Iberboard Mill, que cesó su actividad el año pasado y actualmente se encuentra en proceso de liquidación, ha recibido varias multas por contaminación y vertidos irregulares.
Una montaña de residuos inunda las instalaciones de la papelera Iberboard Mill.Cedida.
Judit Castaño
Barcelona-02/05/2025
Desde hace años, una montaña de residuos inunda las instalaciones de la papelera Iberboard Mill, ubicada en el término municipal de Alcover (Alt Camp), en el entorno natural del río Francolí −a los pies de las Montañas de Prades−y a tocar de la Entidad Municipal Descentralizada (EMD) de Picamoixons, que pertenece a Valls. Una montaña que se ha hecho más grande con el paso de los años y que es muy visible desde la carretera C-14 (dirección Tarragona), a la altura de Picamoixons.
Iberboard Mill, la antigua Abelán Catalana, se declaró insolvente el verano pasado y cesó su actividad definitivamente en noviembre. Actualmente, se encuentra en proceso de liquidación. La empresa despidió a todos los trabajadores y cerró sus puertas, pero los residuos que ha generado a lo largo de los años se han quedado. A las entidades ecologistas les preocupa que los materiales tóxicos que contienen los restos de papel y cartón puedan contaminar las aguas freáticas y perjudicar el entorno natural del río Francolí, que desemboca en la ciudad de Tarragona, y las viviendas de su alrededor. «Es un peligro y un desastre medioambiental«, alerta Sisco Garcia, miembro de la plataforma ecologista Francolí Net y la Jinete.
Entidades ecologistas del territorio −el Gepec, la Geneta, Francolí Net, Xarxa Sud y la Plataforma Territori Sostenible del Camp− denunciaron hace unas semanas en el Parlament el abandono de más de 15.000 toneladas de residuos tóxicos en la planta de Iberdoard de Alcover, algunos catalogados con el distintivo LER150110, que indica que pueden contener restos de materiales altamente contaminantes, según los ecologistas. «Lo más urgente ahora mismo es retirar estos residuos con un tratamiento adecuado. Esperamos que el Govern responda», comenta Garcia.
Varias sanciones graves
Las entidades ecologistas hace diez años que denuncian la situación causada por la mala praxis de Iberboard Mill en cuanto a la gestión de los residuos, además de los problemas de ruidos y olores que ha provocado su actividad. En los últimos años, la empresa ha recibido varias multas por parte de la Agencia Catalana de Residuos y la Agencia Catalana del Agua.
Una situación que también hace años que denuncia la CUP de Alcover, que en 2020 interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que dio lugar a un procedimiento penal en el cual la formación se personó como parte interesada. Un procedimiento judicial todavía pendiente de resolver. En este sentido, los anticapitalistas lamentan «una respuesta judicial muy lenta e ineficaz»: «Tan lenta que la empresa ha acabado cerrando, despidiendo a los trabajadores y dejando allá los residuos acumulados durante años».
Los informes a los cuales ha tenido acceso Público muestran que el Departament de Acció Climàtica empezó a hacer inspecciones anuales a la empresa en 2018 para alertar de la acumulación de residuos y de que algunos de estos podían ser «peligrosos». Cabe destacar que fue en 2018 cuando Iberboard Mill, participada por Scranton, un holding vinculado a los accionistas de Grifols, adquirió la papelera alcoverenca. Hasta entonces había sido propiedad del fondo de inversión PHI, y previamente de la división europea de la firma americana Newark (hasta el 2012).
Según ha podido comprobar Público, la Agencia Catalana de Residuos abrió varios expedientes sancionadores a la empresa. En 2019 la multó con 6.000 euros por acumulación de residuos y en 2020 con 20.000 euros por «realizar una incorrecta gestión de residuos de papel y plástico al abocarlos por parte del perímetro de sus instalaciones en vez de gestionarlos». Unas sanciones, denuncia la CUP de Alcover, «irrisorias» para una empresa de esta magnitud. Además, hay que tener en cuenta que la empresa las pagó por adelantado, cosa que les permite obtener un 40% de descuento en el importe total.
En 2023, el Departament de Acció Climàtica abrió dos nuevos expedientes a Iberboard: uno por no haber solucionado el almacenamiento de los residuos y otro tras de detectar «líquidos peligrosos que se disponen sin sistema de recogida de los posibles derrames y por un tiempo superior a los seis meses».
Por su parte, la Agencia Catalana del Agua (ACA) también presentó diferentes denuncias contra Iberboard. Además, en 2020 tramitó un expediente por requisito de descontaminación de las aguas subterráneas del subsuelo de las instalaciones de la empresa.
Paralelamente, más allá de los residuos acumulados, la sanción más importante que ha recibido la papelera tiene que ver con los gases de efecto invernadero. En la inspección ambiental efectuada en 2022, los técnicos concluyeron que «no se garantiza un cumplimiento adecuado» de la normativa. En el informe consta que se tramitó un expediente sancionador a Iberboard por una infracción administrativa «muy grave», al no haber pagado por los excedentes de derechos de emisión de CO₂. El importe de la multa impuesta es de medio millón de euros y todavía no se ha pagado. La empresa interpuso un recurso contencioso-administrativo y el TSJC dictó interlocutoria, «por la cual quedó suspendida la ejecutividad del acto impugnado, previo depósito de fianza por el importe total de la sanción».
Más de un millón de euros para retirar los residuos
A raíz de la denuncia de la CUP de Alcover, en 2021 la Guardia Civil, a través del Seprona, inició una investigación a Iberboard. En el informe, al cual ha tenido acceso Público, se concluye que el almacenamiento de los residuos es «incorrecto» y que «no se adecua a la normativa». Entonces, en 2021, su retirada tenía un coste de un millón de euros, según la investigación. «Ahora hay más residuos que hace cuatro años, por lo tanto, el coste es superior», apuntan fuentes de la CUP. La evolución de la montaña de residuos se puede ver en el siguiente hilo de X (antes Twitter) que recoge el perfil de Francolí Net.
La investigación también concluye que esta montaña de residuos al aire libre está expuesta a las inclemencias meteorológicas, «contaminando el entorno con trozos de papel, cartón y plásticos» y «produciendo derrames de lixiviados (el líquido que se genera por la degradación de los residuos sólidos)». Además, apunta que «los muros que delimitan la empresa no presentan la capacidad constructiva de impermeabilidad suficiente […]». A pesar de todo, sentencia «que no hay ninguna evidencia de que se hayan producido episodios agudos de contaminación de gravedad para la salud de las personas y la naturaleza».
¿Cuándo y quién retirará los residuos?
La pregunta que se hacen ahora las entidades ecologistas, los ayuntamientos y los vecinos de la zona es cuándo y quién retirará los residuos. Todos coinciden en que su retirada es «urgente» y las entidades ecologistas destacan «la peligrosidad de los productos contaminantes que hay». «Tenemos que exigir responsabilidades a la empresa, pero también a la Administración, que durante años ha permitido la acumulación de estos residuos», apunta Garcia. La CUP de Alcover lamenta que ha fallado todo el sistema: «La empresa decidió dejar de gestionar los residuos, y la Administración y la Justicia lo permitieron».
Por su parte, el Ayuntamiento de Alcover quiere que los residuos «se marchen lo antes posible»: «No podemos continuar esperando más tiempo. Si la administración concursal o la actividad no elimina los restos, tendrá que ser la Administración quien actúe de manera subsidiaria, que en este caso es la Agencia Catalana de Residuos», indica Robert Figueras, alcalde de Alcover, que celebra que la Generalitat esté dispuesta a intervenir si no lo hace la empresa. De hecho, en los últimos meses se han celebrado varias reuniones a cuatro bandas para abordar la situación.
En cuanto al coste de retirar todos estos residuos, que sería de un millón y medio de euros aproximadamente y en función del gestor de residuos, Figueras comenta que, si finalmente se hace cargo la Administración, será esta la que después «buscará la forma de hacer repercutir los costes de la eliminación de los residuos a los responsables».
Figueras señala que, si la administración concursal se hace cargo de retirar los residuos, estos tendrían que estar fuera como máximo en «medio año». Si no es el caso, se iniciarían una serie de «procedimientos administrativos» para que subsidiariamente lo retirara la Agencia Catalana de Residuos. El Ayuntamiento de Alcover recuerda que como consistorio solo tiene competencia sancionadora por contaminación lumínica, acústica y de olores; la competencia sancionadora por contaminación ambiental es de la Generalitat.
6/05/2025
