El matrimonio percibía la RGI, el IMV y para la vivienda pese a residir desde 2014 en el país galo. También lograban ayudas educativas del Gobierno de Francia
Efectivos de la Policía Nacional participan en el acto en conmemoración del 200 aniversario de su fundación celebrado en Vitoria. ARABA PRESS
Josean Izarra
Actualizado miércoles, 27 marzo 2024
La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio argelino que cobraba tres ayudas sociales vascas cuando desde 2014 residía en el sur de Francia. La pareja comenzó a cobrar las prestaciones sociales vascas en 2008 y ha sido acusada de defraudar 140.281 euros. La investigación policial ha comprobado que el varón detenido trabajó en Francia mientras cobraba las ayudas sociales vascas y que la pareja también percibió durante los últimos años fondos sociales del Gobierno francés.
La Policía Nacional inició su investigación tras ser advertida por Lanbide de que una persona nacional de Argelia portadora de una tarjeta de residencia de larga duración UE estaba recibiendo prestaciones de organismos públicos españoles pudiendo él y su familia estar residiendo en Francia desde hacía varios años. La investigación permitió comprobar que el matrimonio junto a sus cinco hijos residía en Francia desde 2014 y allí cobraban prestaciones como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).
La pareja ha llegado a cobrar casi 178.000 euros desde 2008 pero el presunto cobro indebido es de 140.281 euros. Según la Policía Nacional, en la actualidad los detenidos son titulares de tres vehículos, dos de ellos franceses y uno español, existiendo un cuarto vehículo que fue propiedad de los detenidos entre los años 2014 al 2016, propiedades todas ellas que tampoco fueron declaradas.
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2024/03/27/66047240e9cf4a9a638b458d.html
29/03/2024
1 Comment
Rubén Torres
8 meses agoLo primero que me llama la atención es que esa pareja tengan la poca vergüenza de traer a este mundo 5 hijos.
Los delitos de fraude deberían ser castigados con pagar 30 veces el valor de lo defraudado siempre que se pueda demostrar que posee bienes superiores a tres mil euros. Pero si se trata de personas que están pasando problemas económicos, es culpa de la mala gestión de los gobernantes al no darles la oportunidad de ganarse muy bien la vida, y los españoles nos merecemos una buena calidad de vida, por lo tanto deberían archivarse los cargos.