31 de mayo de 2022
La circulación de un video del presentador de televisión paraguayo blanco, Leo Rivas, burlándose de un joven indígena en situación de calle, y un escueto comunicado del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) en donde se limita a repudiar el deleznable hecho sin tomar acciones concretas al respecto, resaltan cuán naturalizada e impune está en las instituciones y sociedad paraguayas el racismo.
En todo el territorio paraguayo, los pueblos indígenas padecen la usurpación de sus tierras por el agronegocio, la especulación inmobiliaria, la minería, obras de infraestructura y el crimen organizado. La situación se ha agravado en pandemia y con la implementación de la Ley Zavala-Riera, que tiene como consecuencia la represión de indígenas. Lo que acontece en Paraguay tiene un nombre y se llama limpieza étnica.
Ante la violencia de grupos armados y la persecución judicial de poderosos individuos y empresas, los grupos indígenas no tienen más opción que dirigirse a las ciudades, para intentar subsistir en situación de calle y reclamar los territorios que les fueron arrebatados.
Las personas pertenecientes a pueblos originarios, tras huir expulsadas de sus hogares, encuentran en las ciudades paraguayas el odio de una sociedad blanca que los discrimina, marginaliza y violenta.
El crimen por odio del joven indígena Lorenzo Silva es un ejemplo, así como los de numerosos casos, difundidos por los medios de comunicación, de niñas indígenas forzadas a la prostitución y asesinadas. Los delitos y crímenes racistas quedan impunes.
La indiferencia y complicidad del Estado paraguayo revelan su naturaleza racista, excluyente y discriminatoria
Como consecuencia, la pobreza y la miseria afectan de manera desproporcionada a las personas indígenas. En las calles deben padecer diferentes situaciones de abusos e improperios por parte de la sociedad blanca, tal como lo hizo el repudiable conductor de televisión y como lo hacen a diario otras personas blancas que no son noticia, porque es una situación naturalizada por la sociedad paraguaya, y alentada por el Estado con su indiferencia e impunidad.
Los pueblos originarios son así victimizados a diario. Y los delitos y crímenes impunes se reflejan en esta terrible estadística: La esperanza de vida de las personas indígenas en Paraguay es de solo 37 años. Esto es porque están expuestas a diferentes formas de violencias estructurales racistas, que atentan contra sus vidas y derechos humanos.
Desde Iniciativa Amotocodie exigimos al Estado paraguayo la implementación efectiva del artículo 46 de la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad de las personas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, ambas firmadas y ratificadas por el Estado paraguayo.
Reclamamos el desarme y la desparamilitarización de personas y grupos armados blancos que usurpan territorios indígenas. Esta violencia armada obedece a poderosos intereses económicos, políticos y criminales, en muchos casos extranjeros, como es el caso de nacionales brasileños que buscan ocupar ilegalmente zonas de seguridad fronteriza.
Instamos al Estado paraguayo el cumplimiento de los instrumentos legales nacionales e internacionales vigentes para detener la catástrofe humanitaria aconteciendo ahora mismo en Paraguay.
Denunciamos la limpieza étnica en todo el territorio paraguayo, en una alarmante situación que puede considerarse como genocidio, y que amenaza a los 19 pueblos originarios, cuyas presencias y existencias son anteriores a la formación del Estado y la sociedad paraguaya.
El Estado paraguayo y el INDI están obligados a la implementación de instrumentos jurídicos para el cese de la impunidad de la violencia y discriminación racistas y para lograr la igualdad efectiva entre las personas, con igual acceso a derechos humanos y oportunidades.
Por último, pero no menos importante, instamos a la condena del racismo, así como de actitudes, comportamientos y discursos racistas naturalizados por parte de la sociedad paraguaya blanca.
Los paraguayos debemos asumir un firme compromiso antirracista para contribuir de manera activa en la erradicación de las diferentes formas de violencia hacia los diferentes pueblos, grupos y personas indígenas en Paraguay.
Fuente: Adelante!
1 Comment
Rubén Torres
2 años agoEste artículo es una especie de pataleta. Cuando en realidad los mismos que no hacen más que quejarse y pedir derechos son los que votaron al descerebrado que dicta las leyes o que se las pasa por el forro.
Los paraguayos tienen lo que se merecen, al igual que los indígenas.
La situación se ha agravado en pandemia
R. De nuevo aquí hay otro borrego diciendo que existe una pandemia (covid-19) la cual nunca se ha podido demostrar de que existió.
Los grupos indígenas no tienen más opción que dirigirse a las ciudades, para intentar subsistir en situación de calle y reclamar los territorios que les fueron arrebatados.
R. La historia se repite una y otra vez. La historia está repleta de guerras, de usurpación de territorio, de gente que tenía como oficio capturar personas para venderlas como esclavos, aldeas arrasadas por conquistar más territorios, exterminios masivos por pretender que se imponga la religión que uno cree que es la verdadera, expropiaciones de terrenos para que pase el ferrocarril, autopistas, etc.
El caso es que desde siempre se ha utilizado la violencia para lograr cumplir nuestros objetivos aprovechando la desventaja de los demás.
Pero en este caso, ese “genocidio” está justificado, pues esas personas podrían usar el ingenio para combatir a sus opresores. Dado que solo se les ocurre pedir justicia y ver como el Estado los ignora, pues por mí como si los fusilan a todos.
Siempre he defendido que es mejor morir combatiendo que ser esclavizado o humillado.
Al enemigo hay que enseñarles los dientes, no arrodillarse y pedir clemencia. Mendigar por la ciudad, ver cómo asesinan y prostituyen a sus hijas o dejar que les roben sus tierras es de cobardes.
Por otra parte, las personas racistas deberían ser condenadas a pasar una buena temporada (6 meses como mínimo) a realizar trabajos forzados llevando un chaleco en letras bien visibles que diga: castigado por ser un asqueroso racista de mierda, a ver si así cambian de opinión. A los reincidentes se les doblará el tiempo de castigo. En caso de quitarse el chaleco mientras van por la calle se le sumará tres meses más por día que no lo lleven puesto.