Por Mauricio Ochoa Suárez

Al menos 65 parques eólicos funcionarán en 2031 en la Alta y Media Guajira. Más de 600 comunidades étnicas tendrán impactos con los 2.600 aerogeneradores que estarán instalados en el 98% del territorio wayú. La transformación energética del país podría convertirse en el declive de todo un pueblo.

 | 2020/01/14

 Jepirachi es el único parque eólico en Colombia. Este proyecto, de EPM, posee 15 aerogeneradores y tiene una capacidad instalada de 19,5 MW. Foto: Esteban Vega La -Rotta / Semana

Jouktai significa viento en wayuunaiki, pero este vocablo también encarna una deidad que ha venido acompañando al pueblo wayú desde que se estableció en la península de La Guajira, tras migrar de la Amazonia. Jepírachi, entre tanto, quiere decir brisa distinta del norte, y Jemeiwaa Ka’i, significa “nace el sol”.

Ahora las multinacionales usan estas tres palabras, propias de la comunidad indígena, para denominar los parques eólicos que en unos años terminarán por cubrir el paisaje de la Alta y Media Guajira. “En pocas décadas todo este territorio habrá cambiado radicalmente si se construyen los 65 parques eólicos planeados”, indicaron Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, y Joanna Barney, magíster en paz y resolución de conflictos, en su libro El viento del este llega con revoluciones.
Se refieren a la instalación de más de 2.600 aerogeneradores de energía que, a 2031, funcionarían en los mencionados parques para producir 6.500 megavatios para el sistema de interconexión nacional. Se espera que para 2022 comiencen a operar los primeros nueve proyectos, que generarán 1.139 megavatios, aunque la meta del gobierno del presidente Iván Duque es pasar de 50 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales, a 1.500 megas al término de este cuatrenio, equivalentes a lo que necesitan ciudades como Cali y Medellín juntas en un año, según el Ministerio de Minas y Energía.

“Finalmente cuando se efectúe todo el despliegue, La Guajira tendrá la capacidad de producir 30 gigavatios (GW), casi el doble de lo que ahora consume el país”, explicó González.

Más de 2.600 aerogeneradores de energía serían instalados a 2031 en la Alta y Media Guajira. Foto: Esteban Vega La-Rotta /Semana.

En la segunda fase, se espera que las 19 empresas interesadas en adelantar estos proyectos inviertan unos 6.000 millones de dólares. “De manera silenciosa se está transformando La Guajira en la primera potencia de energía eólica de Colombia y en uno de los núcleos de transición energética más importantes del continente”, señalaron los expertos.

De hecho, de continuar por esa línea, en 2050 este tipo de energía podría generar 16 GW en el país, es decir, el consumo actual de Colombia con hidroeléctricas y termoeléctricas.

Los avances

Las comunidades indígenas temen por las transformaciones sociales que se puedan registrar tras la instalación de todos los parques eólicos. Foto: Manuel Salinas Bustamante/Indepaz.

Las multinacionales ya adelantan los procesos de instalar torres de medición de vientos, hacer estudios de impacto ambiental, gestionar licencias y realizar consultas previas. “Cada empresa trabaja en uno o dos parques eólicos para entregar energía a la red de transmisión que está construyendo el Grupo de Energía de Bogotá. De modo que en 2022 ya pueda vender energía al sistema nacional, a partir de un trazado eléctrico que irá desde Uribia hasta las colectoras situadas en el corregimiento de la Loma, en El Paso, Cesar”, explicó el presidente de Indepaz.

Las multinacionales ya adelantan los procesos de instalar torres de medición de vientos, hacer estudios de impacto ambiental, gestionar licencias y realizar consultas previas. “Cada empresa trabaja en uno o dos parques eólicos para entregar energía a la red de transmisión que está construyendo el Grupo de Energía de Bogotá. De modo que en 2022 ya pueda vender energía al sistema nacional, a partir de un trazado eléctrico que irá desde Uribia hasta las colectoras situadas en el corregimiento de la Loma, en El Paso, Cesar”, explicó el presidente de Indepaz.

González sostuvo que la estrategia de las empresas consiste en dividir un gran parque en varios proyectos. Con ello pretenden no tener que gestionar permisos ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, por iniciativas mayores a 100 megavatios, sino regionalmente en la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira.

Luis Medina, director de Corpoguajira, afirmó que “además de los nueve proyectos ya licenciados, otros 12 están en proceso: diez eólicos y dos de energía solar”.

El funcionario aseguró que las compañías están surtiendo el trámite legal y adelantando las consultas previas con el pueblo wayú. Sostuvo, además, que trabajan de la mano de un palabrero (figura de autoridad en el pueblo wayú), quien funge de abogado, para que queden bien establecidas las peticiones de esa comunidad. “Una de las exigencias más sentidas es que se les dote de servicio de energía eléctrica. También solicitan el acceso a agua potable”, dijo.

Sin embargo, ante la Anla ya han obtenido licencia ambiental para la producción de energías a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, (FNCER) seis proyectos hasta el momento: tres solares y tres eólicos. La ubicación de estos tres últimos será en La Guajira. 

Alpha, que generará entre 200 y 250 MW, y Beta de 280 MW, por ejemplo, estarán ubicados en Maicao (corregimiento Limoncito) y Uribia, respectivamente. El objetivo del Grupo Energías de Portugal (EDP), multinacional que obtuvo los contratos por medio de su filial de negocios renovables EDP Renováveis, es comenzar a operar en 2022, luego de haber efectuado una inversión de 500 millones de dólares.

El Gobierno nacional adjudicó en 2019, a través de subasta, siete proyectos eólicos con una inversión superior a siete billones de pesos (1.672.093.184 €). 

Licenciamiento social, a medias

Los 65 parques eólicos ocuparían cerca de 90.000 hectáreas, el 98 por ciento ubicadas en territorio colectivo wayú. Estos proyectos, según estimaciones de Indepaz, impactarían a 600 comunidades étnicas de los más de 30 clanes existentes. Los indígenas dicen que desconocen la magnitud de estas iniciativas, argumento que confirman los investigadores de Indepaz, quienes desde hace dos años adelantan un estudio sobre el impacto que esta revolución energética generará para la zona.

Joanna Barney y Camilo González Posso realizaron un estudio por más de dos años sobre el impacto que la revolución energética generará para La Guajira. Foto: Manuel Salinas Bustamante/Indepaz.

“Detectamos que el gobierno nacional no les ha informado con claridad a las comunidades sobre lo que está en juego. Las compañías llegan directamente al territorio, ubican el sitio donde quieren construir el parque y comienzan a relacionarse con las rancherías”, señaló Joanna Barney. Agregó que el Ministerio del Interior solo se ha dedicado a expedir los certificados en los que les informan a las empresas sobre las comunidades indígenas presentes en el territorio.

 “Las comunidades se ven abocadas a enfrentar solas a grandes monstruos (empresas), sin ninguna asesoría. Les piden que los dejen instalar unas antenas y que a cambio les dan lo que ellos quieran, y la gente como no sabe sobre la dimensión del asunto, termina aceptando”, comentó.

A Barney también le preocupa que en materia de regalías no exista una normatividad que regule las fórmulas de pago a las comunidades y, más aún, en términos de un recurso renovable como el viento.

“A la gente la están tramando diciéndoles que van a crear fondos de proyectos, manejados por las mismas empresas”, resaltó. Advirtió que se están aprovechando de las comunidades, a partir del velo de desinformación existente. “Si no hay claridad y el Gobierno sigue regulando esto de forma desordenada, esta oportunidad de oro terminará generando un desastre para esa región”, sostuvo.

Armando Custodio Wouriyu Valbuena, líder wayú y expresidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), aseguró que las empresas no dicen la verdad. «La verdad es decirles a las comunidades que necesitan su suelo porque van a usufructuar a su dios viento (Purash Jouktai) y su dios sol (Purash Kai) y que de cada 100 dólares que esto va a producir, ellos se van a quedar con todo. Nunca dicen eso», apuntó.

Aseguró que las compañías se han dedicado a señalar que es necesario hacer consultas previas. «Algunas lo han hecho bien y otras mal. Informan superficialmente que van a hacer. Les dicen las pequeñas cosas que les van a dar como compensación, pero que nada tienen que ver con el valor real de la utilidad que van a sacar allí», resaltó.

Para Wouriyu no ha existido tampoco una comunicación real, clara, precisa y concreta. Considera que a la comunidad wayú se le debería informar todo sobre los efectos ambientales y sociales que esto traerá. «Como las empresas no dicen la verdad, las autoridades indígenas no saben, desconocen que estas compañías lo que quieren es producir energía eléctrica para la acumulación del capital privado sin la participación de las comunidades. Es posible que haya algunas excepciones, pero no hay claridad en la información», dijo.

Afirmó, además, que no existe una verdadera presencia del Estado colombiano asesorando al pueblo wayú sobre sus derechos económicos, sociales, ambientales y culturales. «Acá los funcionarios del gobierno simplemente vienen a ser testigos de un acta que diga sí o no a la consulta previa, sin percatarse realmente si hubo un proceso participativo y una concertación adecuada, acorde con la realidad política y social de un pueblo», expuso.