Canarias ‘pasa olímpicamente’ del amianto
Mientras que desde la ciudadanía se suman cada vez más denuncias reclamando información y actuaciones, la Federación ecologista manifiesta que la desidia sigue siendo la tónica en la aproximación de las instituciones canarias al tema del amianto.
Ya faltan menos de ocho años a la fecha límite que la Unión Europea ha impuesto para la retirada total del amianto, pero este mineral altamente cancerígeno sigue estando omnipresente en Canarias, a pesar de estar prohibido desde hace casi veinte años: se trata de la gravosa herencia dejada por décadas de construcción barata y por la presión comercial de una marca, Uralita, cuyo fibrocemento basado en amianto se identifica popularmente con este material, que todavía abunda en edificios públicos y privados, techados, depósitos de agua y tuberías.
El tratamiento del fibrocemento de amianto resulta a menudo costoso porque tiene que ser realizado por empresas especializadas, si se quiere evitar que el mismo desamiantado se vuelva una amenaza para la salud de las personas; asimismo, la gestión de los residuos, altamente nocivos, constituye otro quebradero de cabeza, lo que con frecuencia se traduce en vertidos ilegales más peligrosos y contaminantes aún, si cabe.
El grupo lagunero de Ecologistas en Acción de Tenerife empezó a trabajar el tema con el Ayuntamiento hace un año y medio. «Contactamos con el área de Medioambiente a raíz de múltiples vertidos callejeros:
Detectamos placas abandonadas en una zona de gran valor agrícola y natural como es el Valle de Las Mercedes, donde además suelen pasearse o hacer deporte muchas personas, sobre todo familias, en virtud del tráfico escaso», declara la activista Eliana Cabrera: «El problema concreto, en efecto, no llegó a solucionarse a lo largo de meses: aun así, hubo cierto interés y pudimos entablar un diálogo para aportar propuestas». A partir de ese momento, sin embargo, el colectivo ecologista detectó un desinterés creciente de parte de la Administración: «Se dejaron caer todos los proyectos de mapeo o censo, así como el desamiantado de los edificios públicos, por lo menos los colegios», comenta Cabrera. En agosto, el área de Urbanismo del Ayuntamiento lagunero dio licencia para derribar el antiguo edificio de las cocheras, en una parcela ya objeto de polémicas por su recalificación cuando pertenecía a la familia Oramas: «Se quitó un techado de fibrocemento de más de dos mil metros cuadrados, pero no hay información sobre las medidas de seguridad adoptadas ni sobre el destino de todo ese material: en otoño publicamos una nota de prensa solicitando respuestas que nunca han llegado», explica Cabrera. Gracias a un convenio, el Ayuntamiento se quedará con oficinas y aparcamientos en el nuevo edificio, por lo que el grupo ecologista considera que sería oportuna una mayor asunción de responsabilidad. Actualmente, consta en prensa que se está moviendo Uralita también en las obras para el nuevo tanatorio en la icónica plaza del Cristo, sin que desde las instituciones llegue a la población ningún tipo de aviso oficial.
A escasos kilómetros de distancia, era suficiente traspasar el linde municipal para observar una actitud muy diferente por el municipio capitalino de Santa Cruz de Tenerife, cuando en febrero de 2020 impuso a los propietarios de un inmueble cercano al Pico del Inglés, en Anaga, la retirada de amianto «a cargo de técnicos competentes» y acreditando «la correcta instalación de las medidas», advirtiendo además sobre las posibles multas de entre treinta y sesenta mil euros que se conminarían de no cumplirse la orden.
En Ben Magec-Ecologistas en Acción asocian este caso al de Sandra (nombre ficticio), una ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria que contactó con la federación ecologista preocupada por las placas y depósitos de Uralita rotos, abandonados en un solar de la capitalina calle Castillejos.
La denunciante notificó los hechos al Ayuntamiento el pasado día 5 de diciembre, pero después de tres semanas no ha recibido contestación ninguna, así como tampoco ha habido intervenciones para solucionar el problema. «Nos encontramos con una amenaza tan grave para la salud pública a menos de 500 metros del Centro de Salud de Guanarteme y del Paseo de Las Canteras», subraya esta ciudadana. En Gran Canaria es el Cabildo quien ha impulsado un programa de retirada de amianto presupuestado en 345.000 euros que está abordando la situación de unas 200 viviendas. En consecuencia, Ben Magec-Ecologistas en Acción ha invitado a Sandra y a toda persona que detecte este tipo de vertidos en Gran Canaria a dirigirse al Cabildo, donde se cuenta precisamente con la colaboración ciudadana para lograr a tiempo la erradicación de este material de la isla.
Otro ejemplo de dudas en la gestión institucional del problema se remonta al pasado octubre, cuando el responsable del área de Residuos del Cabildo de Fuerteventura, Carlos Rodríguez, ha contestado a una moción sobre amianto en el pleno matizando que el Cabildo no tiene responsabilidad con respecto a la retirada de este material, si bien declarando cierta disponibilidad a colaborar con otras instituciones.
Rodríguez, en todo caso, instaba a «no alarmar a la población, y sobre todo en estos tiempos en los que ya tenemos otros frentes abiertos como el Covid y la crisis económica». Para la federación ecologista se trata de una estrategia dilatoria por la que, una vez más, las instituciones echan balones fuera en lugar de abordar un problema que, a falta de actuaciones decididas, va ocasionando en Canarias un impacto que se estima de entre 50 y 100 muertes cada año.
Aunque vayan realizándose intervenciones puntuales y limitadas, la excusa de no tener competencias o no querer alarmar terminan siendo un lastre de cara a una solución definitiva, insisten los ecologistas.
Canarias ‘pasa olímpicamente’ del amianto (ecoticias.com)
11/03/2021
