En una década la agencia pública AVRA ha tramitado 3.371 desahucios por ocupación ilegal o su uso como «narcopisos»
Una casa ocupada en el Centro de la capital cordobesa Valerio Merino
A.R. Vega
Actualizado 11/12/2020
Los okupas no sólo ponen en su punto de mira las viviendas de particulares para vivir gratis y de manera ilegal. También se fijan en los pisos que pertenecen a las administraciones. El parque público que gestiona la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) es un buen ejemplo de lo extendida que está la usurpación de inmuebles destinados, de manera preferente, a familias vulnerables.
Entre 2010 y 2019, esta entidad dependiente de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio tramitó 3.371 expedientes de desahucio, tanto por la vía administrativa como la civil y la penal, con el fin de recuperar viviendas en régimen de alquiler, que son propiedad de la agencia. El parque público está integrado por 50.00 viviendas en alquiler y otras 26.000 en compra-venta y acceso diferido a la propiedad.
Los ocupantes se encontraban en situación de ilegalidad porque no eran los legítimos adjudicatarios de los mismos y carecían de contratos de alquiler
Detrás de la buena parte de los desahucios, hay un caso del tráfico irregular de pisos. Los ocupantes se encontraban en situación de ilegalidad porque no eran los legítimos adjudicatarios de los mismos y carecían de contratos de alquiler, según informan fuentes de la consejería. En otros casos, se estaba incumpliendo la cláusula del contrato que obliga a que la vivienda sea el domicilio habitual y permanente. Hay otro supuesto más: la extinción del contrato de alquiler.
La agencia señala a ABC que «no desahucia en ningún caso por impago de las rentas», temerosa de los posibles efectos reputacionales o de imagen que rodean estos desalojos, convertidos en protagonistas mediáticos durante la pasada crisis y en un problema que suscitaba mucha sensibilidad social. AVRA matiza que sólo cuando se acumula una elevada deuda por impago de las rentas, esta circunstancia se puede sumar a la causa principal del expediente. En algunos casos, las viviendas públicas caen presas de las mafias de la okupación o se convierten en «narcopisos», dedicados al cultivo de plantas estupefacientes que aparecen en las páginas de sucesos.
En agosto pasado, después de año y medio de trámites burocráticos, la agencia pudo recuperar por fin un piso en Granada capital en el que todas las habitaciones estaban llenas de plantas de marihuana a excepción del salón, donde tenían dos videoconsolas. A menudo son los vecinos los que dan la voz de alarma.
Domicilio habitual
Entre 2010 y 2019, se tramitaron otros 8.823 expedientes contra adjudicatarios que incumplían la cláusula del contrato que obliga a utilizar la vivienda como domicilio habitual, y para regularizar la situación de los ocupantes mediante una subrogación, por fallecimiento del anterior titular.
El fin último, afirman desde AVRA, es recuperar aquellas viviendas ocupadas ilegalmente o que no tienen un uso correcto para darlas en alquiler a familias que reúnen los requisitos para acceder a una vivienda protegida.
Tras una ocupación, existe la vía penal y la civil para recuperar el inmueble. A través del procedimiento civil se condena al ocupante a desalojar el inmueble y a que pague las costas del procedimiento, así como los daños y perjuicios. La vía penal, bajo el delito de usurpación u ocupación, da pie a un procedimiento suele ser más lento. En septiembre, el Ministerio del Interior eliminó el plazo de 48 horas para echar a los usurpadores de la vivienda por parte de los agentes.
En respuesta a una pregunta formulada por Vox a través del Parlamento andaluz, AVRA indicó que la deuda por los derechos pendientes de cobro por venta y alquiler de viviendas públicas se ha incrementado a lo largo de la última década al pasar del 26 al 45 por ciento, coincidiendo con los años más duros de la crisis. Sin embargo, en el mismo periodo se ha reducido la deuda en la vivienda de compraventa y acceso diferido. El importe total de los impagos no ha sido facilitado por la agencia pública.
3/02/2023
1 Comment
Rubén Torres
1 año agoHe aquí unas noticias que ya son habituales, la ocupación de viviendas y el cultivo de maría.
Ambas deberían pertenecer al pasado, pues hace muchísimos años que dije de qué forma se solucionan.
Como no podía ser de otra forma la ineptitud de los que nos gobiernan son los culpables de que sucedan estos y muchos más problemas que tenemos los españoles. Por lo tanto mientras esos parásitos ineptos sigan en el poder nunca se solucionará nada, más bien será todo lo contrario.
Si se hubiese implantado mis propuestas no existirían los okupas puesto que las viviendas serían gratuitas, así como el agua potable y la energía eléctrica.
Los alimentos y miles de productos bajarían muchísimo de precio, todos el mundo tendría un ben salario, prácticamente nadie se tendría que comprar un coche y muchísimas más ventajas.
En cuanto a lo de cultivar maría sería legal, pero como ya se sabe que quienes lo hacen es porque o su sueldo es muy bajo y buscan alguna forma de ganar más o es que no encuentran empleo. Pero si se ponen en marcha mis propuestas, ese negocio dejaría de ser tan rentable y quedaría en el olvido, pues hay formas mucho mejores y más rápidas de ganar pasta.