Busardo ratonero electrocutado – ©SIECE
25 septiembre, 2018
Hemos enviado una carta al Defensor del Pueblo para impulsar la actuación de las administraciones públicas frente a la electrocución y colisión de aves en tendidos eléctricos.
Diez años después de las obligaciones de las comunidades autónomas para implantar medidas de protección frente a la mortalidad causada por electrocución o colisión, ocho de ellas no las han cumplido.
Según el Libro Rojo de las Aves de España, la electrocución es una de las principales amenazas para 24 especies de aves, algunas de ellas En peligro de extinción como el águila imperial ibérica, el águila-azor perdicera o el milano real.
Hemos enviado una carta al Defensor del Pueblo con el objeto de solicitar su intermediación para limitar el impacto que suponen los tendidos eléctricos sobre la avifauna e impulsar el cumplimiento del Real Decreto 1432/2008 por parte de las administraciones públicas y los propietarios de los tendidos eléctricos. Esta norma obliga a las administraciones autonómicas a declarar zonas de protección y publicar un listado de tendidos muy peligrosos en esas zonas con la finalidad de que se puedan poner en marcha las medidas de corrección por parte de los titulares de los tendidos.
En la actualidad, sólo nos consta la publicación de estos listados en Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana, quedando el resto de comunidades autónomas pendientes de su aprobación. Es por ello urgente la aprobación y publicación de dichos listados tras 10 años de vigencia de la obligación que impone el Real Decreto, así como la corrección de dichos tendidos. Además, Asturias es la única comunidad autónoma que aún no ha definido las zonas de protección a las que les obliga la norma.
“Las administraciones públicas españolas tienen a su disposición varias medidas, fundadas en nuestro marco jurídico, que les permiten reclamar (y en algunos casos les obligan) a los titulares de líneas eléctricas su colaboración para la corrección de aquellos tendidos eléctricos que estén causando una mortalidad continuada de avifauna en España”, declara David de la Bodega, Responsable del programa Legal de SEO/BirdLife, quien apunta que “se detecta una tímida actividad administrativa frente a la responsabilidad de los propietarios de los tendidos”.
Según el Libro Rojo de las Aves de España, la electrocución es una de las principales amenazas para 24 especies de aves, entre las que se encuentran especies En peligro de extinción y presentes en nuestro país como el águila imperial ibérica, el águila-azor perdicera o el milano real. Además, según un informe del Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) los tendidos eléctricos causan la muerte de, al menos, 33.000 aves rapaces al año (teniendo en cuenta que únicamente se analizaron los datos de 11 comunidades autónomas), generando un coste económico de alrededor de 141 millones de euros, estimado según el método del sistema MORA (Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental).
La mortalidad detectada por electrocución en tendidos eléctricos se estima solo en el 15% de la mortalidad real, ya que muchas muertes nunca serán detectadas, bien por ausencia de muestreos o bien por la desaparición de los cadáveres debida a distintos motivos (fundamentalmente por la acción de carnívoros). “Solo durante los últimos 15 años se estima que en España han muerto electrocutadas, como mínimo, más de 200 águilas perdiceras y más de 120 águilas imperiales, una situación insostenible que pone en jaque todos los esfuerzos por recuperar y estabilizar la población de algunas especies amenazadas como las citadas”, declara Nicolás López, responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife.
Además, a este tipo de mortalidad hay que unir las muertes provocadas por colisión. La ONG informa también en la carta al Defensor del Pueblo de que estudios recientes (BARRIENTOS & AL., 2011, 2012) estiman en 8,2 colisiones/mes/km en tendidos eléctricos del centro de España, o lo que es lo mismo, más de 8 aves muertas por kilómetro de tendido al mes. “Es decir, que en un tendido de longitud media de unos 59 km podrían morir potencialmente más de 5.800 aves al año, si la línea no cuenta con medidas adecuadas frente a la colisión”, añade David de la Bodega.
Exigir responsabilidad para reparar y evitar el daño ambiental
También hemos puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo las diferentes responsabilidades que tienen los propietarios de los tendidos eléctricos frente a la electrocución y las colisiones y las posibilidades legales de actuación que tienen las administraciones públicas para exigirla. Las electrocuciones y colisiones de avifauna reiteradas y sin la adopción de medidas de corrección por parte de los titulares, una vez ha sido constatada debidamente la reiteración del daño, pueden suponer infracciones de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de las legislación de conservación de la Naturaleza de las diferentes comunidades autónomas o de la propia ley Ley26/2007 de responsabilidad ambiental. Frente a estas infracciones, creemos que es necesario que las distintas comunidades autónomas actúen y abran los correspondientes expedientes administrativos para recuperar y evitar los daños producidos.
Algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o Valencia han abierto expedientes administrativos por infracción de la normativa de conservación autonómica imponiendo multas de más de 100.000€ (más la indemnización por el valor de las aves muertas), en el caso de la primera, o de responsabilidad ambiental, en el caso de la segunda, obligando a la corrección de tendidos peligrosos.
Además, si tras la comunicación a los titulares de las líneas eléctricas de las electrocuciones que se registren, no se produjera la corrección de dichos tendidos y apoyos, se podría incurrir incluso en la comisión por omisión de un delito contra el medio ambiente, en concreto del artículo 334 o 330 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Estas últimas son zonas prioritarias en las que la electrocución de avifauna tiene un especial impacto. Incluyen a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los ámbitos de aplicación de los planes de recuperación y conservación elaborados por las comunidades autónomas para las especies de aves incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en los catálogos autonómicos o las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y de concentración local de aquellas especies de aves incluidas en dichos catálogos.
18/10/2020
1 Comment
Rubén Torres
11 meses agoAnte cualquier problema lo primero que hay que averiguar es el origen, en este caso vuelve a ser la gente con el poder de decidir qué se hace o no. Los alcaldes, ministros y gobernadores incompetentes son los que lo deciden todo. Todos ellos ya han demostrado lo que saben hacer (empeorar los problemas). Está claro que nuestros gobernantes no están capacitados para asumir sus cargos. El desinterés que demuestran por el medioambiente ocasiona enormes pérdidas, tanto humanas como de animales y vegetación silvestre. Es intolerable ver miles de aves electrocutadas o que han colisionado con las líneas eléctricas habiendo forma de evitarlo.
Es hora que los reemplacen por los que sí saben lo que se debe hacer.
Todos esos problemas se podrían evitar si los que gobernaran fuesen gente con un alto nivel de formación de ecología, medioambiental, económica y social.
Una vez más, abogo para que se elijan personas competentes y dejar a los inexpertos en el banquillo, solo así se pueden encontrar soluciones efectivas.
Por enésima vez se ratifica lo que desde hace décadas vengo diciendo: cuando alguien tiene el poder de decidir qué se debe hacer ante un problema y ese alguien no está lo suficientemente cualificado, algunos problemas se agravan irremediablemente.
Desde que se inventó el Sistema Q, no tiene sentido que existan las torres y líneas de alta tensión.