¿Hacen falta más prisiones?

 

Escrito el 08/05/2009 por J. M. H. P.

En los últimos años, la población penal de nuestro país no para de crecer. Somos el segundo país de la comunidad económica Europea con mayor número de presos por cada 100.000 habitantes. La solución para los gobernantes: más prisiones.

Como siempre, se preocupan más por el remedio que la enfermedad. Pero independientemente de este problema, subyace un problema mayor, que la mayoría de la población no reclusa ignora.       Y que es el que me motiva a escribir estas líneas. La población, “la gente“está cansada de oír que en la cárcel se entra por una puerta y se sale por otra. Y no es verdad. Nuestro país es el país europeo que más abusa de la prisión preventiva. Y los presos condenados, cumplen en gran parte su condena, desde que en 1995 desaparecieron las redenciones que permitían descontar un día de prisión por cada dos trabajados.

Sólo un 17 % de los presos se hallan en tercer grado. Y éste tercer grado, en muchísimos casos se obtiene cuando ya se está a punto de cumplir la condena íntegra. La prisión se creó, y así lo dice la legislación vigente, para rehabilitar y reinsertar a los presos, haciéndoles vivir con la intención de cumplir la legislación vigente, y respetar a los demás. Y debe ser la prisión la que les enseñe eso. Y la prisión son los profesionales que la conforman (ya que las paredes no te enseñan nada).

Pero estos profesionales en muchos casos (afortunadamente siempre hay honrosas excepciones) se saltan las leyes que regulan el régimen penitenciario, y generan en el preso un sentimiento de ira y odio, con el que no entró en prisión. No nos equivoquemos. La mayoría de los presos se saben culpables del delito por el que están en prisión (aunque también hay inocentes gracias a nuestro sistema de justicia), y por lo tanto aceptan su estancia en prisión en mayor o menor grado. Lo que desata su ira, su agresividad, es ver que quienes tienen que imbuirles el deseo de vivir cumpliendo con la ley, tienen “bula” o “patente de corso “para saltársela. Es decir, la ley sirvió para de forma estricta, meterles en prisión. Pero esa Ley se convierte en papel mojado, cuando se trata de aplicarles los derechos que les asisten.

Podríamos caer en la fácil reflexión de que se trata de presos que han cometido delitos, y que por lo tanto merecen lo que les pase. Sobre todo últimamente, en que algunos medios de comunicación, y especialmente alguna televisión, han encontrado un filón en la crónica de sucesos, y soliviantan a la opinión pública, creando muchas veces, alarmas sociales que no existían. El preso ve como sus derechos, y todas y cada una de las promesas que le hacen, se van incumpliendo una a una. Es como un burro, al que le ponen atado a su cabeza, una palo con una zanahoria. El burro avanza para coger la zanahoria, pero nunca la alcanzara.

Este abuso se extrema en Cataluña, donde las competencias en materia penitenciaria, han sido transferidas a la Generalitat. En esta comunidad autónoma, la Secretaria penitenciaria ha inventado una serie de programas, dedicados a rehabilitar a los presos. Estos programas no se imparten en el resto de España.

Ello no tendría mayor importancia, ni mayor gravedad, e incluso podríamos afirmar que puede ser beneficioso para determinados tipos de delitos (violentos, etc.…) pero cualquier bondad de estos programas, desaparece cuando, lejos de convertirse en un instrumento para la rehabilitación, se convierte en un sistema de represión al preso y de castigo añadido. Mi afirmación no es gratuita. La Secretaria penitenciaria se ha sacado de debajo de la manga (ya que no está publicada en el DOG o BOE) y tiene evidentemente rango inferior a La Ley General penitenciara (una ley orgánica) o al reglamento Penitenciario, por la que los que realicen esos programas, lo harán cuando falten 3 años para las ¾ partes de la fecha de cumplimiento de la condena. Tras ese programa de 9 meses de duración (y considerando que el preso haya superado el programa lo que muchas veces no sucede, porque se deja solo al criterio del psicólogo si lo ha superado o no , sin posibilidad de discrepancia o recurso), se inicia un nuevo periodo de 9 meses de seguimiento (siempre en prisión), tras el cual, podrá empezar a acceder a salidas programadas (acompañado de monitores para visitar por ejemplo un museo) y al cabo de varias programadas (varios meses),  tendrá derecho a su primer permiso (si Dios y la Junta de Tratamiento quieren). En resumen, habrá llegado al final de la condena íntegra. Lo más triste de todo esto, es que según la legislación vigente, estos programas son totalmente voluntarios, y la no participación por parte del preso en los mismos, como reza el art. 112 del Reglamento penitenciario:

ARTICULO 112.3 PARTICIPACION DEL INTERNO EN EL TRATAMIENTO: el interno podrá rechazar libremente o no colaborar en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, regimentales ni de regresión de grado”

“En particular a los presos delitos sexuales el art. 116.4 señala que “la administración penitenciaria podrá realizar programas específicos de tratamiento para los internos condenados por delitos contra la libertad sexual, a tenor de su diagnóstico previo y todos aquellos otros que se considere oportuno establecer. El seguimiento de estos programas será siempre voluntario y no podrá suponer la marginación de los internos afectados en los centros penitenciarios”.

Cuidado. No caigamos en el común error de pensar que por ejemplo, los delincuentes sexuales merecen todo lo que les puedan hacer. Porque lamentablemente, ni son todos los que están, ni están todos los que son. No podemos permitir que la poca simpatía o repugnancia que despierten determinados delitos, hagan que permitamos que los derechos desaparezcan porque ese es el principio del fin para la democracia y la justicia, cuando alguien cree que su criterio es mejor que el de al lado, y todo ha de regirse por su criterio (como decía un buen amigo mío, “las opiniones son como los culos, todos tenemos uno”. Las garantías constitucionales han de ser para TODOS, porque el día que dejen de ser para todos, pasaran a ser solo para algunos cuantos, entre los que puede que mañana no se encuentre usted.

Como he dicho antes, se puede coincidir con la conveniencia de que algunos presos realicen estos programas para ayudarles a combatir sus instintos. Pero eso requiere que cada preso, reciba el tratamiento individualizado, el análisis científico que garantiza la ley, y que indica que hay que estudiar cada caso, para ver si es necesario o no que esa persona haga ese programa. No creo que se escape a nadie, que es muy diferente el señor que ha insultado a su esposa, que el que la ha matado. (Sin ánimo de justificar ninguna de las dos cosas). O el señor que le ha tocado el culo a una joven en el metro, que el violador en serie, una vez más sin ánimo de justificar a ninguno de los dos. La realidad es otra: café para todos. La Secretaria pretende que todos los presos por los delitos que tienen programa (que cada vez son de un mayor número de tipologías; violencia domestica, delitos sexuales, violencia, alcoholemia, preparación a permisos etc…) sean realizados por TODOS los presos. Subyace al parecer un supuesto trasfondo económico, ya que se asegura entre los presos (lamentablemente yo no tengo constancia oficial aún y por ello, solo puedo repetirlo como vox populi), que existe una subvención por cada programa, y que por lo tanto lo que motiva a que TODOS hagan el programa no es otra cosa que llenar las arcas de la prisión o la Secretaría Penitenciaria.

Ello haría comprender, como por ejemplo, sin haberse reunido con un preso ningún miembro de la junta de tratamiento, y por lo tanto sin conocer del mismo más que lo que dice una sentencia, la Junta decida que ha de hacer un programa, que ha de ser clasificado en segundo grado, que no merece tener derecho a permisos. Todo ello sin conocer ni siquiera la cara del preso. Eso demuestra una profesionalidad más que discutible. Yendo un poco más lejos, cuando un funcionario, emite una resolución a sabiendas de que es injusta (y emitirla sin tener el más mínimo conocimiento de una persona es algo realmente arbitrario e injusto), ello recibe un nombre: PREVARICACION. Y se castiga con una inhabilitación de 7 a 10 años.

Además, esta exigencia encubierta de realizar los programas obligatoriamente (si no los haces cumplirás la condena íntegramente, te advierten nada más entrar) vulnera la constitución que garantiza la igualdad ante la Ley para todos los españoles. ¿Porqué un interno en Zaragoza, con un delito por ejemplo de violencia doméstica, tiene sus derechos penitenciarios (permisos a la ¼ parte de la condena, tercer grado a la ½ de la condena, etc.…) y uno de Cataluña se “come” la condena íntegramente porque se ve OBLIGADO (sí, obligado, llamemos las cosas por su nombre) a hacer un programa específico, que no le dejarán hacer hasta el final de su condena?

Ello es aun más grave en el caso de los delincuentes primarios, es decir los que han delinquido por primera vez. Si tienen una pena inferior a 5 años, y por su perfil personal tienen trabajo, apòyo familiar etc… pueden ser clasificados en tercer grado inmediato, con el fin de evitar el daño que la prisión causaría a su reinserción. La Propia Directora General de Prisiones (para el resto de España) la sra. Mercedes Gallizo dijo hace un par de meses en televisión que para estas personas debería haber otro tipo de “castigo “distinto a la prisión. El Partido Popular, en su afán de aumentar las penas, y la dureza de las mismas, inventó la medida de seguridad creada en la ley 7/2003, que impide que un preso condenado a penas superiores a 5 años, tenga que cumplir la mitad de la condena como mínimo. A esto, se le llama medida de seguridad. Pero a los presos con penas de menos de 5 años no puede aplicársele dicha medida. ¿Cuál es la realidad? Es bien distinta. Con la exigencia de realización en Cataluña de los famosos programas, están aplicando de una forma encubierta la medida de seguridad. ¿Que no es la medida de seguridad? Llamémoslo pues como queramos. Es solo un eufemismo cambiar el nombre, a lo que equivale a que alguien haya de cumplir su condena íntegramente aunque la ley diga lo contrario.

No caigamos en el error de que la poca simpatía que este tipo de delitos nos puedan despertar. Eso sería lo fácil,. Y es lo que les permite la coartada a los que vulneran la ley cuando deberían ser el ejemplo a seguir.

Llegado a este punto, puedo entonces afirmar que las risiones están llenas, no porque haya más delincuentes. No porque haya más nuevos delitos (que también), sino que mayoritariamente, está llena porque los presos no salen cuando deberían salir. Hay vía de entrada, pero no de salida. En Cataluña los presos cumplen cada vez la condena íntegra (o prácticamente integra) en más casos, vulnerando las leyes vigentes. Y existen vías mejores, como la vigilancia telemática, la reclusión en domicilio, etc… Que además de mucho más baratas, serían mucho más eficaces para la reinserción del preso. Porque, en los casos de delincuentes primarios, con penas inferiores a 5 años como señala la ley, que pueden ser clasificados en tercer grado inicial porque la prisión solo servirá para desestructurar su vida (y no son clasificados en tercer grado porque la Junta no quiere), lo lógico sería darles una oportunidad, y permitirles demostrar que ha sido un error en su vida, que no se reproducirá. Pero lo que sucede, es lo contrario. Se presume que reincidirá (aunque todos los parámetros digan lo contrario), y se le aparta de la sociedad: perderá el trabajo, dejara de pagar la hipoteca, perderá posiblemente su casa, su familia pasará apuros económicos, y cuando salga, tendrá 500 euros de paro. Todo lo que tenía, habrá desaparecido, puede que incluso su familia.

Así, las cárceles no solo seguirán llenas, sino que se llenarán a reventar. Y harán falta más y más prisiones (sobre todo en épocas de crisis como ésta).

Claro que olvidamos una faceta de las prisiones: el gran negocio que son para muchos: construcción, alimentación de miles de presos, más funcionarios = más presupuesto etc.…. y algunos de estos negocios son inconfesables… y no escapa a nadie su existencia. ¿Por qué un televisor de la marca SUNSTECH de 15 “( que la debe conocer el fabricante , porque no es nada conocida), cuesta en prisión 300 euros, cuando vemos todas las semanas en televisión, televisores de 15” de marca, por 150 euros? o porque la espuma de afeitar LA TOJA , ( por poner un producto comparable en la calle ) cuesta en prisión 2,40 euros, cuando cuesta en ALCAMPO 1,35 euros? Misterios insondables de la vida.

De todo esto solo hay un culpable: nosotros mismos por permitir que suceda. Callamos y otorgamos. Nuestras familias, callan y otorgan. No se unen. Cada uno “libra la guerra” por su cuenta. Y así les va.

Una vez más, creo que debemos asegurarnos de que las reglas son las mismas para todos. Si permitimos que no exista la igualdad que ampara nuestra constitución, o que como decía Orwell, “todos somos iguales, solo que algunos somos más iguales que otros” habremos roto las reglas de juego, habremos violado los principios que rigen cualquier democracia: la garantía férrea de igualdad de los hombres ante la ley. Y permitir eso es muy peligroso porque hoy puedo ser yo, pero mañana puede ser Usted. Y si no, que se lo pregunten al Sr. Ricardi, que tras 14 años de prisión, acusado por violación (no quiero imaginarme como deben haber sido esos 14 años) , se ha demostrado su inocencia más allá de toda duda, al capturarse a los verdaderos culpables. Si no aceptamos la premisa de que es mejor que haya 100 culpables en la calle, que un inocente en prisión, entonces, el próximo puede ser usted, porque no existirán las garantías legales que le protejan. Así se llenan las cárceles.

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