Inocente, nueve años de cárcel, y sólo un tercio de la indemnización

El Gobierno indemniza a la baja una de las mayores negligencias judiciales de la democracia, favorecida por un erróneo informe de la Policía: nueve años en la cárcel siendo inocente

  • José Antonio Valdivielso recibirá 143 euros por cada uno de sus 3.264 días en prisión.
  • Se intentó suicidar dos veces, sufrió depresión mayor con sintomatología psicótica y su personalidad se ha transformado «tras una experiencia catastrófica»
  • Antes de su encarcelamiento, su sueldo era el sustento principal de su familia, con su padre en paro y su madre con un 89% de minusvalía

¿Cuánto vale la vida de un ciudadano inocente al que arruinan la juventud metiéndolo nueve años en la cárcel? Ciento cuarenta y tres euros al día con todas sus letras, 143 con todas sus cifras. Por aquél en que la Policía fue a buscarle a su casa y durmió en el calabozo: 143. Por aquél en el que no aguantó más y se intentó ahorcar: 143. Por aquél en el que cumplió 22 años de edad, y 23, y 26 y hasta 30 entre rejas: 143. Y lo mismo por aquél en el que sufrió para siempre una «transformación persistente de la personalidad tras esa experiencia catastrófica»: 143.

El Ministerio de Justicia ha aceptado indemnizar muy a la baja a José Antonio Valdivielso por uno de los errores judiciales más graves de la democracia, probablemente el más lamentable si se toman en cuenta todas sus circunstancias, y una por encima de todas: fue un informe de la Policía Científica, inexplicable en la mejor interpretación posible para los dos números que lo firman, la que determinó su ingreso en la cárcel. Los peritos policiales, en contra de toda evidencia, concluyeron que él era uno de los tres atracadores que fueron grabados por las cámaras de un cajero en plena faena. No consta que Interior haya iniciado investigación alguna para esclarecer a quién corresponde esa responsabilidad.

Ciento cuarenta y tres euros por cada uno de los 3.264 días que Valdivielso penó injustamente hacen 466.616, muy lejos de los 1,1 millones que él solicitaba, basados en el sueldo que dejó de ganar, el daño moral y las secuelas. La resolución de Justicia, que ya ha sido recurrida ante la Audiencia Nacional, sigue el criterio del Consejo de Estado y hace un cálculo a tanto alzado en el que solventa la reclamación con el lenguaje de la rutina burocrática.

No hay una valoración precisa de los «perjuicios de todo orden» que Justicia reconoce: ni al quebranto que padecerá su base de cotización cuando se jubile por esos nueve años en los que no pudo trabajar, ni a las consecuencias psiquiátricas, ni a la tragedia personal que para cualquiera representaría pasar toda la veintena encerrado, ni al estigma social, ni a que la prueba más importante sea el producto de un inconcebible error de la Policía del Estado.

El caso de José Antonio Valdivielso conmocionó a España en febrero de 2013, cuando el Supremo aceptó revisar su condena a 13 años de cárcel -de los que cumplió nueve en tres cárceles distintas- por dos atracos consecutivos con violencia cometidos en Móstoles en mayo de 2001. Aquella noche, una banda de tres delincuentes robó a dos víctimas y en uno de los ataques estuvo a punto de matar a un hombre clavándole una navaja. Valdivielso, a esas horas, dormía en casa.

Dos personas con las que Valdivielso no tenía ninguna relación fueron detenidas. De forma sorprendente, dos víctimas de dos atracos diferentes que no se conocían entre sí lo señalaron en dos reconocimientos dudosos como el autor de los hechos después de que les enseñasen su foto en comisaría. El joven, que entonces tenía 21 años, había sido incorporado a los archivos policiales tras ser arrestado cuando viajaba como copiloto en un coche con la matrícula trucada con un esparadrapo para burlar los radares. La Policía aquilató las identificaciones aportando un estudio científico de las imágenes que captaron las cámaras de un cajero en el que certificaba que el tercer atracador era él, que la analogía era «total».

De nada sirvió que la abogada de la defensa, Isabel Torrado, aportase un segundo peritaje, realizado por un antropólogo de prestigio mundial: el doctor José Manuel Reverte Coma. Su informe subrayó todas las diferencias entre los dos rostros: Valdivielso tiene entradas, el del fotograma, no; las cejas de éste son finas, las de aquél, espesas; la nariz del atracador es más corta y tiene el tabique nasal desviado; sus orejas están más despegadas del cráneo, cuya forma es distinta; los labios de uno son anchos, los del otro, estrechos; Valdivielso tendría barba cerrada si se la deja crecer, el asaltante es barbilampiño. Pero la Audiencia de Madrid creyó a la Policía.

Un padre que viaja a los infiernos

Entonces entró en juego el otro gran protagonista de esta historia: Antonio, el padre de Valdivielso, que por su cuenta y riesgo llevó a cabo una investigación entre el lumpen de Móstoles y Fuenlabrada para localizar al verdadero atracador, una suerte de aquel Padre coraje de Benito Zambrano basado en una historia real ocurrida en Cádiz, pero, esta vez, en las tripas más oscuras de Madrid.

Y así, Antonio, dio, tras años de trabajo, con un tal José Carlos Hernández, contra el que presentó una querella. Durante ese procedimiento se pidió un nuevo informe, en este caso a la Guardia Civil. La conclusión fue demoledora en comparación con el anterior de la Policía, que quedó así en evidencia: «Las diferencias sustanciales (cabello, forma de la cara, frente, boca, mentón y oreja) existentes entre las imágenes dubitadas y la reseña fotográfica de José Antonio Valdivielso nos indican que se trata de personas distintas».

Gracias a este nuevo estudio y a la tenacidad del propio José Antonio, su padre y la abogada Torrado, que murió hace unos meses y no ha podido ver el resultado de su demanda de indemnización, el Supremo absolvió a un inocente.

En la lucha por la compensación, al menos económica, de este gigantesco error de Estado, la actual abogada de Valdivielso, Rosario Martín, refleja la situación personal y familiar de la víctima antes de ingresar en prisión y el tsunami psicológico que le arrasó durante los nueve años de cárcel, ocho de ellos sin un solo permiso. Y ambas cosas dan una idea de la magnitud del error.

José Antonio, la semana pasada en las afueras de Móstoles, donde vive. A.Di Lolli

En primer lugar, porque Valdivielso vivía con sus padres, trabajaba desde los 17 años en una empresa de carrocerías de coches y cuando fue detenido cobraba un sueldo de 1.021 euros al mes, el principal ingreso de la familia. Entre otras cosas, porque su madre tenía una minusvalía del 89% a consecuencia de un infarto cerebral que le restaba toda movilidad y su padre había dejado de trabajar para cuidarla. Un subsidio de desempleo de 62.870 pesetas y una ayuda por dependencia de 129 euros completaban la economía casera. Es decir, los ingresos del hijo eran la más importante financiación de la economía familiar. Pero José Antonio Valdivielso dejó de trabajar, y de cobrar, al día siguiente de su detención, el 24 de mayo de 2001. Y no volvió al empleo hasta una década larga después.

El chaval, de 21 años, carecía de antecedentes penales, ya que sus dos detenciones anteriores habían sido archivadas. La primera porque ir de acompañante en un coche con una matrícula trucada con una tirita no es infracción penal y la segunda porque la víctima de un atraco que le había identificado en comisaría se retractó en el juzgado: no es él.

Pero, quizá más desgarrador que la situación económica en la que quedaban él mismo y su familia, fue el descenso al averno de la depresión, la desesperación y los intentos de suicidio durante su estancia en prisión. EL MUNDO ha tenido acceso a los dossieres médicos y psiquiátricos que elaboraron las distintas cárceles donde estuvo Valdivielso y el informe pericial de Almudena Reneses, una especialista con ejercicio en la práctica privada y Master en Psiquiatría legal y forense por la Universidad Complutense que entrevistó a José Antonio, su padre y su novia en varias sesiones.

Graves secuelas psicológicas y emocionales

Divididos en tres etapas, los informes destacan el «grave sufrimiento psicológico y emocional» del joven. Hablan de una primera fase, desde el encarcelamiento hasta la ratificación de la culpabilidad por parte del Supremo, de «desconcierto, incredulidad y shock ante la detención», una «brusca e inesperada ruptura de su rutina familiar, laboral y social», un «sentimiento de responsabilidad hacia sus padres, dado que los ingresos de su trabajo eran el soporte económico de la familia» y un «sentimiento de incomprensión por parte de quienes le rodean, del sistema judicial y de los profesionales que lo atienden en prisión».

La segunda etapa, desde la ratificación de la culpabilidad hasta los primeros permisos, es más dura. «Fase de hundimiento» y «trastorno depresivo grave con sintomatología psicótica y grave intento de suicidio», escriben los informes. Valdivielso «iba perdiendo las fuerzas y energía, se sentía inmensamente solo, no tenía apetito, no conciliaba bien el sueño (…) Estaba abatido, triste, apático y tenía sentimientos de desesperación (…) Se fue aislando y su padre refiere que su hijo estaba ‘cada vez más triste, con más ojeras, más descuidado en su aspecto’ y que apreció en él ‘mayor intransigencia, no tenía paciencia… Nunca lo había visto así».

Los informes sostienen que esos síntomas se mantuvieron y el 20 de julio de 2007 se produjo un «grave intento de suicidio de alta letalidad (ahorcamiento) y baja rescatabilidad (busca un sitio aislado y solitario en el que no haya testigos que puedan rescatarlo) que requirió traslado a Urgencias del Hospital 12 de Octubre». Nueve días después fue dado de alta con tratamiento antidepresivo y ansiolítico.

Las cicatrices de los cortes que Valdivielso se produjo a sí mismo. A. Di Lolli

En los registros previos al intento de suicidio se recoge que Valdivielso «tenía miedo a la gente, estaba preocupado por su familia, tenía el ánimo bajo y había presentado conductas autolesivas». Para la psiquiatra, todos los síntomas son «compatibles con un trastorno depresivo mayor grave con síntomas psicóticos, no atribuible a ninguna otra patología mental ni al consumo de tóxicos».

Y la tercera etapa, desde los primeros permisos hasta hoy, coronan una conclusión brutal: «Se han ido operando cambios en su personalidad que han cristalizado en una transformación persistente de la personalidad tras una experiencia catastrófica». Los informes hablan de cinco rasgos que antes de su ingreso en prisión no existían en Valdivielso y que «interfieren en su funcionamiento social y familiar»: «Hostilidad y desconfianza hacia el mundo, aislamiento social, sentimiento constante de vacío y dependencia de sus padres y su novia, sentimientos de estar en peligro o amenazado mostrando frecuentemente actitud de vigilancia e irritabilidad, y embotamiento afectivo».

O sea, la cárcel convirtió a José Antonio Valdivielso en alguien más sufriente, más aislado, más dependiente emocional y más intranquilo ante el mundo. Le robó años y paz.

Y si el Estado se los robó habría de devolvérselos.

Una persona distinta a la que era antes

La demanda solicitaba el reintegro del importe del salario mensual de Valdivielso por los 107 meses que estuvo privado injustamente de libertad: 109.293 euros.

Por el daño moral, concretado en el fin de su carrera laboral; la privación de contacto con sus amigos y familiares; el sufrimiento por la situación de su familia; la pérdida de confianza en sí mismo, en los demás y en el sistema judicial; la incomprensión de los profesionales; la alteración psiquiátrica con intentos suicidas incluidos y la conversión en «una persona distinta a la que era antes de su encarcelamiento», la defensa pedía una indemnización por cada mes en prisión, o sea, 823.146 euros. Y 30.000 por los dos años de libertad condicional, un periodo integrante de la pena.

Por las secuelas resumidas en la depresión mayor y la transformación de su personalidad, y en base a los baremos indemnizatorios de los accidentes de circulación, se recamaron 101.496 euros.

Y por los gastos de defensa durante más de 11 años, los informes del antropólogo que afirmó que Valdivielso no era el atracador del cajero e incluso los servicios de una empresa de detectives que la familia contrató para buscar al verdadero autor de los hechos, la demanda pidió unos 11.000 euros.

En total, cerca de 1,1 millones.

Pero el Estado sólo parece sentirse culpable de una tercera parte. El resto es un puñado de años robados que le saldrán gratis a los culpables.

Errores judiciales: 36 millones en 15 años

Justicia dice ‘no’ a casi todas las reclamaciones por errores judiciales. En 2014, de 570 negó el 83%. Los casos en que el Estado paga su negligencia han supuesto 36 millones de euros desde 2000. Rafael Ricardi, un ‘gorrilla’ con estrabismo al que la víctima confundió con el verdadero violador, que tenía ese problema visual, pasó 13 años en prisión. El ADN le compensó con 1,1 millones, tres veces más que Valdivielso. Ricardi no tenía trabajo ni es probable que lo hallara, ni familia estructurada, ni era un joven con toda la vida por delante, ni fue la Policía la que provocó su condena. La injusticia fue, eso sí, igualmente inconmensurable. Hay otro caso, resuelto con 650.000 euros: un hombre que pasó nueve años en prisión por una violación que no cometió. Y Dolores Vázquez: 519 días en prisión y un trauma para siempre. Cobró 51.600 euros. Sólo se indemniza si el hecho del que el afectado es acusado no existió. O sea, para que Vázquez fuese indemnizada, tendría que demostrar que Rocío Wanninkhof no fue asesinada. J. M. / R. J. Á.

ESPAÑA

466.000, un tercio de lo calculado

Entrevista con José Antonio Valdivielso. ALBERTO DI LOLLI

RAFAEL J. ÁLVAREZ / JOAQUÍN MANSOMadrid

Actualizado: 01/06/2015

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10/02/2020