Bruselas blinda a los inmigrantes ilegales: exige la aplicación del «principio de no devolución» y critica la «militarización» de las fronteras

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Europa Press

 

Santiago Carranza-Vélez

julio 26, 2025

 

La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ha publicado este miércoles un informe que exige a los Estados miembros garantizar «la integridad de los derechos de los inmigrantes ilegales, incluso cuando estos son utilizados por potencias extranjeras como herramienta de desestabilización contra las fronteras europeas.

En concreto, la FRA recuerda que el principio de no devolución —que impide expulsar a quienes llegan ilegalmente al territorio europeo— debe considerarse «absoluto» y aplicarse sin excepción, ni siquiera en escenarios de ataque híbrido, donde regímenes hostiles utilizan oleadas migratorias masivas para presionar o desestabilizar políticamente a un Estado miembro.

«El uso de inmigrantes como instrumento político no es nuevo, pero las respuestas a este problema no deben eclipsar la realidad humana», ha afirmado la directora de la agencia, Sirpa Rautio, en un comunicado oficial. El informe critica que algunas respuestas nacionales a este tipo de amenazas estén adoptando medidas de control fronterizo que, según la FRA, podrían «socavar la protección de los derechos fundamentales», incluidos el derecho al asilo y la asistencia humanitaria. La agencia advierte de que estas prácticas no pueden convertirse en un «modelo» generalizado para gestionar los flujos migratorios no autorizados.

La FRA insta a que las medidas se dirijan únicamente contra los traficantes de personas y los actores políticos que organizan estas agresiones demográficas, pero nunca contra los propios inmigrantes ilegales que las protagonizan. Además, recuerda que las ONG que los asisten deben quedar exentas de cualquier tipo de penalización o restricción, incluso si operan en contextos de entrada ilegal.

La Agencia sostiene que los Estados de la UE tienen «la obligación» de recibir y atender a todo el que cruce la frontera de forma ilegal, garantizando su acceso al sistema de asilo sin restricciones. Ni siquiera el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que otorga a los gobiernos cierto margen de maniobra en frontera, puede limitar lo que la FRA define como «derechos fundamentales intocables».

Además, la agencia muestra su preocupación por la creciente «militarización» de las fronteras exteriores de la UE, señalando que el uso de fuerzas armadas para contener flujos ilegales podría «difuminar los límites» entre defensa legítima y violación del Derecho europeo. Toda respuesta debe estar subordinada a la Carta de Derechos Fundamentales, advierte el documento.

El eurodiputado checo Ondřej Knotek, miembro del grupo soberanista Patriotas por Europa, ha presentado un informe demoledor contra la nueva meta climática propuesta por la Comisión Europea para 2040: un recorte del 90 % de las emisiones en comparación con los niveles de 1990. Su posición, presentada oficialmente este 24 de julio, marca un antes y un después en el debate climático europeo, con una crítica frontal al dogmatismo verde que domina Bruselas.
«La UE ya tiene objetivos vinculantes para 2030 y 2050. Pero ahora nos fuerzan a seguir una senda suicida que nuestros competidores no comparten. Mientras el mundo se rearma y lidia con crisis reales, nosotros seguimos atrapados en una obsesión ideológica», declaró Knotek a The European Conservative.

En su informe, califica el plan climático como un «experimento ideológico» que pone en riesgo la base industrial europea y la estabilidad económica de millones de hogares. Según sus estimaciones, el cumplimiento del objetivo podría costar a las familias europeas hasta 3.700 euros adicionales por año. Y todo ello sin un impacto significativo en el clima global.
El informe recuerda que ninguna gran economía del mundo ha adoptado objetivos tan agresivos para 2040. Ni Estados Unidos, ni China, ni la India han asumido compromisos semejantes. «Una vez más, la UE pretende liderar por el precipicio, sin que nadie la siga», lamenta el eurodiputado checo.

La estrategia del Patriotas por Europa es clara: desmontar el fundamentalismo climático que amenaza con socavar la competitividad industrial de países como la propia República Checa, fuertemente dependiente del carbón y de sectores estratégicos como el químico y el energético. El grupo denuncia además que las políticas verdes de Bruselas ya han provocado deslocalizaciones, cierres de empresas y pérdida de empleos en sectores clave, sin que se haya presentado ningún plan serio para proteger a la economía europea ni a sus ciudadanos.

La votación definitiva del informe se espera para octubre, luego de un proceso de enmiendas que concluirá en septiembre. Según Knotek, entre los Estados miembros tampoco hay una mayoría clara a favor de la meta de 2040, lo que augura una negociación tensa y abierta.

La ofensiva judicial contra las voces críticas con la inmigración masiva ha llegado ahora a Chequia. El líder del partido Libertad y Democracia Directa (SPD), Tomio Okamura, podría enfrentarse a hasta tres años de prisión por haber denunciado —con contundencia y crudeza— los efectos devastadores de las políticas migratorias impuestas por Bruselas.

La policía checa propuso el jueves 24 de julio que se presenten cargos contra Okamura por «incitación al odio» en relación con los carteles de campaña usados en las elecciones regionales de 2024. Uno de los afiches mostraba a un hombre negro ensangrentado con un cuchillo bajo el eslogan: «Las carencias en sanidad no se solucionan importando ‘cirujanos’». La frase ironizaba sobre el relato dominante en la UE que justifica la inmigración masiva como solución al déficit de trabajadores cualificados.

Otro cartel mostraba a dos jóvenes gitanos fumando, con frases como «Nos dicen que vayamos al colegio, pero a mis padres no les importa» y «Apoyo solo a las familias cuyos hijos van a la escuela». Una crítica evidente al uso clientelar de los subsidios sociales en comunidades que no cumplen con responsabilidades básicas como la escolarización.

El Parlamento checo ya había levantado la inmunidad parlamentaria de Okamura, abriendo la vía a su enjuiciamiento. Su respuesta ha sido tajante: «Quienes necesitan silenciar a sus oponentes con censura y cárcel han perdido el debate —y lo saben. Cuando el Estado castiga opiniones disidentes, no protege la democracia. La destruye», escribió en su cuenta de X.
La acusación llega en un momento clave. El SPD crece de forma sostenida en los sondeos y se proyecta como la tercera fuerza más votada de cara a las elecciones parlamentarias de octubre, con un 14% de apoyo. Sólo le superan la coalición de gobierno eurofilo Spolu (19%) y, por otra parte, el partido ANO del exprimer ministro Andrej Babiš (32%), también soberanista contrario a la inmigración.

Babiš, por su parte, también es blanco de un proceso judicial que se ha extendido durante décadas. Aunque fue absuelto, una reciente decisión judicial ha reabierto el caso, generando sospechas de maniobras políticas contra su candidatura. Sobre el caso de Okamura, incluso parlamentarios del partido de Babiš han expresado reservas. Radek Vondráček, diputado de ANO, calificó la campaña de Okamura como «estúpida y de mal gusto», pero advirtió: «Eso no significa que sea delito penal».

Lo que ocurre en Praga no es un caso aislado. Como en Francia con Marine Le Pen, o en Italia con Matteo Salvini, la maquinaria judicial se convierte en herramienta de persecución ideológica contra aquellos que desafían el consenso multiculturalista y defienden la soberanía nacional.

 

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26/07/2025