En México, 1968 fue un año de ebullición revolucionaria de los sectores más oprimidos, de los cuales la juventud sufrió todo el peso del autoritarismo del PRI, que orquestó en la noche del 2 de octubre una cruel masacre que conmovió al mundo

Jóvenes en el 44º aniversario de la matanza de Tlatelolco (2012). Foto: Getty.

 

Publicado por Beatriz González

Verificado por Juan Castroviejo

Doctor en Humanidades

Creado: 16.09.2024

 

El año 1968 estaba destinado a ser el de la gran presentación de México como el país del progreso. Después de ganar la batalla a Buenos Aires, Detroit y Lyon, las Olimpiadas iban a celebrarse por fin en la capital mexicana, y que su candidatura fuera la elegida suponía un gran reto: por primera vez en la Historia, una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar el acontecimiento deportivo más importante del mundo.

Llevaba años preparándose para ello. Tras completarse el tramo mexicano de la carretera Panamericana e inaugurarse el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el país pensaba que estaba listo para dar su mejor imagen en el gran escaparate que suponían unos Juegos Olímpicos. Por eso se había organizado una ceremonia de inauguración espectacular con sorpresas como el encendido del pebetero olímpico, que por primera vez correría a cargo de una mujer, la atleta Enriqueta Basilio.

Sin embargo, diez días antes de la gran inauguración de los Juegos Olímpicos, una masacre tiñó de tragedia las calles de la capital. Los hechos ocurridos en la plaza de las Tres Culturas (o de Tlatelolco) hicieron que el año que debía haber sido el de la consagración de un país acabara siendo recordado como el de la matanza de Tlatelolco, el lugar donde la Historia de México cambió la tarde del 2 de octubre de 1968.

El contexto de la tragedia

Las cuatro esquinas de la plaza de las Tres Culturas estaban ocupadas por soldados que vigilaban el mitin del movimiento estudiantil que se estaba celebrando aquella tarde. Todo transcurría con normalidad hasta que, poco después de las seis, comenzaron los disparos contra los estudiantes. Los allí reunidos se miraban unos a otros sin comprender qué pasaba e intentaban huir del lugar esquivando las balas. No todos lo lograron. Los cuerpos de los que murieron en el acto empezaron a amontonarse por todas partes mientras la plaza se teñía literalmente de sangre.

El llamado Batallón Olimpia y el Ejército (en la imagen) se coordinaron para tirotear a los asistentes a la movilización. Foto: Associated Press.

 

A pesar de lo que ocurrió aquella tarde, la jornada del 2 de octubre no era una de las que se preveían violentas. Los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga –el movimiento estudiantil que aquel verano había comenzado a pedir más libertad y menos autoritarismo por parte del Estado– habían convocado un mitin. Sin embargo, no era uno de los más multitudinarios. Se calcula que no habría más de 15.000 estudiantes, una cifra pequeña en comparación con las manifestaciones que habían llegado a reunir hasta a 200.000 jóvenes en la plaza del Zócalo.

Y, según testigos de lo sucedido, en las horas previas tampoco se respiraba la tensión de otras convocatorias. El día anterior, el Ejército se había retirado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y esa misma mañana, una delegación del Consejo Nacional de Huelga se había entrevistado con dos representantes del gobierno de la República, Andrés Caso y Jorge de la Vega Domínguez.

Sin embargo, tras las investigaciones realizadas años después de la masacre, todo apunta a que aquella mañana el presidente Gustavo Díaz Ordaz ya había dado luz verde a una operación que se saldaría con centenares de muertos. La principal razón para esa drástica intervención fue que el gobierno veía en las revueltas estudiantiles una gran amenaza. “En 1968, el sistema presidencialista conoce su apogeo… Todo es gobierno y casi nada oposición”, escribiría años después el periodista y escritor Carlos Monsiváis. Por esa razón, cualquier manifestación contraria a la actuación del gobierno era considerada un peligro.

Tanto que, mientras los jóvenes de media Europa se manifestaban contra el materialismo occidental y la Guerra de Vietnam vivía sus peores momentos, los dirigentes mexicanos parecían ver en cualquier protesta estudiantil un conato de revolución comunista. Pero la realidad es que la ambición del movimiento juvenil no iba más allá de conseguir aumentar las cuotas de democracia evitando que el gobierno interviniera en todos los ámbitos, también el universitario.

De hecho, había sido la actuación del gobierno en una pelea ocurrida en instalaciones universitarias lo que propició el nacimiento del Consejo Nacional de Huelga, creado el 2 de agosto de aquel año a la luz del Mayo francés y de todo el levantamiento juvenil. Una riña por un partido de fútbol acabó enfrentando a dos pandillas, Los Arañas y Los Ciudadelos, de la Escuela Isaac Ochoterena, contra los estudiantes de las Vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Las fuerzas policiales intervinieron violentamente en la escuela privada donde ocurrió el altercado dejando heridos y detenidos, lo que se consideró un atentado a la autonomía de las universidades públicas. Era la gota que colmaba el vaso para miles de estudiantes y también para los propios profesores e incluso el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, que se unieron a las protestas contra la opresión gubernamental.

Voces contra la corrupción y el autoritarismo

Fue entonces cuando se creó el Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y otras universidades del interior de la República. Sus armas fueron las brigadas de información, las manifestaciones y las asambleas en los dos grandes centros de estudio mexicano, la UNAM y el IPN.

Y sus reivindicaciones principales se concretaban en la supresión de un artículo –145 y 145 bis– del Código Penal Federal sobre el delito de disolución social, que se aplicaba para reprimir cualquier muestra de descontento y por el que varios estudiantes habían sido detenidos aquel verano, además de la desaparición del temido cuerpo de granaderos –la policía antidisturbios–, la liberación de los estudiantes presos e indemnizaciones por parte del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los fallecidos por la intervención de las fuerzas policiales.

Mientras las voces contra la corrupción y el autoritarismo empezaban a oírse en la capital mexicana, el gobierno se volcaba en la preparación de los Juegos Olímpicos, para los que llevaba trabajando más de un año. Pero la construcción de villas olímpicas y estadios no servía para acallar las protestas de los estudiantes, a los que miembros del gobierno llamaban “antipatriotas” por gritar frases como: “No queremos Olimpiadas, queremos revolución”. Por su parte, los estudiantes forjaban un movimiento festivo cada vez más popular.

El 27 de agosto de 1968, tras varias manifestaciones y mítines que cuentan cada vez con más respaldos, los médicos del Hospital General comienzan una huelga en solidaridad con los estudiantes. Se acuerda una marcha para ese día desde el Museo Nacional de Antropología e Historia al Zócalo, y la respuesta es masiva. Los estudiantes tocan las campanas de la catedral y alguien iza una bandera rojinegra en el asta central. En el mitin, se exige un diálogo público y la liberación de los presos políticos.

Cuatro días después, el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, presenta su cuarto Informe de gobierno. En él dice que han sido “tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo”.

Después saldría a la luz que la marcha del 27 de agosto había sido uno de los detonantes que llevaron a autorizar la operación que se llevó a cabo en la plaza de las Tres Culturas. Fulton Freeman, amigo personal de Díaz Ordaz y embajador de Estados Unidos en México, informó a su gobierno de que el presidente mexicano se había mostrado “profundamente ofendido por la toma de la catedral y por el izamiento de un estandarte rojinegro en el asta de la bandera del Zócalo”.

Operación Galeana

Es entonces cuando el CNH aclara en un comunicado que no tiene como objetivo impedir los Juegos Olímpicos, como insinúan los gobernantes. Mientras tanto, muchos de los asistentes a los mítines y los miembros de las brigadas de estudiantes son arrestados, y las cárceles se llenan de jóvenes. El movimiento estudiantil acuerda realizar el 13 de septiembre una Marcha del Silencio para probar que ellos no son los provocadores. Y ocurre un hecho insólito: alrededor de 250.000 personas acuden, por primera vez desde la Revolución mexicana, a una marcha en la que todos caminan en silencio.

De nada había servido que, el día anterior, varios helicópteros sobrevolaran la ciudad dejando caer mensajes en papeles en los que se recomendaba a los cabezas de familia que impidieran a sus hijos participar “en la manifestación silenciosa, porque serían enfrentados con el Ejército”, según recoge el libro El movimiento estudiantil de México, de Ramón Ramírez.

Para entonces, el gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional), que tras tres décadas en el poder afrontaba una oposición seria entre la población, ya había anunciado que usaría todo lo que estuviera a su alcance para controlar las protestas. Por su parte, el Senado había manifestado su “apoyo total” al presidente para que dispusiera del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina “en defensa de la seguridad interna y externa de México, cuando fuera preciso”.