Votantes hacen fila para votar durante las primarias de la oposición en Caracas, Venezuela, el 22 de octubre de 2023. María Corina Machado ganó las primarias a pesar de que el entonces contralor general de Venezuela, un aliado del presidente Nicolás Maduro, la inhabilitó para ocupar cargos públicos.© 2023 Jesús Vargas/picture-alliance/dpa/AP Images

Eventos de 2023

Los venezolanos continúan sufriendo represión y las consecuencias de la crisis humanitaria. Hay más de 270 presos políticos. Cerca de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria al no poder acceder a atención en salud y nutrición adecuada. Más de 7,7 millones de venezolanos han huido del país, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo.

El 27 de junio, los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron la reanudación de una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas determinó la comisión de graves violaciones de derechos humanos que replicaban los patrones de conducta que la Misión había calificado anteriormente como crímenes de lesa humanidad.

Algunas acciones del gobierno, incluyendo la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la inhabilitación de candidatos presidenciales, aumentaron la preocupación sobre la posibilidad de que se celebren elecciones libres y justas.

En octubre de 2023, las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición se reanudaron. Las partes lograron un acuerdo relacionado con derechos políticos y garantías electorales.

Las autoridades persiguen, procesan penalmente y encarcelan a trabajadores sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos, restringiendo el espacio cívico. Entre los problemas que persisten se incluyen falta de protección de pueblos indígenas; de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT); y de los derechos de mujeres y niñas.

Abusos y represión al disenso

Aunque se mantuvieron patrones de abuso, ha habido una transición de la represión generalizada de manifestantes en las calles a una represión aparentemente más selectiva que incluye vigilancia, acoso y criminalización. Sin embargo, como constató la Misión de Determinación de los Hechos, el gobierno de Maduro sigue teniendo la capacidad de recurrir a métodos de represión “duros” como tortura y asesinatos “para sofocar la disidencia”.

Desde 2014, más de 15.800 personas han sido objeto de detenciones por motivos políticos; de los cuales aproximadamente 270 continúan detenidos, según informó en octubre la red de abogados penalistas pro-bono Foro Penal. El 28 de octubre, cinco presos políticos, incluyendo el periodista Ronald Carreño, fueron liberados después de que el gobierno y la oposición reanudaran las negociaciones.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Misión continuaron documentando, aunque en menor número, casos de asesinatos, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, y violencia sexual y de género contra opositores al gobierno de Maduro.

En 2022, tras la continua presión internacional, las Fuerzas de Acciones Especial (FAES), una unidad policial implicada en graves violaciones de derechos humanos, fue disuelta y sustituida por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET). Según la Misión, la DAET tiene funciones y un modus operandi similares a los de las FAES. Además, exfuncionarios de las FAES, implicados en graves violaciones de derechos humanos, desempeñan funciones clave en la DAET.

Derecho al voto

Venezuela avanzó poco o nada en la ejecución de las recomendaciones formuladas por la misión de la Unión Europea (UE) que observó las elecciones de noviembre de 2021, en previsión de las elecciones presidenciales de 2024 y de las legislativas y regionales de 2025.

A finales de junio, la Contraloría General de la República añadió a su lista de sanciones electorales una inhabilitación de 15 años a la candidata opositora María Corina Machado.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continuó imponiendo dirigentes ad hoc a los partidos de la oposición. En agosto, el TSJ impuso una junta directiva al Partido Comunista de Venezuela.

En agosto, la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno, eligió a todos los nuevos miembros del CNE, tras la dimisión de los miembros oficialistas. Entre los nuevos miembros se encuentran Elvis Amoroso, quien, como contralor general, inhabilitó a candidatos de la oposición, y Carlos Quintero, a quien Estados Unidos sancionó en 2017 por su papel, como miembro del CNE, en el debilitamiento de procesos electorales.

El 17 de octubre, el gobierno y la oposición, en el marco de las negociaciones, acordaron respetar el derecho de los partidos políticos a elegir a sus candidatos presidenciales y a celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024, junto con otras garantías electorales.

También en octubre, los partidos de la oposición celebraron sus primeras elecciones primarias desde 2012. María Corina Machado fue elegida candidata presidencial de la oposición. Días después, el Ministerio Público inició una investigación penal contra el comité organizador de las primarias por presunto fraude y el TSJ, controlado por magistrados oficialistas, suspendió “todos los efectos” de las primarias.

Impunidad por los abusos

El poder judicial dejó de funcionar como rama independiente del gobierno en 2004. No se han adoptado medidas de justicia genuinas por crímenes perpetrados con el conocimiento o la aquiescencia de autoridades de alto nivel.

En junio, los jueces de la CPI consideraron que los tribunales venezolanos no estaban investigando posibles crímenes contra la humanidad en la misma medida de una investigación llevada a cabo por la CPI, por lo que dieron luz verde a la reanudación de la investigación. En el momento de redactar este informe, Venezuela estaba apelando la decisión.

En julio, la OACNUDH denunció “retrasos prolongados” en la investigación de muertes ocurridas durante las protestas de 2014, 2017 y 2019. Sólo 8 de las 101 muertes que la oficina documentó en el contexto de operaciones de seguridad han sido llevadas a juicio.

En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos tenía motivos razonables para creer que, lejos de desmantelar las estructuras implicadas en los abusos, las autoridades venezolanas han “ascendido” a los individuos responsables de los mismos.

Emergencia humanitaria

HumVenezuela, una plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil que realizan un seguimiento de la emergencia humanitaria, estimó que desde marzo de 2020 hasta marzo de 2022, el 66 % de la población de Venezuela necesitaba ayuda humanitaria y el 65 % “perdieron o agotaron sus medios de vida de forma irreversible”.

Venezuela tiene la mayor prevalencia de subalimentación de Sudamérica, según el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la ONU de 2022.

En agosto de 2023, más del 72 % de las personas no podían acceder a los servicios sanitarios públicos cuando lo necesitaban, frente al 65,5 % en julio de 2021. La escasez de medicamentos se situaba en el 26,3 % en agosto de 2023, según estimaciones de la organización humanitaria Convite. A pesar de la reducción de la escasez, los medicamentos son inasequibles para muchos.

La falta de electricidad y agua potable merma los servicios hospitalarios. El deterioro de las infraestructuras y la falta de servicios básicos en las zonas rurales han empujado a la población a trasladarse a los centros urbanos.

Debido a las enfermedades y a la falta de servicios básicos, alimentos y material escolar, más del 26 % de los niños de entre 0 y 17 años no van a la escuela.

En el momento de redactar este informe, la ONU había dado luz verde a la creación del fondo para ayuda humanitaria, acordado por el gobierno y la oposición en 2022, que se establecerá con activos del Estado venezolano que han sido congelados en el exterior.

La crisis de refugiados

Más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado Venezuela desde 2014, de los cuales unos 6,5 millones se reubicaron dentro de América Latina y el Caribe. El número de venezolanos que cruzaron el Tapón del Darién, una peligrosa selva en la frontera entre Colombia y Panamá se disparó, debido en parte a las restricciones de visados que cerraron de hecho las rutas más seguras. Más de 440.000 venezolanos cruzaron el Tapón del Darién entre enero de 2022 y octubre de 2023.

Muchos venezolanos huían de las duras condiciones económicas. Algunos escapaban de la persecución, incluyendo por parte de las fuerzas de seguridad y las bandas criminales.

El desempleo o la falta de ingresos suficientes, la imposibilidad de regularizar su situación migratoria o ser reconocido como refugiado, y la discriminación y la xenofobia empujan a muchos a seguir hacia el norte.

En octubre, EE. UU. anunció la reanudación de las deportaciones hacia Venezuela.

Libertad de asociación

En 2023, aumentaron las restricciones al espacio cívico, lo que se tradujo en la erosión del derecho a la libertad de asociación y en restricciones indebidas a las organizaciones sindicales y de la sociedad civil.

Varios sindicalistas han sido objeto de intimidación, persecución arbitraria y detención. El 1 de agosto, seis dirigentes sindicales venezolanos que habían encabezado protestas por los derechos laborales y unos salarios justos fueron condenados a 16 años de prisión acusados de conspiración y asociación ilícita. Los relatores especiales de la ONU denunciaron un “abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

El 4 de agosto, el TSJ nombró a un presidente interino de la Cruz Roja Venezolana, encargado de supervisar su reestructuración. Los tribunales han establecido juntas ad hoc para sindicatos, asociaciones y partidos políticos.

Ataques a defensores de derechos humanos

El 24 de enero, la Asamblea Nacional avanzó un proyecto de ley que otorga al ejecutivo amplios poderes para controlar, registrar, sancionar y disolver organizaciones no gubernamentales (ONG). Algunas ONG, la OACNUDH, La Misión de Determinación de los Hechos y los relatores especiales de la ONU expresaron su preocupación. En el momento de redactar este informe, el proyecto de ley seguía pendiente.

En el momento de redactar este informe, Javier Tarazona, de la ONG Fundaredes, detenido en julio de 2021 tras sacar a la luz los vínculos entre las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados, seguía en prisión.

Libertad de expresión

Las autoridades han estigmatizado, hostigado y reprimido a medios de comunicación, clausurando medios disidentes. La autocensura es generalizada debido al temor a represalias. En septiembre, la organización de la sociedad civil Espacio Público denunció 261 violaciones de la libertad de expresión en 2023; la censura y la intimidación fueron las más comunes.

En enero, el director de El Nacional, Miguel Otero, informó de la detención del periodista José Gregorio Meza y dijo que otros cuatro periodistas del medio habían sido citados a declarar sobre “ciertos trabajos publicados por el medio”.

Grupos armados

Los grupos armados—incluyendo el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN) y grupos que surgieron a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—operan sobre todo en estados fronterizos, imponiendo brutalmente toques de queda y normas de conducta que regulan la vida cotidiana.

Fundaredes denunció en 2023 que los grupos armados y las bandas criminales están expandiendo la extorsión en la zona fronteriza con Colombia, amenazando la vida y las propiedades de los civiles.

Minería y derechos de los pueblos indígenas

La minería es uno de los principales factores que propician la deforestación en la Amazonia venezolana. Las organizaciones que trabajan para la protección del medio ambiente y de derechos humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de colaborar con los mineros ilegales, incluso proporcionándoles mercurio para la extracción de oro, y de atacar indiscriminadamente a los civiles haciendo uso desproporcionado de la fuerza.

En septiembre, los soldados se enfrentaron a presuntos mineros ilegales en el parque nacional de Yapacana, resultando en dos muertos y seis heridos.

Orientación sexual e identidad de género

Venezuela carece de una legislación integral que proteja a las personas de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género.

En marzo, el TSJ despenalizó las conductas consensuadas entre personas del mismo sexo por parte de personal militar.

El 23 de julio, la policía llevó a cabo una redada en un club frecuentado por personas LGBT y detuvo a 33 personas acusadas de contaminación sónica y ultraje al pudor. De los arrestados, a 30 se les concedió la “libertad condicional” al cabo de 72 horas, y 3 fueron puestos en libertad 10 días después. Los activistas acusaron a las autoridades de “criminalizar” a las personas por su orientación sexual

Derechos de las personas con discapacidad

La legislación venezolana prohíbe la discriminación de las personas con discapacidad y exige que los parques y edificios públicos sean accesibles. Pero sigue habiendo prejuicios y dificultades en el acceso al transporte público, incluso porque los conductores no están dispuestos a transportar a personas con discapacidad. El acceso a los servicios de salud públicos para las personas con discapacidad es difícil y los servicios privados son inasequibles.

Derechos de las mujeres y las niñas

El aborto está penalizado excepto cuando la vida de la persona embarazada está en peligro.

Los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas están sufriendo una pérdida de capacidad, informó HumVenezuela. Los anticonceptivos y los productos de higiene menstrual son inasequibles.

Según el UNFPA, Venezuela tiene una elevada tasa de mortalidad materna, con 125,4 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, así como una elevada tasa de embarazos adolescentes, de 97,7 por cada 1.000 niñas y mujeres de entre 15 y 19 años.

Según informó en mayo el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Venezuela carece de normativa y protocolos con perspectiva de género necesarios para la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El Observatorio de Femicidios de la ONG Centro por la Justicia y la Paz (Cepaz) documentó 160 feminicidios y 93 tentativas de feminicidio entre enero y julio. No se han publicado datos oficiales sobre feminicidios desde 2016.

Actores internacionales clave

Tras visitar Venezuela en enero, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló los problemas de derechos humanos en los “ámbitos civiles, político, económico y social”. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), que supervisa la labor humanitaria de la ONU en Venezuela, calcula que 7 millones de venezolanos en el país necesitan ayuda.

Además de señalar casos de tortura y retrasos en las investigaciones, la OACNUDH se refirió ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU a detenciones ilegales y arbitrarias; restricciones al espacio cívico; obstáculos a la libre participación en los asuntos políticos; y retos económicos y sociales que han contribuido a la emergencia humanitaria.

Durante el mes de junio, días antes de la decisión de la CPI sobre la reanudación de la investigación por presuntos crímenes contra la humanidad, el fiscal de la CPI visitó Venezuela y firmó un memorando de entendimiento con Maduro, acordando el establecimiento de una oficina en el país.

En septiembre, el FFM publicó su cuarto informe en el que concluía que, aunque el Estado ha adoptado tácticas coercitivas más suaves, aún posee la capacidad de recurrir a la línea dura para reprimir la disidencia; por lo tanto, el escrutinio internacional debe continuar.

Brasil invitó a Maduro a una reunión de líderes sudamericanos en mayo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva insinuó que la democracia está prosperando en Venezuela, calificando el debilitamiento de las instituciones democráticas de “narrativa construida”. Sus comentarios provocaron reacciones negativas por parte de ONG locales e internacionales.

En abril, el presidente colombiano Gustavo Petro convocó en Bogotá una cumbre internacional destinada a reavivar las negociaciones entre el gobierno y la oposición venezolanos.

También en Bogotá en abril y de nuevo durante la Cumbre UE-CELAC en julio, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, recordó la necesidad de aplicar las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE. Junto con los presidentes de Colombia, Brasil, Argentina y Francia, Borrell alentó la reanudación de las negociaciones y expresó su apoyo al levantamiento de las sanciones a Venezuela si se celebran elecciones transparentes e inclusivas en 2024. También en julio, el Parlamento Europeo condenó enérgicamente las inhabilitaciones de candidatos.

En julio, un fiscal de Argentina inició una investigación sobre posibles crímenes contra la humanidad en Venezuela, a raíz de una denuncia penal presentada por la Clooney Foundation for Justice en virtud del principio de jurisdicción universal.

El 8 de agosto, durante el primer día de una Cumbre Amazónica, Venezuela, junto con otros siete países amazónicos, firmó la Declaración de Belém, estableciendo una agenda colectiva para proteger el medio ambiente amazónico.

En octubre, poco después de que el gobierno y la oposición alcanzaran un acuerdo, EE. UU. alivió algunas sanciones concediendo licencias de seis meses relacionadas con el sector gasífero y petrolero en Venezuela. El incumplimiento de los términos del acuerdo de octubre llevará a EE. UU. a “revertirlas”.

En noviembre, el Consejo de la UE decidió prorrogar sus medidas restrictivas, incluidas las prohibiciones individuales de viajar y la congelación de activos, durante seis meses, hasta el 14 de mayo de 2024, en lugar de un año.

En diciembre, el gobierno de Maduro celebró un referéndum sobre la creación de una provincia venezolana en el Esequibo, un territorio controlado por la vecina Guyana que ha estado en disputa durante más de un siglo, incluso en procedimientos en curso ante la Corte Internacional de Justicia. El gobierno de Maduro dijo que 10 millones de personas participaron en el referéndum y que más del 90 % votó a favor de la anexión del territorio. Gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos instaron a Maduro a desescalar tensiones, temiendo un conflicto armado internacional. En el momento de redactar este informe, Guyana y Venezuela habían acordado iniciar conversaciones.

https://www.hrw.org/es/world-report/2024/country-chapters/venezuela

29/03/2024