Un vecino de la localidad valenciana de Vilamarxant denuncia a los agentes que lo detuvieron por atentado contra la autoridad al percatarse en el audio de que la acusación era un “montaje”
7 de mayo de 2023
Dos vehículos de la Policía Local de Vilamarxant (Valencia). SPPLB
Celso D. R., residente en la localidad valenciana de Vilamarxant, tuvo un incidente con una vecina el 12 de noviembre del 2022 que acabó con ambos detenidos por la Policía Local. El hombre, con varios antecedentes penales, llamó a la policía durante la discusión y puso su teléfono móvil a grabar. Cuando fue detenido, el aparato siguió grabando durante más de cinco horas mientras estaba en el calabozo. El audio registra las conversaciones entre los agentes de la Policía Local que procedieron al arresto y que tenían dudas sobre la detención. “Está muy cogido con pinzas (…). Tenemos que poner que estaba violento”, dice una agente en el audio al que ha tenido acceso elDiario.es.
La causa por un presunto atentado a la autoridad fue archivada al considerar la fiscal que “los hechos recogidos en el atestado, a pesar de haber sido ratificados por los agentes de la policía, no se encuentran corroborados por ningún medio de prueba”. El Ministerio Público concluyó que “no existen pruebas” de que el arrestado “se girara de manera violenta y empujara al agente contra la pared”, tal como sostenía el atestado policial. Todo ello tras conocer la existencia de la grabación.
El vecino de Vilamarxant presentó una denuncia contra los dos agentes que lo arrestaron y contra el inspector jefe de la Policía Local de la localidad por los presuntos delitos de detención ilegal, denuncia falsa y falsificación de documentos públicos. Sin embargo, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llíria acordó el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que la grabación es “ilegal”. El letrado de Celso D. R. ha recurrido el auto, dictado el pasado 20 de abril.
Los hechos que originaron la detención se remontan al 12 de abril del 2022 cuando el hombre mantuvo una discusión con una vecina de su rellano. La mujer se introdujo en su domicilio “rebuscando en los armarios de su dormitorio”, según la denuncia. Así, Celso D. R. cerró la puerta de su vivienda, impidiendo la salida de la vecina al considerar que se estaba produciendo los supuestos delitos de allanamiento de morada y hurto. En ese momento, llamó a la Policía Local de Vilamarxant.
“Para dejar constancia del buen trato ofrecido a su vecina”, indica el escrito, el hombre puso a grabar su teléfono móvil. “Este hecho, a priori irrelevante, salvó a mi representado de ser condenado por un delito de atentado, además de recoger hechos de extrema gravedad cometidos por agentes de la autoridad”, reza la denuncia del abogado.
Los dos uniformados de la Policía Local se entrevistaron por separado con ambos vecinos y la mujer reconoció que se había introducido, sin consentimiento, en la vivienda. La denuncia sostiene que la actitud del hombre fue “obediente, tranquila y respetuosa”, accediendo “sin resistencia a ser engrilletado y trasladado a la comisaría de la Policía Local de Vilamarxant, en cuyo calabozo permaneció durante más de tres horas y donde tuvo que ser asistido por personal médico por un ”fuerte ataque de ansiedad“.
Los enseres personales del detenido —una bufanda, las llaves de su casa y el teléfono móvil con la grabadora en marcha— fueron requisados. Tras ser entregado al cuartel de la Guardia Civil de Llíria, le comunicaron que estaba detenido por un presunto delito de atentado contra la autoridad y fue puesto en libertad.
“Esta vez no lo ha hecho”
Al desbloquear el teléfono, se dio cuenta de que el móvil “había estado grabando ininterrumpidamente hasta su puesta en libertad”. Al parecer, los agentes no se habían percatado de que el teléfono había grabado las conversaciones que mantuvieron mientras el detenido permanecía en el calabozo. “La acusación por atentado a la autoridad había sido consecuencia de un montaje orquestado por los agentes que le habían detenido y por el jefe de la comisaría”, indica la denuncia.
En la grabación se escuchan las dudas de la agente sobre la detención. En una conversación telefónica, supuestamente con el inspector jefe, la uniformada pregunta: “¿Y qué hago? Lo tengo en el calabozo. ¿Lo suelto como si no hubiese pasado nada?”. La mujer dice: “Sí, con nosotros se ha portado bien. A ver, porque como está loco le he bailado el agua y lo he engañado (…) le he puesto los grilletes allí en el rellano y todo porque ha querido”. “Lo que pasa es que este es un listo y va a buscarme las cosquillas”, agrega. A continuación pregunta: “¿Digo que se ha puesto violento con nosotros o algo?”. En otro fragmento, dice: “Voy a poner atentado”, en referencia a las diligencias.
La agente, muy nerviosa, reconoce: “Pienso que la he cagado”. La uniformada, en una conversación con otro agente, relata: “Cuando estábamos aquí he pensado que él la detención ilegal la ha hecho correctamente porque primero ha cometido la otra el otro delito [en referencia a la vecina]. Si ella no hubiese cometido el delito sería diferente. Un particular puede retener a otra persona que ha cometido un delito”.
Mientras firman las copias del atestado, la agente le dice a su compañero: “Joder, me siento supermal, mira que es un personaje, que se merece lo que le caiga, ¿sabes?, pero esta vez no lo ha hecho”. El vecino detenido cuenta con antecedentes penales por violencia de género, maltrato de animales domésticos y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. “Tiene que tener algún tipo de problema mental (…) Y no puede ser que en dos semanas hayas tenido problemas con medio pueblo, no puede ser”, afirma el otro agente.
En otra conversación con el agente de la Guardia Civil que acude a por el detenido, la uniformada le relata: “Estaba superagresivo, superviolento. Total, que como no atendía a razones, no sé qué he ido a decirle, se ha girado y me ha empujado y me lo he llevado detenido por atentado”.
La diligencia policial
El atestado policial reseña que durante la discusión con la vecina, Celso D. R. se encontraba “agresivo y violento” (insinuaba que la mujer pretendía robarle) y que la ha dejado encerrada durante unos 20 minutos en su propia vivienda tras haberla cogido “fuertemente de la muñeca y del cuello”. La diligencia también agrega que cuando la agente “intenta tranquilizarlo”, el vecino se gira “de forma violenta” y la empuja contra la pared.
La denuncia contra los agentes, por el contrario, sostiene que el hombre “sorprendió ‘in fraganti’ a su vecina en el interior de su domicilio” y que su actuación fue “impecable”. “La persona que había llamado a la policía pidiendo auxilio se convirtió, de buenas a primeras, en la persona detenida”, agrega el escrito.
“De la escucha de los audios entendemos que, en un primer momento, los agentes denunciados actuaron movidos por su ignorancia y en la creencia de que estaban obrando correctamente”, concede la representación jurídica del vecino detenido. Sin embargo, también argumenta que “queda fuera de toda duda” que los policías, “una vez cayeron en el error que habían cometido, urdieron un plan para eximirse de toda responsabilidad respecto de la detención incorrecta”.
Los uniformados imputaron al vecino de Vilamarxant un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad (con penas de hasta cuatro años de prisión), “con pleno conocimiento de su falsedad y con un temerario y absoluto desprecio hacia la verdad”, indica el escrito. El detenido, según la denuncia, “fue sometido injustamente a un proceso judicial por culpa del capricho, la negligencia y la total irresponsabilidad de unos agentes de la autoridad a los que no les tembló el pulso a la hora de fabricar una acusación falsa por un delito de no poca importancia contra un ciudadano inocente, con el único fin de cubrir sus espaldas ante una actuación ya de inicio negligente”, concluye.
Este diario ha intentado obtener, sin éxito, la versión de la Policía Local y del Ayuntamiento de Vilamarxant.
8/05/2023
1 Comment
Mery Figueroa
2 años agoLa actuación de los agentes es vomitivo así como la jueza Lliria. Si hubiese justicia deberían ser castigados a 25 años de servicios sociales puesto que el arrestado podría enfrentarse a cuatro años de cárcel y ¿cuánto vale pasarse ese tiempo encarcelado? Pues eso habría que preguntárselo al incautado y lo que diga es lo que deberían pagarle por daños y perjuicios todos los involucrados en su detención y la jueza por no aplicar justicia.