En los Batallones de Trabajadores y en los BDST, donde las condiciones de vida y de trabajo eran tan duras que hubo muchas muertes, solo pudieron acogerse a la Redención de penas por el trabajo ―un sistema de trabajo forzado del que se beneficiaron importantes empresas privadas y que permitía al preso reducir hasta un tercio su condena y recibir una pequeña remuneración, aunque el 75 % de la misma se la quedaba la empresa en concepto de «manutención y alojamiento»―los presos que estaban condenados, ya que los que nunca lo habían sido no tenían ninguna pena que redimir. «La suya fue una retención ilegal y una arbitraria represión extrajudicial», según el historiador Borja de Riquer.
Las cárceles
Según las cifras oficiales pocos meses después de acabar la guerra civil, concretamente en enero de 1940, había en España 270.719 presos, de ellos 23.232 mujeres (cuando antes de la guerra la media de reclusos no superaba los 13.000 y la de mujeres los 500). En 1943 todavía había 125.000 encarcelados, de ellos cerca de 12.000 mujeres. Hubo que habilitar nuevos recintos pues todas las cárceles estaban a rebosar ―por ejemplo, las cárceles Modelo de Madrid, Barcelona y Valencia, pensadas para 1.000 presos llegaron a albergar entre 10.000 y 12.000 cada una―.Para aliviar la saturación de las prisiones ―y para conseguir mano de obra barata― se envió a muchos presos un mínimo de seis meses a Batallones de Trabajadores. También se concedió la libertad condicional a los reclusos que «muestren una conducta intachable y ofrezcan garantías de sincera incorporación al nuevo Estado», según una orden de junio de 1940. Así en 1945 había en este régimen más de 300.000 personas, según el Servicio de Libertad Vigilada, dependiente del Ministerio de Justicia. Sin embargo, los condenados por «rebelión militar» siguieron en prisión ―el primer indulto a estos presos no llegó hasta octubre de 1945, solo cinco meses después de la derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial―. De esta forma la cifra de presos fue disminuyendo a lo largo de la década de 1940 aunque en 1950 todavía había 30.640 reclusos, de los que dos tercios eran presos políticos ―habrá que esperar a 1960 para que la cifra empezara a normalizarse: entonces había 15.226―.
Policínica de Auxilio Social en Guipúzcoa. La organización falangista Auxilio Social colaboró en el robo de niños a las mujeres presas.
Las condiciones de vida en las prisiones eran extremas. «La masificación, la miseria, la insalubridad, el hambre, el terror, el trabajo forzado y el adoctrinamiento religioso y político fueron los rasgos distintivos de un sistema que más allá de ‘’vigilar y castigar’’, pretendía “la transformación existencial completa de los capturados y, por extensión, de sus familias”». Las mujeres detenidas y presas sufrieron formas específicas de torturas y malos tratos, que incluyeron las violaciones. Su objetivo era negarles la condición de ciudadanas que les había reconocido la República y humillarlas y anularlas por su condición femenina (lo que Irene Abad ha definido como “represión sexuada”). A estas vejaciones y malos tratos hay que añadir, como ha señalado el historiador Borja de Riquer, «el secuestro de los hijos de las encarceladas», en el que colaboró la organización falangista Auxilio Social.
La depuración de los funcionarios (y de los maestros)
La represión física fue acompañada por la represión administrativa que consistió en la «depuración» de los funcionarios «desafectos» al «Movimiento Nacional». Durante la guerra ya se habían aplicado normas de depuración como el decreto de 5 de noviembre de 1936 que ordenaba la «separación definitiva del servicio» de los funcionarios «contrarios al Movimiento Nacional» o el decreto del 10 de diciembre del mismo año que especificaba que «la depuración que hoy se persigue no sólo es punitiva, sino también preventiva». En este último decreto se mencionaba especialmente a los maestros y profesores indicando que «no se volverá a tolerar, ni menos a proteger y subvencionar, a los envenenadores del alma popular». El objetivo de la depuración era doble: por un lado privar de su trabajo a los «desafectos al régimen» como una forma de castigo ejemplar; y por otro lado, asegurar un puesto de trabajo a los vencedores y a los que mostraban una «adhesión inquebrantable» al régimen de Franco.
La ley de 10 de febrero de 1939 fue la que fijó las «normas para la depuración de los funcionarios públicos». En el preámbulo se establecía el propósito de la ley:
[Permitir] reintegrarse rápidamente a sus puestos a aquellos funcionarios que lo merecen por sus antecedentes y conducta, y, al mismo tiempo, imponer sanciones adecuadas, según los casos, a los que incumpliendo sus deberes contribuyeron a la subversión y prestaron asistencia no excusable a quienes por la violencia se apoderaron, fuera de toda norma legal, de los puestos de mando de la Administración.
En el artículo 1º de la ley se ordenaba a cada ministerio que investigaran «la conducta seguida, en relación con el Movimiento Nacional, por los funcionarios públicos que de él dependan» y que procediera «a imponer las sanciones de carácter administrativo que correspondan al comportamiento de tales funcionarios y que convengan al buen servicio del Estado».
El procedimiento de depuración partía de las respuestas del funcionario a un cuestionario en el que se le preguntaba sobre sus actividades políticas y sindicales anteriores y posteriores al 18 de julio de 1936. Para confirmar la veracidad de las respuestas el juez recababa informes de la policía, de la Guardia Civil, de Falange, del SIPM e incluso de los curas párrocos. Si el juez encontraba indicios de culpabilidad incoaba un expediente y suspendía temporalmente de empleo y sueldo al funcionario. Finalmente un tribunal determinaba si el funcionario era readmitido sin castigo o se le imponía una sanción que podía llegar hasta la separación definitiva del servicio, dándosele de baja en la función pública. La sanción tenía que ser confirmada por la máxima autoridad competente ―como el gobernador civil de cada provincia― que en bastantes ocasiones devolvía el expediente para que le fuera aplicada al funcionario una sanción más dura. En el caso de los 15.000 funcionarios de la suprimida Generalitat de Cataluña no se les reconoció como tales por lo que perdieron sus empleos directamente sin pasar por el proceso depurador. Especialmente contundente fue la depuración del cuerpo de Correos y Telégrafos: el 35 % de los 13.000 trabajadores fueron sancionados ―2.637 expulsados y 1.413 trasladados de provincia―. Algo más leve fue la depuración de la administración de justicia: fueron sancionados el 14 % de los jueces y el 22 % de los fiscales, la mitad de ellos expulsados de la carrera judicial. Algo parecido ocurrió con el cuerpo diplomático: un 26 % fue sancionado, la mitad con la expulsión. Por otro lado, los funcionarios jubilados tuvieron que hacer una declaración jurada, avalada por alguna autoridad, de que no habían apoyado la «causa marxista» para seguir cobrando la pensión.
Resolución de la Junta Técnica del Estado del expediente de José Ramón Fernández Ojea, Inspector de primera enseñanza de Lugo, por el que se acuerda «suspender de empleo y sueldo durante el plazo de tres meses a don José Ramón Fernández Ojea, inhabilitarle para el desempeño de cargos directivos y de confianza e instituciones culturales y de enseñanza, y trasladarle a la plantilla de la inspección de Cáceres donde se incorporará transcurridos los tres meses de suspensión de empleo y sueldo. Burgos, 25 de mayo de 1937»
Especialmente dura y exhaustiva fue la depuración de los maestros y profesores, que ya había empezado durante la guerra civil ―se pidió a los alcaldes que informaran sobre la «conducta político-social y educación moral» de los maestros de su localidad―.En el cuerpo de maestros nacionales se abrieron más de 60.000 expedientes de los que un 26 % acabaron con algún tipo de sanción ―unos 6.000 maestros perdieron su empleo, otros 6.000 sufrieron sanciones temporales o de otro tipo (como la jubilación forzosa o la postergación en el escalafón) y otros 6.000 sufrieron traslados forzosos―.Como ha señalado Borja de Riquer, «la depuración del magisterio pretendió no sólo contrarrestar los cambios introducidos en la vida educativa durante la etapa republicana, sino que respondía al interés por crear una escuela totalmente sometida al régimen franquista y a la Iglesia católica». En una norma del Ministerio de Educación se decía: «El Estado católico ‘exige’ que el maestro enseñe la religión del Estado; el maestro que no crea en ella, debe dejar de ser maestro».
En cuanto al profesorado de Enseñanza Media fue sancionado un porcentaje similar al de los maestros, un 24 % ―en el caso de los catedráticos el porcentaje fue mayor, el 32 %―.Los profesores de Universidad también sufrieron una dura y masiva depuración con la finalidad, según el ministro de Educación Nacional José Ibáñez Martin, de conseguir «la recristianización y la renacionalización» de la universidad española. De los alrededor de 580 catedráticos 150 fueron expulsados, 96 se exiliaron ―junto con otros cien profesores― y 20 fueron ejecutados, entre ellos los rectores de las universidades de Oviedo, Granada y Valencia. «La cruel y masiva purga de la universidad española no sólo significó una clara ruptura con la tradición liberal y reformista, que comportó una notable involución ideológica, sino también un considerable retroceso en términos exclusivamente científicos», explica el historiador Borja de Riquer.
Todos los puestos que quedaron vacantes en los organismos públicos fueron ocupados por excombatientes, excautivos y familiares de «Caídos» del bando vencedor. Un decreto-ley de 25 de agosto de 1939 les reservaba el 80 % de las plazas que se convocaran. Esta norma también se intentó aplicar a las empresas privadas.
Las depuraciones de profesionales y de trabajadores
Fuera de la Administración, determinadas profesiones como los abogados y los médicos también fueron objeto de depuraciones ―los exiliados y procesados fueron dados de baja automáticamente de sus respectivos colegios profesionales―. Una de las más afectadas fueron los periodistas cuya depuración ya había empezado en plena guerra al crearse en diciembre de 1937 un tribunal de admisión en la Asociación de la Prensa, presidido por Luis Martínez de Galinsoga. El 2 de abril de 1939, al día siguiente del final oficial de la guerra, se creó el Registro Oficial de Periodistas, que estuvo vigente hasta 1966. Había que estar inscrito en ese registro para poder ejercer la profesión, pero a cerca de la mitad de los que lo solicitaron ―1.800 de 4.000― les fue denegada por lo que no pudieron trabajar de forma estable en ningún periódico ni en ninguna emisora de radio. En 1940 se organizaron unos cursillos obligatorios para todos los que quisieran ser periodistas que dieron paso a la creación al año siguiente de la Escuela Oficial de Periodismo, dependiente de la Vicesecretaría de Educación Popular. Si no se obtenía el título en dicha escuela no se podía ejercer la profesión periodística.
Las empresas privadas también llevaron a cabo procesos de depuración de sus empleados, lo que sus dueños aprovecharon para despedir a los más combativos y a los que habían participado en los comités sindicales y en las milicias obreras durante la guerra. Se llegaron a elaborar listas negras de trabajadores izquierdistas o conflictivos.
La represión económica
La represión sobre las personas se completó con el proceso de confiscación de sus bienes, incluidos los de las organizaciones y entidades vinculadas al bando republicano. Durante la guerra ya había funcionado la Comisión Central Administradora de Bienes Incautados de la que dependían unas «Juntas de incautaciones», que abrían expedientes de expropiación a los que se habían opuesto al Movimiento Nacional. También se creó la «Delegación para recuperar, clasificar y custodiar la documentación procedente de personas y entidades del bando republicano», que después se transformó en el Servicio de Recuperación Documental, dirigido por Marcelino Ulibarri Eguilaz, cuya finalidad fue proporcionar información de los acusados que juzgaban a los tribunales especiales y a los consejos de guerra. Al final de la guerra se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas una de cuyas sanciones eran las multas, a veces muy cuantiosas, y la confiscación de los bienes de los condenados. A esta ley se le sumó otra de septiembre de 1939 denominada de «Incautación de Bienes de los Antiguos Sindicatos Marxistas y Anarquistas» que establecía que todo el patrimonio (edificios, locales, periódicos, cuentas corrientes, mobiliario, etc.) de las organizaciones y entidades «desafectas al Movimiento Nacional» pasarían a ser propiedad del partido único FET y de las JONS. Las instalaciones y las rotativas de los periódicos incautados pasaron a formar parte de la Prensa del Movimiento y los locales y edificios se convirtieron en sedes de las instituciones franquistas y de la Central Nacional Sindicalista (CNS). Por otro lado, les fueron devueltas a sus antiguos propietarios las fincas requisadas y ocupadas durante la guerra por las colectividades campesinas.
La represión de las culturas y las lenguas no castellanas
Otro de los objetivos de la represión franquista fueron la lengua y la cultura propias de las nacionalidades históricas ―cuyos estatutos de autonomía fueron derogados―, fundamento de los nacionalismos catalán, vasco y gallego que, según los sublevados, formaban parte de la «Anti-España». Ya en plena guerra el Generalísimo Franco había afirmado que en la nueva España totalitaria habría «una unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española». Fue una política que algunos han calificado como un intento de «genocidio cultural».
En Galicia, que cayó enseguida en poder de los insurrectos, fueron liquidados los partidos y las entidades galleguistas ―muchos de sus miembros fueron fusilados, encarcelados o depurados― y prohibidas todas las manifestaciones de la lengua y la cultura gallegas ―solo se admitió el uso del gallego en el ámbito privado, y en el público solo cuando se tratara de temáticas religiosas, costumbristas o folklóricas―.
En el País Vasco, la represión fue aún más dura con el fin de «extirpar un cáncer de nuestro cuerpo nacional». Tras la conquista de Bilbao en junio de 1937, su primer alcalde franquista, José María de Areilza, había proclamado: «Vizcaya es otra vez un trozo de España por pura y simple conquista militar». La lengua y la cultura vascas fueron prohibidas en la vida pública y solo pervivieron en el ámbito privado y en algunos reducidos ámbitos eclesiásticos.
Visita de Franco a Reus (1940).
En Cataluña, en contra de algunas posiciones más moderadas, se impuso la línea dura que pretendía la «españolización eficaz de Cataluña»: se suprimieron las entidades catalanistas ―se llegó a ejecutar a personas solo por haber colaborado con publicaciones catalanistas, como Carles Rahola Llorens y Domènec Latorre―, se prohibió el uso público del catalán ―«Habla el idioma del Imperio», se decía; una consigna que se había utilizado por primera vez en Mallorca ― y se persiguió cualquier manifestación pública de la cultura catalana ―el catalán fue permitido en el ámbito privado: «vuestro lenguaje, en el uso privado y familiar, no será perseguido», se dijo en un bando nada más «liberar» Barcelona a finales de enero de 1939―. Así lo justificaba Ramón Serrano Suñer: «Hemos hecho la guerra para la unificación de España». Además se retiraron de la vía pública todos los monumentos «catalanistas» y se procedió a la castellanización de la toponimia y de los nombres de los establecimientos comerciales y de las empresas.
La región valenciana y las Islas Baleares también padecieron la represión de su lengua y cultura propias ―con la consiguiente diglosia― y la de sus incipientes nacionalismos (valencianismo y mallorquinismo), sustituido en el caso valenciano por un «regionalismo costumbrista y folklórico» patrocinado por entidades como Lo Rat Penat.
Sin embargo, como ha señalado Borja de Riquer, «el régimen franquista no logró anular por completo los sentimientos propios de catalanes, vascos y gallegos. Ni consiguió que la mayoría de la población dejara de hablar en ámbitos privados su propia lengua. […] A medio plazo, la agresiva política represora del régimen acabó por provocar el efecto contrario al deseado: una fuerte reacción cultural en la década de 1960, que incluso provocó una radicalización ideológica y política, tanto en el caso vasco como en el catalán».
Medidas de control de la población y de sus movimientos
Certificado de la Delegación de Valencia de FET y de las JONS. «CERTIFICO que consultados los antecedentes existentes en los archivos de esta delegación… el referenciado es persona de buena conducta pública, moral y privada, no se le conocen actividades políticas de ninguna clase, estando considerado como afecto al Régimen Nacional. 21 de junio de 1954″
La represión fue acompañada de medidas de control de la población y de sus movimientos, como la necesidad de presentar avales de alguna autoridad civil o religiosa para poder realizar muchas actividades y certificados de buena conducta y de adhesión al Movimiento para ocupar todo tipo de cargos e incluso para cobrar la pensión. El partido único FET y de las JONS elaboró miles de fichas de personas en las que se las clasificaba como «adictas» o «desafectas». Toda la correspondencia fue censurada en los dos primeros años de la posguerra y de forma aleatoria hasta 1948, año en que fue suprimida la censura postal. También en los primeros años de la década de 1940 se requería un salvoconducto para viajar de una localidad a otra.
Segundo franquismo (1959-1975)
Durante este periodo se produjo un cambio en la oposición al franquismo que dejó de estar protagonizada por las organizaciones políticas clandestinas para pasar a serlo por los movimientos sociales, como el movimiento obrero ―columna vertebral de la oposición, y por tanto el más represaliado y el que más sufrió la violencia gubernativa―, el movimiento estudiantil, el movimiento vecinal, etc., «cuyos activistas actuaban ―en la medida de lo posible― públicamente, forzando los límites de la legalidad y esgrimiendo reivindicaciones concretas que podían conectar con una amplia parte de la población. A raíz de este cambio se produjo también la aparición de nuevos perfiles de detenidos, con obreros y estudiantes a la cabeza, pero también los acompañarían profesionales liberales, intelectuales y sacerdotes de base». De hecho a partir de la década de 1960 se produjo una cierta tolerancia hacia la actividad de los partidos y grupos de oposición considerados moderados, como los monárquicos. Sin embargo se produjo un recrudecimiento de la represión a partir del nombramiento en 1969 del almirante Luis Carrero Blanco como vicepresidente del gobierno ―y presidente del gobierno ‘’de facto’’.
Protesta en París en 1963 contra los asesinatos de Julián Grimau, Manuel Moreno Barranco, Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez.
Ante el cambio experimentado por la oposición antifranquista la represión franquista no fue tan extremadamente eficaz como lo había sido hasta mediados de la década de 1960, aunque la dictadura franquista nunca llegó a correr verdadero riesgo de ser derribada porque la oposición nunca consiguió el apoyo social suficiente para conseguirlo, debido en gran medida al carácter brutal y persistente de la represión. Los puntos culminantes de esta segunda etapa de la represión franquista estuvieron marcados por ejecuciones, como las de Julián Grimau, Joaquín Delgado Martínez y Francisco Granados Gata en 1963, la de Salvador Puig Antich en 1974 y finalmente las cinco ejecuciones de militantes de ETA y del FRAP de septiembre de 1975, solo dos meses antes de la muerte del dictador Franco.
