Edificio de la mujer okupada. Redes Sociales
diciembre 12, 2024
Una propietaria de La Coruña, Pilar, lleva cinco años luchando por recuperar su vivienda, okupada por una inquilina marroquí que dejó de pagar la renta poco después de instalarse. Desesperada por la situación, Pilar ha visto cómo el conflicto ha llegado a extremos insólitos: la okupa ahora le exige 10.000 euros para devolverle las llaves, argumentando que necesita ese dinero para pagar la fianza de otra casa, ya que el futuro arrendador no confía en ella.
Además de haber perdido el acceso a su vivienda, Pilar se enfrenta a un nuevo revés: el embargo de parte de su pensión debido a una deuda de casi 1.000 euros en facturas de agua acumuladas en el piso okupado. «Nunca he tenido deudas en mi vida, siempre he cumplido con mis obligaciones, y ahora me embargan por algo que no es mi responsabilidad», lamenta. La propietaria asegura que dejó de pagar esas facturas al ver que la situación no tenía visos de solución.
La okupación en España es una de las mayores preocupaciones de los propietarios de viviendas, quienes temen alquilar sus inmuebles ante la posibilidad de enfrentarse a casos similares. Muchos prefieren dejar sus casas cerradas antes que arriesgarse a caer en una batalla legal interminable, marcada por procesos judiciales lentos y una falta de protección jurídica que deja a los dueños en completa indefensión.
Pilar, cansada de esperar una solución, decidió unirse a otros afectados y fundar APROVIJ (Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica). Esta organización, que reúne a una quincena de miembros, busca dar visibilidad a la problemática y denunciar normativas como el Real Decreto 11/2020, que, según afirman, han convertido a los propietarios en «víctimas de una indefensión jurídica sin precedentes«. En su página web, la asociación denuncia que «se ha creado un escenario de vulnerabilidad para quienes han trabajado arduamente para construir su hogar y su seguridad».
Desde APROVIJ, Pilar y sus compañeros reclaman cambios en la legislación para evitar situaciones como la suya, en las que los propietarios se ven obligados a soportar las consecuencias de un sistema garantista que no ofrece soluciones rápidas. «No podemos ser el escudo social de quienes no quieren trabajar o pretenden vivir gratis en nuestras viviendas», subrayan.
Entretanto, Pilar sigue en su lucha legal, negándose a pagar el dinero exigido por la okupa mientras espera que la justicia actúe. Su caso no solo refleja una situación personal límite, sino también un problema estructural que afecta a miles de propietarios en España, quienes enfrentan cada día la difícil tarea de proteger su patrimonio frente a un sistema que parece no estar de su lado.
4/01/2025
1 Comment
Rubén Torres
7 días agoEsas cosas no ocurrirían si se hubiese implementado mi nuevo orden mundial, así como las nuevas leyes que desde hace muchos años vengo proponiendo.
Como la gente ni siquiera se ha molestado en leerse esos documentos, pues no se merecen que se les ayude.
¡Que se jodan!