienestar, convirtiendo los empadronamientos en una puerta trasera a la regularización masiva.
28/07/2025
2 Comments
Xavier Rius
4 años agoDirector de Rius TV en YouTube. Trabajó antes en La Vanguardia y en El Mundo. Director de e-notícies durante 23 años.
España es un coladero
26 de julio de 2025
Hace años fui al ayuntamiento de mi localidad (Martorell) a hacer una gestión administrativa. No recuerdo exactamente qué. Creo que a presentar una instancia. Era en pleno mes de agosto. Es más, juraría que estábamos en medio del puente. El de la Asunción. Delante tenía a dos inmigrantes —uno de origen magrebí y otro hispanoamericano— que preguntaron qué tenían que hacer para empadronarse. La funcionaria les informó que sólo necesitaban contrato de alquiler y pasaporte en vigor. Cuando me tocó el turno —nos conocíamos de vista— me miró con cara de resignación. En plan… «si yo te contara». Inmediatamente pensé: si, en pleno mes de agosto, en menos de un par de minutos, preguntan dos personas para empadronarse, ¿cuántas deben hacerlo a lo largo del año? Porque, como saben, el empadronamiento abre la vía a las prestaciones sociales, la atención sanitaria y la educación pública gratis. Es decir, a todo. ¿Cómo no van a venir?
Recuerdo al respecto una entrevista a la entonces líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, ahora Rassemblement National, en La Razón el 5 de abril del 2014. Ponía de manifiesto que, en su opinión, la única forma de hacer una política disuasoria en el tema de inmigración era «cortando todo lo que hace atractivo a nuestros países: escolarización gratuita, vivienda gratuita, sanidad, ayudas». El PP ya intentó en el 2012 poner un poco de orden con el famoso decreto 20/2012, de 13 de julio, que limitaba la sanidad pública a los inmigrantes con papeles. A excepción, claro, de urgencias. Fue la única medida del PP en la materia aunque, con las secuelas de la crisis todavía pendientes, en realidad era una medida económica. Pedro Sánchez, en cuanto llegó al poder en el 2018, derogó el citado decreto, y restauró el acceso universal a la sanidad pública. No quiero entrar ahora en cómo está el sistema sanitario y, sobre todo, los problemas crónicos de financiación que tiene porque no es el objeto de este artículo. En realidad, el Partido Popular había seguido los pasos del canciller Gerhard Schröder con la famosa Agenda 2000, un programa de reformas para Alemania. Y eso que era socialdemócrata. En efecto, si los alemanes, que tienen un PIB muy superior al nuestro, tomaban medidas al respecto es evidente que nosotros deberíamos hacer lo mismo.
Viene a cuento todo esto por los empadronamientos fraudulentos, en demasiadas ocasiones con la complicidad de consistorios gobernados por la izquierda. VOX ya denunció en mayo que el Ayuntamiento de Barcelona tenía empadronadas a casi 4.000 personas en unas dependencias municipales del distrito de Horta-Guinardó. Ahora, el de Sant Cugat ha decidido también dar de baja a otras 4.000 del padrón municipal. En este caso tenían fijada su residencia, supuestamente, en un edificio público. El teniente de alcalde Relaciones Institucionales, Jordi Puigneró, salía el otro día en X sacando pecho y culpaba a las «políticas cupaires» del anterior consistorio, en manos de ERC. «Derechos sí, coladero, no», concluía.
Puigneró fue vicepresidente del gobierno catalán (2021-2022) hasta que fue cesado por Pere Aragonès en aquella crisis que agrió las relaciones entre Junts y Esquerra. Aunque, todo hay que decirlo, propuso ampliar el Aeropuerto del Prat por un lado y por el otro. Idea que ahora ha copiado Salvador Illa. Y, por cierto, la exalcaldesa, la republicana Mireia Ingla (2019-2023), acaba de ser recolocada como nueva presidenta de la cadena de televisiones locales de la Diputación de Barcelona a 95.000 euros al año. Todo, por supuesto, con el visto bueno del PSC. A pesar de que ni siquiera ha desarrollado su actividad profesional en el mundo de los medios de comunicación. Es abogada especializada en vivienda y familia. La citada cadena es aquella que mantiene en nómina a la mujer de Puigdemont con un programa semanal que cuesta más de 10.000 euros y apenas tiene audiencia.
Pero, volviendo a los empadronamientos, me consta que el alcaldable de VOX en esta localidad, Marcos Rodríguez Font, ya venía dando la vara desde hace tiempo. En julio de 2024, ya denunció que el consistorio tenía empadronadas a casi 500 personas en la sede de servicios sociales. Entonces, por supuesto, nadie les hizo caso. No es el único caso similar. En TV3 explicaban el pasado día 18 el de una veintena de subsaharianos que dormían en los alrededores de la estación de Gerona «a la espera de poder tener cita previa para poder tramitar el asilo». La propia presentadora del informativo revelaba, no obstante, que «en Francia no lo han podido obtener». Luego entrevistaban a uno de ellos que, en un francés precario, decía que había estado también «en Italia». Sin embargo, no le habían dado tampoco el estatus de refugiado. Añadió que estaría encantado de «integrarme aquí».
Desde luego un drama humano, pero a ver si lo entiendo: ¿España acoge a personas que han rechazado otros países comunitarios? Después se preguntan por qué sube VOX.
Rubén Torres
1 mes agoPoco más puedo decir sobre lo absurdo que es mantener esta sociedad fallida, por lo tanto, solo me queda recordarles que todos los problemas socioeconómicos y medioambientales producidos por las malas decisiones de la gente, hace varias décadas que se hubiesen resuelto si me hubieseis apoyado. Como no ha sido así, que os den, ah, y seguid pataleando para ver cuántos siglos más deben pasar para que despertéis de una puta vez.