Así operaba la trama de empadronamientos ilegales para marroquíes en Gran Canaria: 600 euros por inmigrante, y acceso a la sanidad y a ayudas públicas

Una de las viviendas en las que se empadronaba ilegalmente en Gran Canaria. Policía Nacional

 

Carlos Rioba

julio 25, 2025

La Policía Nacional ha desarticulado en Gran Canaria una red dedicada a empadronar ilegalmente a inmigrantes, la mayoría marroquíes, con algunos que nunca habían pisado España. A cambio de 600 euros por persona, ofrecían documentos falsos para facilitar el acceso a servicios públicos y prestaciones sociales financiadas con dinero de los contribuyentes.

La operación, llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Fronteras (UCRIF II) en Las Palmas, comenzó tras una alerta del Servicio de Padrón del Ayuntamiento de Gáldar. Los funcionarios municipales detectaron una anomalía creciente: decenas de personas empadronadas en viviendas donde jamás habían residido.

Tras semanas de investigación, los agentes identificaron cuatro inmuebles en los que se habían inscrito de forma fraudulenta 39 inmigrantes, ninguno de los cuales vivía ni había vivido en esas viviendas. De hecho, la mayoría seguía residiendo en Marruecos.

Los detenidos —tres individuos afincados en la capital grancanaria— operaban con contratos de alquiler falsificados, en los que figuraban como arrendadores ciudadanos españoles sin ninguna relación con los inmuebles. El objetivo: burlar la ley y obtener empadronamientos oficiales que abren la puerta a la sanidad gratuita, a ayudas sociales y a trámites de nacionalización.

Una vez obtenida la inscripción ficticia en el padrón municipal, los beneficiarios —algunos incluso fuera del país— iniciaban procesos para conseguir la tarjeta sanitaria pública, acceso a prestaciones sociales no contributivas y solicitudes de residencia o nacionalidad, usando como base un supuesto arraigo que no existía.

La operación culminó el pasado 26 de junio con la detención de los implicados, que serán puestos a disposición de la autoridad judicial en Santa María de Guía. Se les imputan delitos de falsedad documental, pertenencia a grupo criminal y favorecimiento de la inmigración irregular.

Este caso no es aislado. Las redes que trafican con la identidad administrativa en España se han sofisticado y aprovechan la debilidad del sistema y la inacción de las autoridades migratorias. Mientras miles de españoles sufren para acceder a una vivienda o a una cita médica, mafias como esta lucran a costa del Estado de Bienestar, convirtiendo los empadronamientos en una puerta trasera a la regularización masiva.

 

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28/07/2025