5 de enero de 2024

Ecologistas en Acción es una confederación de más de 300 grupos ecologistas distribuidos por pueblos y ciudades de España.

Forman parte del ecologismo social, que entiende que los problemas medioambientales tienen su origen en un modelo de producción y consumo cada vez más globalizado, del que derivan también otros problemas sociales, y que hay que transformar si se quiere evitar la crisis ecológica.

La ONU ha hecho público el oficio realizado por la irlandesa Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, dirigido tanto al Gobierno de España como a la empresa Tungsten Sano Finx SL. Dicha empresa es la propietaria de la polémica mina ubicada en el ayuntamiento de Lousame (A Coruña), a tan solo siete kilómetros de la ría de Muros y Noia.

Investigación abierta por la ONU

La misiva es parte de la investigación abierta por la ONU, después de que la empresa enteminera, Tungsten San Finx, SL, denunciara a Ecologistas en Acción ante los juzgados de Noia tras una acción de protesta contra los vertidos de la mina. Unos vertidos por los que la empresa minera ha sido sancionada ahora por la administración gallega con una multa de 180.000 euros.

En los oficios, firmados conjuntamente por la Presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre derechos Humanos y empresas transnacionales, Damilola S. Olawuyi, y por el Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y el medio ambiente, David R. Boyd, los representantes de la ONU expresan su “preocupación ante la causa abierta contra Ecologistas en Acción, que tememos que esté basada en una denuncia abusiva, iniciada en represalia por su activismo pacífico contra los daños medioambientales resultantes de la mina San Finx”.

Denuncias contra Ecologistas en Acción en presunta represalia por su trabajo pacífico en defensa del medioambiente

El oficio refleja que la preocupación se ve amplificada por “anteriores acusaciones infundadas que se habrían interpuesto por la empresa contra Ecologistas en Acción y otras organizaciones en presunta represalia por su trabajo pacífico en defensa del medioambiente”, en referencia a otras denuncias presentadas por la misma empresa minera y que también han sido archivadas por la justicia.

Sin embargo, Tungsten San Finx SL se ha negado a responder a las cuestiones formuladas por la ONU, que reclamaba información sobre las medidas adoptadas por la empresa para cumplir con la legislación medioambiental, sobre los impactos causados por las operaciones mineras y sobre las medidas de la empresa para garantizar la eliminación de los residuos mineros.

Ampliación de la investigación a la nueva denuncia contra Ecologistas en Acción de la Cámara Minera

Tras el archivo de la denuncia de Tungsten San Finx SL por parte del juzgado de Noia, la investigación de la ONU se ha ampliado ante una nueva acción penal, esta vez de la Cámara Oficial Minera de Galicia, también contra miembros de Ecologistas en Acción.

Activistas de la organización ecologista entregaron el pasado mes de septiembre, en la sede del organismo minero, varias muestras de agua contaminada procedente de las minas de San Finx y Touro. La Cámara Minera les atribuye, por esto, un inexistente delito de coacciones y asalto violento.

Con la entrega de las botellas, las ecologistas salían al paso de las declaraciones públicas de la Cámara Minera en las que se afirmaba que “nunca hubo problemas con la calidad de las aguas” en San Finx.

El sector minero represalia a Ecologistas en Acción

Afirmaciones realizadas por el organismo minero, a pesar de que las analíticas realizadas por Augas de Galicia el pasado agosto revelaban niveles de cadmio, sustancia tóxica y cancerígena, 78 veces por encima del nivel máximo que permite la legislación. Esas mismas analíticas llevaron a la apertura de un procedimiento sancionador, incoado por Augas de Galicia, contra la empresa concesionaria de la mina.

Si bien la acción no se demoró más de tres minutos y fue totalmente pacífica, desde la Cámara Minera la calificaron como un “asalto violento”, llegando a afirmar que se había forzado a las administrativas a beber agua contaminada. La denuncia es el caso más reciente y disparatado de una campaña continua y sistemática de acoso judicial por parte del lobby minero, utilizando acusaciones falsas e infundadas para intentar intimidar y silenciar a las organizaciones que denuncian las ilegalidades mineras.

Ecologistas en Acción relaciona esta denuncia con su reciente victoria judicial, que obligó a paralizar la mina de la Penouta (Ourense) por afectar a la Red Natura 2000. Mina para cuya empresa concesionaria precisamente trabaja actualmente el presidente de la Cámara Minera.

https://www.ecoticias.com/medio-ambiente/ecologistas-accion-onu

14/05/2024