Uno de cada cinco difusores de noticias falsas es un político

Casi la mitad de los investigados o sancionados por desinformación son políticos del PL, muestra un estudio de UOL. Empresarios y funcionarios también están en la lista.

09/08/2023

Por: Naomi Matsui, Gabriela Varella, UOL

Por cada cinco propagadores de noticias falsas en Brasil, uno pertenece a la clase política. El PL, partido al que está afiliado el expresidente Jair Bolsonaro, alberga a casi la mitad de los políticos identificados.

Así lo señala un estudio exclusivo realizado por UOL en los últimos cinco meses con base en las decisiones del STF (Supremo Tribunal Federal), el TSE (Tribunal Superior Electoral) y el informe final de la CPI sobre el Covid, enviado a la Corte Suprema en el período de enero de 2020 a enero de 2023. Se identificaron al menos 480 acciones e investigaciones.

Esta investigación es parte del proyecto “Mercenarios Digitales” – que busca rastrear el negocio de la desinformación en América Latina. El proyecto fue realizado en alianza con UOL, Agencia Pública, y otros 18 medios de comunicación latinoamericanos y cinco organizaciones especializadas en investigación digital, bajo el liderazgo del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Descubrimos, en los documentos consultados en el sistema de justicia, un total de 314 difusores de desinformación, de los cuales 270 eran personas físicas y 44 personas jurídicas y organismos gubernamentales. Las decisiones que involucran a tales actores incluyen sanciones que van desde la destitución del cargo, órdenes de búsqueda y captura, retirada de contenidos falsos de las redes sociales, bloqueo de cuentas y perfiles bancarios, así como desmonetización de canales de YouTube y multas.

La lista incluye a 70 políticos, 37 empresas privadas, 32 empresarios, 21 miembros o ex miembros de la administración pública, ocho empresas públicas u organismos gubernamentales, dos partidos políticos y dos grupos. También hay 142 personas, incluyendo jueces, influencers digitales y periodistas como Alexandre García, Alessandro Loiola, Rodrigo Constantino y Guilherme Fiúza.

La lista puede llegar a ser mucho más larga: el STF ya ha aceptado cargos contra 1.051 personas acusadas de autoría intelectual de los actos antidemocráticos del 8 de enero, lo que incluye haberlos instigado a través de las redes sociales. La investigación (4921) es confidencial y, por lo tanto, no es posible identificar las razones por las que cada persona está siendo investigada.

El 49% de los políticos son del PL

El Partido Liberal, que incorporó a la mayoría de los congresistas vinculados al expresidente Jair Bolsonaro, es el partido con más políticos apuntados e investigados por los dos Tribunales – con 34 de los 70 que forman parte del estudio.

Bolsonaro, por ejemplo, recibió multas de 30.000 (5.495,72 €) y 5.000 (915,7€) reales por difundir noticias falsas en internet, como la que vinculaba al presidente Lula con el PCC (Primer Comando Capital) o la que afirmaba que el jefe de esta facción criminal, Marcos Willians Camacho, Marcola, votaría por el PT.

Jair Bolsonaro también fue sancionado por el TSE, en junio de 2023. El expresidente de Brasil fue juzgado por cuestionar la fiabilidad de las urnas electrónicas sin pruebas y fue determinado que él está inelegible durante ocho años. El proceso se inició por una reunión con embajadores en el Palacio de Planalto, donde cuestionó sin pruebas la credibilidad del sistema electoral. Además, también es investigado por ataques a ministros del STF.

A sus hijos, Carlos, Eduardo y Flávio, también se les retiró el contenido. Carlos y Flávio Bolsonaro compartieron posts, por ejemplo, que afirmaban que Lula bebía alcohol antes de los actos de campaña, sin pruebas. Flávio y Eduardo también fueron multados con 30.000 reales por compartir contenidos que asociaban al presidente con las drogas y el aborto.

Además del clan Bolsonaro, también aparecen en la lista miembros del anterior Gobierno que aprovecharon la popularidad del cargo para ser elegidos diputados por el PL, como el senador y exministro Damares Alves, el exdirector general de Abin (Agencia Brasileña de Inteligencia) Alexandre Ramagem, así como otros exministros como Mário Frias, Ricardo Salles y Eduardo Pazuello. También hay antiguos aliados del expresidente: Carla Zambelli, Bia Kicis, Carlos Jordy y Filipe Barros.

Los demás políticos sancionados forman parte de los partidos Republicanos (6), PTB (5), PT (4), União Brasil (4), Podemos (3), MDB (3), Progresistas (2), Democracia Cristiana (2). Avante, Novo, PCdoB, PSB, PSD y PSC aparecen con un nombre cada uno.

Lula es el principal objetivo de la desinformación en Internet

En los últimos cuatro años, el presidente Lula ha sido el mayor foco de desinformación en las redes sociales. El petista fue atacado por 112 personas y empresas, según un estudio exclusivo de UOL, que consideró decisiones del STF (Supremo Tribunal Federal), del TSE (Tribunal Superior Electoral) y el informe final del CPI sobre Covid (2021).

El presidente recibió ataques virtuales de sitios web como Brasil Paralelo, Jovem Pan y Folha Política, así como de famosos como Milton Neves y Latino.

El cantante Latino, por ejemplo, compartió un vídeo manipulado en el que supuestamente Lula decía que los asistentes a un acto del MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo) eran “vagabundos y traficantes de drogas”. Latino también publicó en redes sociales información falsa según la cual Lula defendía la instalación de baños unisex en las escuelas como propuesta de su gobierno. Las publicaciones fueron retiradas por el TSE.

El STF y sus ministros también fueron blanco de los propagadores de noticias falsas. En total, 46 personas fueron sancionadas o están siendo investigadas por atacar al Tribunal. Alexandre de Moraes, Cármen Lucía y Edson Fachin fueron citados nominalmente como víctimas.

Uno de los castigados es Roberto Jefferson, detenido por difundir noticias falsas sobre las elecciones y contra la jueza Cármen Lucía, así como por disparar contra policías federales que cumplieron una orden de registro e incautación en el domicilio del político.

Jair Bolsonaro también fue blanco de 14 ataques virtuales. La lista de castigados por desinformar contra el expresidente incluye a Lula, a la ministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet, al diputado federal André Janones (Avante-MG) y al PT. Tebet, por ejemplo, fue obligada por el TSE a retirar un post en el que afirmaba que Jair Bolsonaro cometió el delito de pedofilia cuando dijo que “pintaba un clima” (coquetear) con niñas venezolanas. Janones, por su parte, tuvo que retirar un post en el que culpaba falsamente al PL de la suspensión del piso salarial nacional para las enfermeras.

En uno de los posts retirados, Lula afirmaba que Jair Bolsonaro reduciría el salario mínimo si fuese reelegido. El presidente llegó a calificar la propuesta de “irresponsable”. El 19 de octubre, Folha de São Paulo informó que el equipo del exministro Paulo Guedes estudiaba la desindexación del salario mínimo. La corrección por el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) del año anterior garantiza, al menos, la sustitución de la pérdida por el aumento de los precios entre las familias con ingresos de hasta cinco salarios mínimos.

La parte de la propuesta estudiada por el equipo económico de Guedes, obtenida por Folha, afirmaba que “el salario mínimo ya no está vinculado a la inflación pasada”, y habría la posibilidad de una corrección por debajo de la inflación. Tras las repercusiones negativas, el ministro negó el cambio de la corrección y calificó el caso de “fake news” y “manipulación política”.

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11/04/2024