Por Antonio Peña Jumpa
13 de noviembre, 2017
Las muertes, heridos y daños producidos en los desastres tras fenómenos naturales o humanos requieren de reconstrucción. Esta reconstrucción es un derecho de las personas damnificadas o afectadas por aquellos trágicos efectos y se desarrolla en un largo período que colinda con la urgencia y la prevención ante nuevos desastres. ¿Cómo realizar la reconstrucción? Su desarrollo puede tener varios enfoques o modelos. En las siguientes líneas presentamos uno de ellos, el modelo social, al que consideramos el más apropiado en contextos como el peruano.
En la materialización del derecho de reconstrucción podemos identificar hasta tres modelos diferentes: el modelo político, el modelo económico y el modelo social. El modelo político tiene como eje o centro de acción a las autoridades políticas elegidas popularmente o designadas por un superior, mientras el modelo económico recurre a la dirección de tecnócratas o profesionales especializados como eje o centro para la reconstrucción. El modelo social, en cambio, se centra en la población local organizada, prioritariamente integrada por los damnificados y afectados. Si bien ninguno de los modelos es puro, dado que todos comparten los tres ejes o centros mencionados (los tres modelos recurren a las autoridades políticas, contratan tecnócratas y se orientan a los damnificados y afectados), es posible contrastarlos objetivamente.
A continuación destacamos tres características principales del modelo social, que identificamos con los siguientes contenidos:
- Quien orienta la reconstrucción es la población organizada, partiendo de los damnificados y afectados.
Se prioriza la participación y el interés de la población local organizada porque a partir de ella se ejecuta todo tipo de gestión del riesgo de desastres: reubicación de zonas de alto riesgo, construcciones respetando parámetros de ingeniería y arquitectura, y reconstrucción de servicios y actividades económicas seguras y sostenibles.
- La ejecución de proyectos u obras de reconstrucción tienen una relación directa con la población organizada.
La reconstrucción de viviendas, pistas y puentes, como la descolmatación de ríos y quebradas necesita de la población local organizada en dos sentidos: como actores y beneficiarios. Son actores en tanto tienen que participar en las obras de reconstrucción como trabajadores o empresarios al margen de cualquier presupuesto, y son beneficiarios porque las obras de reconstrucción no solo los beneficiarían sino que en el supuesto de haber utilidades en la aplicación de los presupuestos locales, regionales o nacionales, les corresponde también prioritariamente dichas utilidades.
- La fiscalización de los proyectos y presupuestos económicos tiene en la población organizada su principal actor.
Sin dejar de lado el trabajo especializado de las entidades de control, la fiscalización de los proyectos de inversión es más efectiva a través de la misma población organizada. De ésta, la población damnificada y afectada es la que más conoce de los “malos manejos” y “negociados” que puede producirse entre las autoridades políticas y los ejecutores de los proyectos por lo que en sus iniciativas se encuentran las pruebas y denuncias necesarias.
Si bien estas características del modelo social para el derecho de reconstrucción muestran limitaciones, su perspectiva es evidente. Los modelos político y económico fracasaron en experiencias como Pisco (2007-2017) al no conseguir a la fecha, la reconstrucción deseada. Por ejemplo, la mayoría de viviendas no han sido reconstruidas y de las viviendas reconstruidas es la misma población la que principalmente ha hecho posible ello.
En el mismo sentido, el modelo económico ejecutado en los primeros 6 meses tras los desastres del fenómeno de El Niño Costero, no ha tenido el resultado esperado. Ante su fracaso, se ha recurrido al modelo político de reconstrucción, el que en nuestra opinión seguirá el mismo resultado de Pisco, diez años atrás.
Tras las características presentadas, creemos que el modelo social de reconstrucción resulta el menos imperfecto frente a situaciones de desastres en el Perú. La Cruz roja Internacional identifica este modelo como movilización comunitaria en situaciones de emergencia ¿Por qué no probarlo?
Antonio Peña Jumpa es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado, Magister en Ciencias Sociales, PhD. in Laws.
26/09/2020
1 Comment
Rubén Torres
2 meses agoLas muertes, heridos y daños producidos en los desastres tras fenómenos naturales o humanos requieren de reconstrucción. Esta reconstrucción es un derecho de las personas damnificadas o afectadas por aquellos trágicos efectos.
R. No debería ser así. Es un grave error reconstruir en zonas proclives a que vuelvan a suceder, como cerca de los cauces de los ríos, cerca de las fallas, en colinas, peligro de riadas, sendas de paquidermos o en zonas donde escasea el agua potable.
Tampoco conviene construir viviendas en la periferia ciudades. El impacto ambiental es menor cuanto menos terreno se roba a la Naturaleza. Para ello es imprescindible un control de natalidad, para que no haga falta construir más viviendas de las que ya están construidas, ni tener que aumentar las cabezas de ganado. A menos gente menos contaminación y menos problemas socio-económicos.