La organización Observatorio de Bienestar Animal se querella contra el dueño y trabajadores de una explotación porcina por presuntos delitos de maltrato animal y publicidad engañosa
Cerdo con una hernia abdominal. Observatorio de Bienestar Animal
Javier Ayuso Santamaría
Valladolid — 15 de mayo de 2024
Cerdos con “hernias de unos 12 kilos” o “supurando pus”, “larvas en los comederos”, “ratas moviéndose libremente” y operarios que “aplicaban mucha violencia sobre los animales de manera innecesaria”. Estas son las imágenes que un informante anónimo ha facilitado a Observatorio de Bienestar Animal (OBA) para que la organización denuncie una nueva ‘granja de los horrores’ en la provincia de Burgos, esta vez en la localidad de Arauzo de Torre (64 habitantes).
La explotación porcina, con dos naves y con capacidad para unos mil animales, trabaja para el proveedor Agrocesa, integrado dentro del grupo Vall Companys además de contar con los sellos del Interporc Animal Welfare Spain (IAWS) y Welfare Quality de bienestar animal de Welfair en el momento de la grabación de los hechos, entre junio y diciembre de 2023.
Los operarios de la granja han sido denunciados por el Observatorio de Bienestar Animal ante el juzgado de Salas de los Infantes (Burgos) por presuntos delitos de maltrato animal y publicidad engañosa al igual que “cualquier otra persona que en fase de instrucción pudiera aparecer como autora, cómplice o encubridora de los hechos”, según recoge la denuncia en referencia a los posibles trabajadores del proveedor que aparecen en los documentos gráficos presentados.
En una conversación con elDiario.es, el autor de la investigación difundida por el Observatorio de Bienestar Animal relata que al llegar a la granja pudo ver “imágenes de animales sufriendo y agonizando”. Fue al indagar las relaciones comerciales de la explotación cuando certificó que la granja “formaba parte de una empresa que está certificada con dos mayores sellos bienestar animal de España, y que se vende en Lidl”, explica el informante.
Lidl niega su vinculación con esta granja. Agrocesa, que pertenece a Vall Companys, asegura, por su parte, que esa relación no existe desde hace, al menos, cinco años. La marca alemana manifiesta que “no es la primera vez” que Observatorio de Bienestar Animal trata de vincularles con casos de maltrato animal, “habiéndose demostrado falsos”. Asimismo, condenan “los abusos y el maltrato animal” y señalan que realizan “de forma proactiva y sin previo aviso” numerosos controles y auditorías a sus proveedores.
Por su parte, Agrocesa, ha adelantado a elDiario.es que han abierto una investigación interna para determinar “la veracidad de las imágenes” y actuar “con contundencia” si éstas se confirmaran. La proveedora también explica que, al no haber tenido acceso directo a las imágenes facilitadas por el informante a OBA, no pueden reconocerlas “como veraces” por la edición de las mismas. “En caso de ser verídicas, en algunas de estas imágenes, las prácticas que se observan son absolutamente incompatibles con el código de buenas prácticas de manejo de la empresa”, reconocen.
Agrocesa insiste en que “está comprometida con el bienestar en la crianza de sus animales” y que “el bienestar animal es uno de los valores intrínsecos de la empresa, por lo que las prácticas que no respeten estos valores y metodologías son totalmente intolerables y condenables”. Asimismo, defienden que se reservan “la posibilidad de emprender acciones legales en caso de que se vean vulnerados sus derechos”. A preguntas de elDiario.es sobre el destino final de los cerdos de la explotación señalada no se ha concretado su seguimiento.
Desde la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca (INTERPORC), responsables del sello IAWS, sostienen que desde 2023 no trabajan con Agrocesa ya que “no está adherida al sello” por lo que no se somete a las auditorías que certifican el cumplimiento del Reglamento Técnico IAWS. Hay que recordar que las imágenes se grabaron el pasado año entre junio y diciembre, según el informante. El otro certificador, Welfair, se encuentra verificando la información solicitada por este medio para dar respuesta a las imágenes presentadas.
Agrocesa reconoce que dejaron el sello IAWS “a finales de 2023”. Y consideran un “error” que en el momento de elaboración de esta información, su web recogiera el siguiente mensaje: “Actualmente todas nuestras industrias y sistemas de producción están certificados mediante sellos de Bienestar animal reconocidos, como el de cría ecológica, el Interporc Animal Welfare Spain (IAWS), Welfare Quality o Global GAP”.
Hernias de “hasta 12 kilos”
“Los hallazgos que fui recopilando durante el proceso de estos meses han sido larvas en los comederos, había ratas moviéndose libremente, sabiendo que pueden transmitir enfermedades que pueden contagiar a los humanos como la triquinosis”, apunta el autor de la investigación. Los vídeos que ha grabado muestran cerdos con hernias bastante significativas. “Recuerdo un animal que tenía una hernia, yo diría que, de unos doce kilos, donde el animal apenas podía ponerse de pie”, asegura.
En esas imágenes también se puede ver a personas, que según la denuncia son supuestos operarios, “aplicando mucha violencia sobre los animales de manera innecesaria”. “Les golpeaban fuertemente, les daban patadas, aplicaban descargas eléctrica tanto en la cara como en el ano, y durante largos períodos de tiempo. Además de todo esto, vi animales enfermos con hernias y cojeando a los que subían en el camión”, manifiesta el informante.
Uso de una ‘picana’ en un cerdo durante el transporte. Observatorio de Bienestar Animal
El maltrato era “constante e innecesario” reitera el investigador que explica que su intención es que “la gente vea lo que está pasando en este lugar, porque yo no comería las carne de este lugar ni nadie que lo vea”.
Los vídeos a los que ha accedido elDiario.es muestran el uso de la bala cautiva —que es un método legal— para sacrificar cerdos. El informante señala que se puede ver cómo, en ocasiones, emplean esta herramienta “dos veces porque la primero falla y después el animal se queda agonizando durante tres minutos aproximadamente”.
La inspección de la Junta dice que “se cumplen todos los protocolos de bienestar animal”
Los veterinarios oficiales de la Junta de Castilla y León, junto al Seprona, realizaron este martes una inspección a la explotación por la que han determinado que “se cumplen todos los protocolos de bienestar animal”, según informa la Consejería de Agricultura y Ganadería. El Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) también ha abierto una investigación a petición del juzgado realizando dos visitas, la primera este martes con los veterinarios de la Junta y la segunda este miércoles.
Esta Consejería afirma que se abrirá una instrucción en la que colaborará “con todo lo que se le requiera”. Asimismo, apuntan que no se debe “demonizar” al sector cárnico “ni desincentivar” el consumo de carne por casos que pudieran llegar a considerarse “mala praxis” que, “de confirmarse, son minoritarios y excepcionales”.
Antes de esta última visita, la Junta realizó una encuesta de bioseguridad el 15 de noviembre de 2023 que determinó que estaba “todo en orden”, según la Consejería de Agricultura y Ganadería, en manos de Vox. Según OBA, en las grabaciones del informante realizadas tan solo cinco días después, entre los días 20 y 24 del mismo mes, se puede ver “un cerdo postrado con problemas de movilidad, otros dos con hernias abdominales y telarañas encima de los animales”.
Patadas o descargas eléctricas para mover a los animales
Pero la bala cautiva no es el único acto que se documenta. En las imágenes se puede ver cómo se usa un tubo de pvc para golpear a los animales, cómo se dan patadas a los cerdos también en el momento de carga —según la denuncia también participan trabajadores de la empresa proveedora— o el uso del martillo tatuador —que sirve para grabar la identificación del animal— con un “exceso de violencia”. También se puede observar el uso de aparatos de descargas para hacer que los animales se muevan.
Otro hecho que se observa son cerdos con heridas o hernias. Preguntado por si le consta que recibieron algún tratamiento veterinario, el informante comenta que “nunca” vio “a una tercera persona que me indicara que fuera un veterinario”. “Vi al propio trabajador de la granja cómo aplicaba antibióticos a cerdos enfermos y a cerdos sanos”, afirma.
Otra circunstancia que relata es que en caso de que el cerdo estuviera muy enfermo “sí se aísla” en un lazareto —zona de cuarentena y tratamiento—, “pero muchos de ellos estaban mezclados” sin separar entre sanos de enfermos.
Entre los aspectos que llamaron la atención del investigador es que los trabajadores y el propietario habían recibido formación específica en bienestar animal. “Lo que me ha demostrado esta investigación es que las instalaciones certificadas son un fraude, solo están engañando a los consumidores, porque muchos solo compran en base a estos sellos”, critica.
En un fragmento del vídeo, se puede escuchar una conversación en las que una persona asegura que hay dos tipos de cerdos: el “azul” y el “rosa”. “El azul es bueno y se va a China y el rosa se queda en España”, se puede entender. Esto se constata, como defiende el informante, al ver cómo cerdos “enfermos y cojeando” pintados de rosa subían a camiones. De los mil cerdos con los que cuenta la explotación, según las estimaciones del investigador, habría un “5% o un 10%” con signos visibles de estar en mal estado.
Un operario saca un cerdo muerto; a la izquierda cerdos pintados de azul y a la derecha, de rosa. Observatorio de Bienestar Animal
Denuncia por maltrato animal y publicidad engañosa
Según Julia Elizalde, mánager de campañas del Observatorio de Bienestar Animal, el caso es “especialmente duro”, ya que a su juicio dentro del delito de maltrato animal observan “las tres tipologías”. Hay un presunto “maltrato activo hacia los animales con los golpes” con el uso de herramientas y en la carga para el transporte además de “agravantes de muerte y acción por omisión”, por “la gran presencia de dolencias y enfermedades en los animales”, como las “hernias gigantes de hasta doce kilos de peso”. Otro aspecto que detalla Elizalde es que “la asistencia veterinaria también es una cuestión que proporciona la empresa integradora”.
Sobre el agravante de muerte se refiere al uso de la bala cautiva, que, aunque no es ilegal, como recalca, “no se realiza un sacrificio efectivo, porque el animal tendría que morir inmediatamente en un sacrificio de emergencia”.
Otro delito que denuncian es el de publicidad engañosa. “Tenemos comunicaciones públicas que dan a entender que las granjas que forman parte de este grupo tienen ambos certificados” —certificado ‘Welfair’ y el sello IAW—, precisa la representante de OBA.
‘Welfair’ es el sello que está más extendido en todas las especies, mientras que el sello IAW es el específico que realizó la asociación de productores de porcino Interporc, que es el Interport Animal Welfare Spain. “Ambos son privados y requieren de unas auditorías periódicas”, apostilla Elizalde. Desde OBA manifiestan que llevan “años” pidiendo a ‘Welfair’ que se haga “un sello multinivel” según el nivel de bienestar animal siguiendo el ejemplo de Francia, Alemania y otros países europeos.
Pero la denuncia no solo es por el trato de los animales sino por “bioseguridad”, como revela la responsable de campañas. “Subir animales con heridas al camión, la cantidad de telarañas, larvas, ratas, incluso en el propio pienso de los animales… nos parece que el control es nulo”.
Esta denuncia de OBA se suma a otra presentada en otra explotación porcina de la cercana localidad de Quintanilla del Coco, también en Burgos. Tanto esta primera, como la de Arauzo de la Torre, viene a demostrar algo que desde la organización critican que es el ‘welfare washing’, un “lavado de cara” similar al ‘greenwashing‘, pero recurriendo al denominado ‘bienestar animal’, y que, sin embargo, “no garantiza el bienestar de esos animales en toda la cadena de producción”, reprocha.
“En vez de desarrollar políticas de bienestar animal avaladas científicamente, lo que se realiza es pasar la pelota de ese supermercado, que es el que da la cara frente al consumidor, a externalizar esa responsabilidad de bienestar animal a un tercero al que se le paga un dinero para que audite de cierta manera o tenga algún tipo de control sobre sobre las granjas”, critica Elizalde.
30/05/2024
