El delegado del Gobierno evita valorar ante los medios el operativo de la Policía Nacional que se ha saldado con 23 detenciones en el País Vasco

El delegado Denis Itxaso saluda a la cúpula de la Policía Nacional en un acto por las víctimas en Vitoria. Leire Martín ARABA PRESS

  Josean Izarra

Actualizado Martes, 7 junio 2022

 

Un ciudadano senegalés, de unos cuarenta años de edad, ha cobrado de forma ilegal más de 1 millón de euros en ayudas sociales del Gobierno vasco. La Policía Nacional atribuye a O.N. un fraude que se ha prolongado durante la última década al utilizar 62 identidades falsas para percibir tanto la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

La Delegación del Gobierno ha confirmado esta mañana el operativo policial que ha permitido desarticular el fraude liderado por O.N. Hasta 23 detenciones ha practicado la Policía Nacional en una extensa investigación en la que también se han localizado 22 pasaportes falsificados, 16 libretas bancarias a nombre de identidades falsas, 17 tarjetas de crédito, nueve teléfonos móviles, un disco duro externo y diversa documentación relacionada con Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo.

El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, ha renunciado a explicar ante los medios de comunicación el alcance del trabajo realizado por la Brigada de Extranjería antes de participar en un acto con víctimas del terrorismo al que también ha acudido la cúpula de la Policía Nacional en Euskadi incluido el jefe superior del País Vasco, Jesús Herranz Torrubia. Sin embargo, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha utilizado las redes sociales para dar la «enhorabuena» al trabajo de los agentes policiales por «destapar un nuevo fraude en la RGI que nos indigna a todos los vascos». «El Gobierno vasco está de nuevo inmerso en un gravísimo escándalo porque no ha hecho bien su trabajo y los controles han brillado por su ausencia», ha advertido Iturgaiz.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha tenido que reconocer la existencia de «fraude» en el cobro de las ayudas sociales vascas aunque ha asegurado que es «minoritario» y «existe un control permanente».

El jefe de la banda creó 62 identidades falsas sirviéndose de otras personas con el fin de cobrar ayudas públicas para el alquiler de vivienda (PCV) y de renta básica (RGI) destinadas a personas y familias sin recursos suficientes, por lo que de media consiguió 857 euros mensuales por cada persona dada de alta (625 por la RGI y 250 por la PCV), lo que ha supuesto un desfalco de 1.091.416 euros.

Según fuentes de la investigación, O.N. ingresaba mensualmente hasta 10.000 euros al percibir ayudas cuyo importe actual es de 1.002 euros para una única persona (727 euros de RGI y 275 euros de PCV).

Para obtener estas prestaciones sociales el ciudadano senegalés, que se encuentra ahora en libertad provisional, se empadronó en diferentes localidades de Vizcaya como Bilbao, Durango, Getxo, Gernika o Iurreta. Empadronamientos que en los ayuntamientos vascos se realizan con una simple declaración y la conformidad del propietario o arrendatario, algunos de los cuales están imputados por colaboración.

Los pasaportes presentados a las instituciones y a las entidades bancarias corresponden a ciudadanos de Senegal, Congo, Gambia, Mali y Ghana. Además, con el objetivo de cobrar la prestación por alquiler de vivienda de 250 euros mensuales (actualmente, 275) el presunto defraudador registraba en Lanbide contratos de subarriendo de habitaciones en pisos alquilados por él mismo, por cómplices y por otros ciudadanos que desconocían su actividad delictiva.

Los agentes de la Brigada de Extranjería, además, han aportado al sumario judicial abundante documentación sobre la ausencia de mecanismos eficaces de control en Lanbide. El Servicio Vasco de Empleo que desde 2020 depende de la vicelehendakari Idoia Mendia reconoció en 2020 que había pagado un total de 10,4 millones de euros de más a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Del total de estos ‘cobros indebidos’, Lanbide aseguró que había recuperado 8,6 millones, por lo que la pérdida constatada de recursos públicos en ese ejercicio fue de 1,8 millones. En 2021, sin datos sobre la cuantía, sí que consta que alrededor de 10.000 perceptores que han recibido más dinero que el que les correspondía ni lo han devuelto ni han respondido a la petición del Gobierno vasco para hacerlo.

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2022/06/07/629b8eb7fc6c83545b8b45a4.html

29/03/2024