–Usted tuvo claro desde el principio que varias de las medidas tomadas al amparo del estado de alarma eran ilegales y todo indica que van a darle la razón…
-Si hay algo que los juristas hemos aprendido con la pandemia es que nuestro ordenamiento jurídico es bastante deficiente y necesita una reforma profunda del Código Penal, de la Ley Orgánica 4/1981 -que regula los estados de alarma, excepción y sitio- y de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Y no con el objetivo de que el gobierno de turno pueda limitar o suspender los derechos y libertades de los ciudadanos en situaciones como ésta sino para protegernos de los abusos de las autoridades, perpetrados esta vez con la excusa de una crisis sanitaria.
A mi juicio algunas de las medidas acordadas en virtud del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo y del Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre exceden el ámbito legal previsto en el artículo 11 a) de la Ley Orgánica 4/1981 que regula las medidas durante el estado de alarma por lo que, en realidad, hemos estado en una especie de «estado de excepción encubierto».
Por otro lado, una cuestión jurídica que parece haber pasado inadvertida es que muchas medidas sanitarias acordadas por las comunidades autónomas que vulneran derechos fundamentales se basan en meros protocolos de actuación y no en leyes aprobadas siguiendo el cauce correspondiente. Protocolos que al no constituir acto administrativo no pueden ser impugnados en un juzgado por lo que la inseguridad jurídica para el ciudadano es total. Es el caso de los protocolos para enfermos y embarazadas en hospitales, el aislamiento domiciliario de un positivo a la PCR y la exigencia de hacerse una PCR semanal para poder acudir al centro de trabajo.
–Usted afirma en su escrito que las medidas adoptadas por las autoridades obedecen a un plan perfectamente diseñado cuya intención ha sido hacer daño a grandes grupos humanos. ¿Ha podido documentarlo?
-La existencia de un plan de ataque perfectamente organizado contra la población civil se desprende principalmente de la vinculación económica que existe entre los distintos entes públicos y privados que han sido denunciados ante la Corte Penal Internacional. Está más que probado por ejemplo que la Fundación Bill & Melinda Gates es uno de los mayores donantes de la OMS -pieza clave en el plan- y que además financia siete proyectos de «vacunas Covid»; entre ellas las de Moderna y AstraZeneca. Asimismo financia el Centro Johns Hopkins, el Centro ISGlobal de Barcelona -cuyo director forma parte por cierto del «comité de expertos» del gobierno español- y la Alianza GAVI, a la que el propio gobierno de Pedro Sánchez ha donado ¡125 millones de euros!
–Hemos comprobado que usted también cita en su escrito algo que llevamos denunciando en la revista desde el principio: que no hay pruebas de que se haya aislado el denominado SARS-CoV-2 y, por tanto, de que realmente exista.
-Efectivamente. No hay ninguna evidencia científica constatada de que el SARS-CoV-2 haya sido aislado mediante cultivo celular y todo indica pues que el genoma que se dio a conocer es una creación artificial. Y si ese coronavirus no existe es obvio que la denominada Covid-19 no es más que una operación psicológica cuyo objetivo es acelerar la implantación de la Agenda 2030 y el Gran Reinicio político, económico y social que promueve desde hace años el Foro Económico Mundial. Lo que se pretende es instaurar una dictadura eco-fascista global siendo uno de sus máximos objetivos reducir la población mundial.
–También denuncia usted que la OMS instara a los estados al principio de esta farsa a que no se hicieran autopsias a los fallecidos…
-Es que no tiene sentido alguno que ante un supuesto nuevo virus o una nueva enfermedad se desaconsejaran las autopsias y, siendo una presunta enfermedad respiratoria, las biopsias pulmonares. Y el hecho de que sigan sin hacerse sólo puede tener como finalidad el ocultamiento de la verdad y la prolongación de la falsa pandemia. Si no hubiera sido porque los médicos italianos desobedecieron los protocolos de la OMS, hicieron autopsias y descubrieron que los muertos tenían trombos en los pulmones y los respiradores llevaban en realidad a la muerte a los enfermos ¡los propios tratamientos médicos que se aplicaban entonces habrían causado una enorme mortandad! Mucho mayor aún de la que ha habido.
–¿Qué opina del papel que han jugado -y juegan- la OMS y China?
-Tanto la OMS -con su director Tedros Adhanom Ghebreyesus a la cabeza- como China han sido cooperadores necesarios de esta falsa pandemia. La conexión entre él y el partido comunista chino -sin cuyo aval nunca hubiera llegado a dirigir la OMS- es evidente y tarde o temprano saldrá a la luz. Y lo mismo digo del Dr. Anthony Fauci.
–En su denuncia relaciona usted también la entrega de fondos europeos con los altos índices de «casos de» y «muertes por».
-No es un secreto que tanto a nivel europeo como nacional el reparto de dinero del llamado Fondo
COVID se hizo en función de los positivos a la PCR y de los ingresos hospitalarios. En España esos requisitos los estableció la Orden HAC/667/2020, de 17 de julio determinando la cuantía prevista en la letra a) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio que reguló el Fondo COVID. Ahí se estableció que el reparto del dinero se haría en cuatro «tramos» o entregas. Uno de 6.000 millones primero y otro de 3.000 después atendiendo al número de ingresos en UCI, el número de pacientes hospitalizados, las PCR realizadas y la población vacunada. El tercero (2.000 millones) se transferirá en septiembre -cuando comienza el curso escolar- yendo el 80% al grupo de niños y adolescentes de 0 a 16 años y el 20% al de adolescentes y jóvenes de 17 a 24. La cuarta entrega (5.000 millones) se repartirá en diciembre a las comunidades autónomas de régimen común para compensar sus menores ingresos ante la reducción de la actividad económica, 800 millones de los cuales se distribuirán según el impacto en el transporte público.
Se entiende fácilmente pues por qué todos los hospitales tenían tanto interés en comunicar supuestos «enfermos» e «internados por». Cuanto más «casos» comunicaban más dinero les daba el gobierno. ¡Cómo no iba a desaparecer la gripe de un plumazo! Todos ellos pasaron a ser <<casos Covid>>.
–Nos consta que se han realizado cambios para ajustar la legislación europea a las pretensiones de quienes han montado esta farsa; como la nueva directiva sobre los organismos genéticamente modificados. ¿Cree que se avecinan más cambios?
-No creo porque con los cambios legislativos llevados a cabo ya han conseguido su principal objetivo: poner en el mercado en tiempo récord fármacos experimentales obviando las fases de ensayos clínicos propios de todo proceso de elaboración de una vacuna; tiempo que puede llegar hasta los 10 años. Es más, han conseguido algo insólito: ¡impunidad legal! Es increíble.
–En su escrito enumeran ustedes los códigos, acuerdos y normativas de ética médica firmados en el ámbito europeo que han sido conculcados. ¿Cree que se atreverán a derogarlos o modificarlos?
-No lo creo porque los códigos, acuerdos y normativas sobre la ética médica no son vinculantes desde un punto de vista jurídico; su incumplimiento no deriva en responsabilidad penal. De hecho lo que urge es un cambio legislativo a nivel internacional que proteja los derechos de las personas frente a los experimentos de la industria farmacéutica. Unas normas cuyo incumplimiento conlleve penas severas.
–Ustedes piden en su demanda que se investigue por corrupción a Stella Kyriakides -Alto Comisionado para asuntos de salud de la Unión Europea- y a Emer Cooke -directora ejecutiva de la Agencia Europea de! Medicamento (EMA)-. ¿Por qué?
-El currículum de Emer Cooke ha sido prácticamente borrado de Internet para intentar ocultar su vinculación laboral con el mundo de la industria farmacéutica y los organismos internacionales de salud. La Agencia Europea del Medicamento (EMA) es el órgano encargado de autorizar la comercialización de las vacunas en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es muy llamativo que Cooke, nombrada en 2016 Jefa de Regulación de Medicamentos y otras Tecnologías Sanitarias de la OMS, pasara a ser designada en noviembre de 2020 Directora Ejecutiva de la EMA y al tiempo asumiera el cargo de presidenta de la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA) y que ¡en menos de 15 días! autorizara la comercialización temporal de la vacuna de Pfizer.
Y eso mientras circulaba en el ámbito sanitario el rumor de que las grandes empresas farmacéuticas estaban dando dinero en metálico a altos cargos de diversas instituciones sanitarias europeas. Rumor que pronto adquiriría visos de realidad al informar varios medios de comunicación que Stella Kyriakides, Alto Comisionado de la Unión Europea para la Salud, había ingresado en la cuenta personal que comparte con su esposo ¡4 millones de euros!
–En su escrito se denuncian también los efectos adversos y fallecimientos provocados por las vacunas. ¿De dónde obtuvieron esos datos?
-De Eudravigilance, organismo perteneciente a la Agencia Europea del Medicamento encargado de recibir los informes de los eventos adversos graves y muertes que se sospecha provocan los medicamentos. Pues bien, según ese organismo a 17 de abril de 2021 las cuatro «vacunas» experimentales que se utilizan en Europa contra la Covid-19 habían provocado ya 330.218 efectos adversos y 7.766 fallecimientos. En el caso de Moderna 15.979 eventos adversos y 2.094 muertes, en el de Pfizer/BioNTech 144.607 reacciones adversas y 4.293 muertes, en el de AstraZeneca 169.386 eventos adversos y 1.360 muertes y en el de Janssen -que llevaba muy poco tiempo de utilización- 246 eventos adversos y 19 muertes.
–Hemos visto que también ha denunciado la aprobación del certificado digital europeo, del «pasaporte sanitario» que se supone se creó para «facilitar” los movimientos en la Unión Europea cuando lo que va a hacer claramente es restringirlos…
-Cierto. Y de hecho cada vez tiene más detractores. Solo que no es una medida «europea» porque de hecho lo promueve el Foro Económico Mundial que está «presionando» a distintas instituciones internacionales para que sea universal. Su función real es la de tener el mayor control posible de la población. Pues bien, imponerlo violaría la normativa europea de protección de datos y además se produciría una clara vulneración de derechos fundamentales como -entre otros- los de la libertad de movimiento y el derecho a no ser discriminado ni coaccionado. Esa medida es más propia de los regímenes totalitarios y su paralización debería ser inmediata.
–Denuncian ustedes hasta el problema de la censura, la manipulación de los medios de comunicación y las amenazas y sanciones a los profesionales que se atreven a decir la verdad o, simplemente, a pedir explicaciones…
-Sí. La censura y la desinformación en tiempos de la falsa pandemia fue uno de los puntos claves que se debatieron en el simulacro denominado Evento 201 en el que se dijo -y cito literalmente- lo siguiente: «Los gobiernos y el sector privado deberían asignar mayor prioridad al desarrollo de métodos para combatir la información errónea y la desinformación antes de la próxima respuesta pandémica». Pues bien, todos hemos sido testigos de cómo numerosos gobiernos, las grandes tecnológicas y muchos medios de comunicación se aliaron desde el principio pero no precisamente para facilitar información veraz a los ciudadanos sino para desinformar, combatir y censurar cualquier opinión contraria a la versión oficial. Las empresas de verificación de bulos, financiadas o dependientes de las entidades públicas y privadas, han sido creadas con la única finalidad de desacreditar cualquier información que cuestione la falsa pandemia o las medidas sanitarias acordadas durante la misma. Hemos visto cómo todos los grandes medios de comunicación, de manera unánime, han mantenido sin fisuras la versión oficial a pesar de que hace aguas por todos lados. Y cómo a los médicos, biólogos y expertos que no comulgan con el relato oficial no se les da voz en los grandes medios de comunicación. Han quedado relegados a difundir sus mensajes en redes sociales sometidas igualmente a una censura brutal por parte de las Bio Tech.
–Permítanos una última pregunta: ¿tiene previstas nuevas acciones?
-Sí. Estamos preparando una iniciativa legal para poner en su sitio a los colegios médicos. Sin su complicidad no se hubiera podido llevar a cabo toda esta farsa. Somos varios abogados y queremos actuar en toda España. De hecho su silencio cómplice es delictivo. Es inaudito que no hayan protestado ante el hecho de que se estén inoculando masivamente vacunas experimentales, que se esté haciendo sin la preceptiva receta médica y que no se cumplan las normas sobre el consentimiento informado por escrito. La gente se está vacunando sin saber ni lo que puede pasarle por hacerlo ni si tienen siquiera eficacia. Están incurriendo en graves responsabilidades civiles y penales.
Jesús García Blanca
Fuente; Revista Discovery Salud. Número 251 – Septiembre 2021
12/04/2022
