Actualizado 13 Octubre 2022

Javier Fernández

La semana pasada se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, en los cuales se destinan 266.719 millones de euros a gasto social, la mayor cifra hasta la fecha. Las políticas de juventud, por ejemplo, aumentan 13,2%, entre las cuales se encuentran la prórroga de ayuda al alquiler de 250 euros y el bono cultural para jóvenes de 18 de 400 euros.

Buenas noticias para los pensionistas. Pero el aumento en pensiones constituye el incremento más notable del libro amarillo presentado el pasado jueves en el Congreso. Se trata de un incremento del 8,5%, cumpliendo con la revalorización de las pensiones conforme al IPC recomendada en el Pacto de Toledo, que se traducen en casi 39.000 millones de euros, un 7,2% más que el año pasado.

Mayor cotización. Por otro lado, el Ejecutivo aumentará las bases máximas de cotización en un 8,6%, medida incluida en el Plan de Recuperación entregado el año pasado a la UE, y elemento clave de la reforma de las pensiones, en presente negociación con los agentes sociales. Además, el próximo año entrará en funcionamiento el sistema de equidad intergeneracional, lo que supondrá un aumento del 0,6% de las cotizaciones sociales (0,4% sobre las empresas y 0,2% sobre trabajadores).

El problema de la hucha de las pensiones. El objetivo de esta medida es llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocido como hucha de las pensiones, el cual alcanzó su máximo en 2011 con 66.815 millones de euros, y que diez años más tarde contaba apenas con 2.138 millones de euros según un informe realizado por las Cortes Generales. El Ejecutivo cree que, de esta forma, se podrá garantizar el futuro de las pensiones, especialmente cuando avance la jubilación entre los ‘baby boomers’, lo que hará aumentar la tasa de dependencia teniendo en cuenta la evolución demográfica española.

Por lo tanto, si una pensión media española está, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los 1087,48 euros, con la revalorización conforme al IPC pasará a los 1179,88 euros, lo que supone un aumento de 92,4 euros.

Este incremento supone un apoyo muy importante para los pensionistas teniendo en cuenta que en septiembre la tasa de inflación llegó al 9%. Es, además, producto del acuerdo parlamentario al que se llegó en 1995, denominado Pacto de Toledo, alcanzado para garantizar el futuro de las pensiones: en 2009, la pensión media se situaba en los 741,62 euros , y ahora supera los mil. Por contextualizar: ese año, el salario medio de los jóvenes de 16 a 34 años, que no depende de ningún acuerdo parlamentario sino de las fluctuaciones del mercado laboral -que todavía no había sufrido todas las consecuencias de la Gran Recesión-, se encontraba en los 1.406,07 euros.

Los efectos de la crisis de 2008 son evidentes: la precariedad que se estableció en ese momento es una losa muy pesada de levantar. En 2017, por ejemplo, el presidente de la Organización Médica Colegial, Serafín Romero, reclamó un pacto contra la precariedad laboral en la sanidad, indicando que la sostenibilidad salarial era el mayor problema del sector sanitario. Si bien no hay previsión de establecer un pacto en materia de salarios de los jóvenes similar al de las pensiones, sí se puede apreciar una leve corrección en el mercado de trabajo en los últimos años.

Problemas a la vista. Por otro lado, este incremento ha reavivado el debate sobre el estado actual del sistema de pensiones y su reforma, que está siendo negociada entre el gobierno y los agentes sociales. Entre los problemas señalados del sistema se encuentra la evolución demográfica: la población mayor de 65 años representa casi el 20% de la población total, y la edad media de la misma ha aumentado hasta los 44 años. Esto quiere decir que, cuando la generación del ‘baby boom’ comience a jubilarse, las cuentas de la seguridad social se verán más presionadas al aumentar la tasa de dependencia, es decir, la cantidad de pensionistas por cada cotizante.

El salario es clave. No obstante, hay quien sostiene que el principal problema no es demográfico. En diciembre de 2019, Ángel de la Fuente, director de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), publicó un estudio en el que indicaba que la productividad era un elemento crucial en el sistema público de pensiones. Según el economista, “la fuerte desaceleración del crecimiento de la productividad y por tanto de los salarios reales” es el elemento más importante que explica el deterioro de la situación financiera del sistema contributivo de pensiones. Es decir, que a bajos salarios, peores pensiones.

La precariedad laboral se ceba con los jóvenes. Según un informe elaborado por el Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante y CCOO, en 2021, la incidencia en los jóvenes de la precariedad asalariada era del 75%. Además, según otro estudio realizado por Fedea, en 2019 los jóvenes españoles cobraban menos que en 1980: el descenso a nivel de salario entre los jóvenes de 30 y 34 años era del 26% y entre los de 18 y 20 años del 50%.

Otras carencias del mercado laboral español. Según Eurostat, en agosto de este año el paro juvenil de los menores de 25 años en España se situó 26,6%, la segunda cifra más alta de la UE, sólo superada por Grecia con un 28,6%.

Además, nuestro país posee una alta tasa de temporalidad: en 2021, sólo 1 de cada 10 contratos fue indefinido. Europa alertó a España sobre esta cuestión, y con la idea de reducir este ratio se elaboró la reforma laboral. No obstante, el panorama general no favorece la productividad, la cual descendió en un 6,6% a principios de año, y por lo tanto dificulta, según Fedea, un buen desarrollo del sistema de pensiones.

Víctor J Blanco / GTRES

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25/10/2022