14/07/2024
APNAL-Ecologistas en Acción denuncia los reiterados vertidos de escombros y residuos en la albufera de Oropesa, humedal litoral protegido de alto valor ambiental y sometido a una grave presión urbanística y turística.
La albufera o marjal de Oropesa (Castellón) es un humedal litoral, con típica vegetación palustre y de saladares, del que tan sólo quedan ya 15 hectáreas y que se evitó su desaparición en los tribunales, impidiendo la urbanización del sector litoral desde c/Galicia-Avda. Barcelona hasta la desembocadura del río Chinchilla. Su suelo está considerado como No urbanizable de protección litoral y, además, se encuentra amparado y protegido bajo numerosa normativa (Ley 7/2016, de 30 de septiembre, con la reforma del artículo 15 de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, donde se amparan todas las zonas húmedas existentes, estén catalogadas o no; el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral-PATIVEL; Plan de Acción Territorial de riesgos de inundaciones en la Comunidad Valenciana-PATRICOVA; Ley de Restauración de la Naturaleza en la UE, etc.)
A pesar de ello y de los enormes beneficios de los humedales (recordemos que son hábitats muy valiosos pues actúan como reservorios de agua dulce y sumideros de gases de efecto invernadero; que regulan el clima y las inundaciones; que son auténticas depuradoras naturales; que albergan una biodiversidad protegida única;…) , desgraciadamente la albufera de Oropesa no sólo no está catalogada como humedal sino que, desde hace años, sufre desecaciones y aterramientos con vertidos de escombros e inertes de todo tipo, que ya han colmatado ya más de 2.000 m2 de su zona palustre e inundable, y encima con una grave actitud negligente por parte de las administraciones, tanto locales como autonómicas.
Si ya de por sí verter escombros y residuos en zonas no permitidas es ilegal y un delito, aún lo es más no saber si entre esos vertidos de residuos pudieran haber materiales peligrosos (sirva de ejemplo: metales pesados, uralitas, residuos industriales, etc.) que podrían contaminar acuíferos y afectar seriamente a la salud humana.
Si a todos estos delitos unimos la afección a suelos no urbanizables protegidos e inundables, la desecación de un humedal, la nula vigilancia municipal al respecto y la permisividad de las autoridades, el asunto se convierte en una grave problema para el medio ambiente y la salud pública, y nadie parece hacer nada para detenerlo, restaurar las agresiones al medio natural, sancionar a sus responsables y velar por la conservación de un paraje tan singular como la marjal de Oropesa.
Ecologistas en Acción ha formulado denuncias ante el Ayuntamiento de Oropesa y la Conselleria de Medio Ambiente para que se investiguen estas agresiones, se sancione a sus responsables y se repare el daño causado.
Recordemos que es necesario actuar con urgencia para evitar la degradación y paulatina desaparición de estos ecosistemas tan frágiles, tomando acciones concretas para proteger su entorno y biodiversidad.
Es necesario proteger realmente estos parajes, señalizarlos, restaurarlos y vigilarlos, además de educar y concienciar a la ciudadanía para que aprendan a respetar estos singulares ambientes palustres y conozcan su importancia.
La existencia de parajes naturales bien conservados es cada vez una herramienta turística más demandada que, si se hace de forma sostenible e inteligente, nos beneficiaría a todos.
31/07/2024
1 Comment
Rubén Torres
2 meses agoPor fin mis compañeros dicen cosas con sentido común y apoyo todas sus propuestas. Pero es que además de lo que han propuesto yo añadiría que se deberían otorgar unas licencias que autoricen a poder demandar a todo aquel que no respete la Naturaleza o el bienestar de los animales tanto salvajes como domésticos. Que una vez sean verificadas las pruebas aportadas se lleven el 75% de la multa. Pues contratar a vigilantes de seguridad aparte de ser un gran gasto público nunca hará el trabajo de un buen ecologista dado que ignoran qué especies están protegidas. Por todo ello, sería conveniente que esas licencias se entreguen solo a ecologistas voluntarios.