Carlos Caicedo: en Colombia «si no te eliminan físicamente, quieren expulsarte del cargo o del país»

01.09.2021

CC BY-SA 4.0 / Luis Alberto Ferradanes Gutiérrez

 

Por; Karen Méndez Loffredo

Corresponsal en España

Sputnik conversa en exclusiva con Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, departamento ubicado al noreste de Colombia, quien el 19 de agosto salió de su país luego de conocer un plan para asesinarlo presuntamente orquestado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Caicedo ha elevado la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha expuesto su caso en distintos espacios internacionales, como en la sección de Latinoamérica del Servicio de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea dirigido por Josep Borrell.

Pide al Gobierno de Iván Duque que le garantice un esquema de seguridad que le permita volver al país para retomar sus funciones como mandatario departamental. Además, denuncia que el supuesto plan de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia incluía asesinar al senador opositor y candidato presidencial, Gustavo Petro.

—Usted tuvo que abandonar su país por amenazas de grupos armados que estarían organizando un plan para asesinarlo. ¿Quién exactamente quería atentar contra su vida y por qué?

—La información que recibimos proviene de una fuente directa y confiable alertándonos que el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un grupo narcoparamilitar, había aprobado un plan para asesinarme, operando al servicio de sectores de la extrema derecha de nuestro país. Lamentablemente tuvimos que tomar esta decisión. Primera vez en mi vida que parto de mi país porque nos alertaron que el cumplimiento del plan era inminente y nuestro esquema de protección no era suficiente para enfrentar esa situación de riesgo extremo.

—¿Por qué querrían atentar contra su vida?

—Se avecinan las elecciones en Colombia y yo soy parte de la oposición del país, soy gobernador y he recibido un proceso sistemático de bloqueo del presidente Duque, un proceso de persecución política, de saboteo a nuestra gestión encabezado por el propio Álvaro Uribe y, por supuesto, de los congresistas y diputados departamentales de estas corrientes políticas. Este proceso ha estado cruzado por campañas difamatorias, por lawfare, por una serie de estrategias, de montajes, de procesos judiciales, pero como ninguno de estos les ha resultado ahora intentan por otras vías.

Es la primera vez que se gana esta gobernación por parte de un movimiento progresista, la tercera vez en la capital, yo fui alcalde de Santa Marta y, obviamente, estos sectores lo que temen es seguir perdiendo los espacios que ellos tuvieron por tanto tiempo y que convirtieron al Magdalena en el cuarto departamento en pobreza monetaria. Ellos permanecieron en el poder utilizando sus vínculos con grupos paramilitares, del narcotráfico.

Hemos estado solicitando que el presidente de instrucciones al ministerio de Interior, de Defensa y a la Unidad Nacional de Protección para que refuerce nuestra seguridad. Hasta ahora no se han pronunciado directamente y nos parece que con esta situación se está vulnerando no solo nuestro derecho a la vida y nuestros derechos humanos, sino además el derecho del pueblo del Magdalena para que se proteja al gobernador alternativo y progresista que eligieron.

—¿Usted comunicó la situación a las autoridades?, ¿qué respuesta recibió? Porque tengo entendido que el Ministerio de Interior aseguró que usted tenía un esquema de protección permanente de 33 hombres con armas cortas y largas. ¿Es así?

—Absolutamente no. Ellos afirman que tengo un esquema de seguridad suficiente, inclusive llegaron a decir que era de 33 personas. Yo les dije que me entregaran la información de quiénes son porque no los conozco. Hay exministros y expresidentes que tienen esquemas de protección suficiente, en nuestro caso la protección es mínima, básica, que debemos pagar nosotros. A la Unidad Nacional de Protección tenemos que pagarle por dos funcionarios, para que los mantengan, y la Policía tiene una unidad básica a nuestro servicio. Pero el punto es que nos alertaron de este plan inminente, y que se realizaría con un destacamento paramilitar grande, para el cual este esquema de protección es totalmente vulnerable e ineficiente.

Frente a este plan de atentado el Gobierno Nacional ha dicho casi lo mismo que dijo este grupo paramilitar a través de un comunicado: que no había ningún plan. Una respuesta que de por sí es sospechosa porque ¿a cuenta de qué el Gobierno salió de manera anticipada a decir eso? Sin antes investigar de qué se trataba, y como ha ocurrido en otras situaciones, el Gobierno Nacional ha tenido una conducta que ha sido muy poco solidaria en esta circunstancia, en la protección de la vida. Pero, regresando a esa afirmación de más de 30 hombres en el esquema de seguridad, aquí no se trata, además, del número de hombres, sino también del entrenamiento, de la capacitación y experiencia, es decir, la capacidad de respuesta que pueda tener un equipo de seguridad ante una situación de riesgo. Ya hemos visto que en el pasado distintos dirigentes progresistas o de izquierda en Colombia fueron asesinados aún con esquemas de protección.

Evidentemente esto hay que tensionarlo porque estamos moviéndonos en un territorio donde estos grupos paramilitares y narcotraficantes han vuelto a ganar terreno porque la política que promueve el Gobierno Nacional no es precisamente la política de la paz, y en estos territorios, donde salieron los grupos armados, ellos han ido copando este espacio e incluso se han rearmado en el departamento del Magdalena.

—Usted ha responsabilizado por su seguridad al presidente Iván Duque y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué señalarlos a ellos?, ¿qué tendrían que ver con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia?

—El jefe de Estado es el que tiene la responsabilidad de dar garantías a los sectores alternativos y de oposición y a la ciudadanía en general. Es su responsabilidad, y por supuesto, en nuestro caso lo que hemos recibido es un proceso de bloqueo sistemático en la gestión por parte del propio presidente Duque y del ministro, castigando al pueblo del Magdalena.

En este caso hemos solicitado fortalecer el esquema de seguridad y mandar un mensaje claro contra los grupos que tienen preparado el supuesto plan, pero fíjese que no hay ningún tipo de pronunciamiento. Y en el caso de Uribe, pues sabemos que Uribe encarna la derecha y la extrema derecha colombiana y él ha mostrado cierta animadversión hacia mí, incluso, él fue directamente a hacer campaña a favor de un candidato a la Gobernación de uno de los clanes que finalmente derrotamos en las elecciones.

Todo ese mal ambiente creado por el presidente Duque y por el señor Álvaro Uribe, pues evidentemente se recibe como un guiño por los grupos de extrema derecha armada que, además, están financiados por el narcotráfico y que han ido declarando objetivo militar a líderes sociales y a nosotros, pero inclusive, estas amenazas y este plan para asesinarme también involucraba al senador Gustavo Petro. Es decir, este es un asunto de la extrema derecha contra actores de orden nacional, regional que tienen una presencia importante y que representa una opinión desde el lado del progresismo, del lado alternativo.

—Algunos medios colombianos han puesto en duda el plan para asesinarlo porque dicen que usted primero se fue del país y después puso la denuncia. ¿Qué responde?

—Estos periodistas y esos medios operan como agentes oficiosos de estos grupos criminales porque salen a descalificar el tema sin tener evidencia de ningún tipo para hacerlo. Es inclusive sospechoso. Lo que pretenden es que cuando se haya producido un atentado van a corroborar que existía un plan, es decir, parten del hecho de restarle veracidad, pero sin fundamento ninguno. Ellos dicen además que yo salí del país sin haber puesto en conocimiento a las autoridades, lo que es absolutamente falso porque antes de salir del país yo hablé directamente, vía telefónica, con el ministro de Defensa y le presenté la situación a instancia de un senador de la bancada alternativa que me puso en contacto con él.

También le presentamos la situación telefónicamente al jefe del GAULA (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal), que fue el que me llamó. Además, cuando nosotros recibimos la información de una fuente humana que nos puso en conocimiento del plan, pusimos en conocimiento al coronel de la policía del departamento del Magdalena y del Ejército, el coronel que está al frente de la Segunda Brigada, es decir, antes de viajar pusimos en conocimiento, ellos escucharon a la fuente e, inclusive, yo le dije al propio ministro de la Defensa.

Así que hice uso de unos días de vacaciones para salir porque en Colombia para que un gobernador salga del país necesita autorización del Ministerio del Interior, mientras que cuando se disfruta de vacaciones nosotros mismos podemos darnos la autorización, entonces lo que hice fue utilizar seis días pendientes para poder salir y esperar que ellos actuaran, se pronunciaran, pero resulta que no actuaron, no se pronunciaron y han pasado los días, entonces lo que se hizo fue poner en conocimiento la situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares. Eso también estamos adelantando ante distintos organismos de derechos humanos y de Gobiernos que tienen relación con Colombia para que ellos interfirieran en esta situación. Además, le quiero decir, me preocupaba que avisar al Gobierno fuera alertar a los grupos que querían atentar contra mi vida pues el viceministro del interior es un representante de uno de los clanes que tradicionalmente han tenido vínculos con esos grupos paramilitares.

Pero fíjese que la cuestión la dirigen a un asunto de carácter formalista, que, si se puso en conocimiento o no a las autoridades colombianas, pero claro que se puso. Lo hice yo directamente, pero aquí lo que están buscando es descalificar la situación, la pregunta es ¿por qué?

—El supuesto plan para asesinarlo a usted se da un contexto donde se han registrado más de 60 masacres en el país en lo que va de año, una ola de asesinatos contra líderes sociales y excombatientes de las FARC firmantes del Acuerdo de paz y también en medio de un escándalo que involucra a exmilitares colombianos en el asesinato del presidente de Haití. ¿Hacia dónde está caminando Colombia?

—Lamentablemente hacia la reedición de la violencia, hacia el incumplimiento sistemático e irresponsable de los Acuerdos de Paz, hacia la violencia contra actores sociales, sindicales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, líderes de movimientos alternativos o de izquierda. Es sospechoso que la vicepresidenta del país saliera en defensa de los mercenarios que asesinaron al presidente de Haití, pero lo es también cuando reprimen de manera tan violenta las protestas sociales, porque no solo asesinan a personas en las manifestaciones, sino que desaparecen personas, las mutilan, y hay responsabilidad en los servidores públicos que toman esas decisiones, pero ellos terminan responsabilizando a la gente que está ejerciendo el derecho constitucional de reclamar mínimos, como que no impongan una reforma tributaria que empobrezca más a la gente, que no vayan a reducir las condiciones del sistema sanitario público, vulnerando el derecho a la salud o que no concedan una renta básica en un país donde hay una alta tasa de desempleo y de empobrecimiento de la población, pero la respuesta del Gobierno es reprimir el reclamo social.

Colombia es un país que tiene galopantes niveles de desigualdad, inequidad y no puede ser que la respuesta del Gobierno a los ciudadanos sea la violencia. El Gobierno se apoya en sus aliados políticos en determinados territorios con terratenientes que han estado involucrados con la expulsión violenta de los campesinos, que han estado vinculados con grupos paramilitares, además, el proceso del narcotráfico ha venido en aumento, las muertes violentas, las masacres, es decir, el período que se vivió y respiró terminado el proceso de paz se ha hecho cenizas por ellos que anunciaron que harían trizas el Acuerdo de Paz. Lo han cumplido al pie de la letra.

La comunidad internacional debería colocar sus ojos sobre lo que pasa en Colombia y estar muy atentos al proceso que viene en los próximos meses porque la derecha está desesperada por permanecer en el poder y utilizan la violencia contra la oposición y los movimientos sociales, como históricamente lo han hecho. Prueba de ello es que la curva se sigue incrementando día tras días en violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

—¿Qué piensa hacer usted ahora?, ¿pedirá asilo en algún país de Europa o piensa volver a Colombia?

—Estamos analizando distintas alternativas. Por supuesto nosotros tenemos un compromiso con la gente que nos eligió, y lo que estamos pidiéndole al Gobierno es lo mínimo: que nos den condiciones adecuadas de seguridad, que no tengamos que mendigarle esquemas de seguridad porque es su responsabilidad ofrecerla a todos los que tengan algún riesgo o una amenaza seria contra su vida.

En nuestro caso hemos sido víctimas de situaciones de este tipo por grupos criminales que operan en nuestro territorio, pero ahora estamos hablando de un plan de una organización nacional. ¿Por qué hay que exigirle al Gobierno que cumpla con su deber constitucional en el caso de un gobernador que pertenece a una fuerza alternativa y de oposición en Colombia? Esto deja muchas interrogantes y, por supuesto no habla muy bien del compromiso democrático del Gobierno actual, pero la responsabilidad con la gente es superior inclusive a nuestros propios miedos. Tenemos que regresar al territorio para cumplir nuestro deber constitucional y legal porque tenemos un plan de desarrollo que los uribistas, la extrema derecha y toda esa mafia politiquera, esos clanes que operan en ese territorio intentan sabotear. Nosotros estamos sacando adelante una cantidad de iniciativas en materia de educación, salud, agua potable que van a beneficiar a miles de personas, entonces evidentemente esa responsabilidad nos impulsa a regresar pidiendo, eso sí, condiciones de seguridad para estar allí.

—Si el Gobierno ahora le garantiza a usted un mejor esquema de seguridad, ¿usted vuelve?

—Sí. Es que entre otras cosas yo solo tengo permiso hasta el 6 de septiembre, es decir, no puedo permanecer más allá de esa fecha.

Si no salgo de Colombia utilizando esos días pendientes de vacaciones hubiera tenido que esperar autorización del permiso y no se sabe si se hubiera ejecutado el plan porque me decían que era inminente. Esta es primera vez en mi vida que yo hago esto. Yo inclusive después de todos los montajes judiciales que me hicieron con todos los parapolíticos de la época del Gobierno del presidente Uribe y el paramilitar confeso que gobernaba el departamento del Magdalena, Trino Luna, pues a mí me hicieron un montaje judicial y hasta me privaron de la libertad, y al salir de eso absuelto no pedí asilo, no me fui a Bogotá, sino que decidí presentarme a la alcaldía y los derrotamos en franca lid. Ellos comprando votos, manipulando todo el proceso electoral, pero lo logramos y empezó un proceso de cambio en la ciudad de Santa Marta, que ahora estamos impulsando en el departamento del Magdalena.

—Entonces, ¿usted el 6 de septiembre vuelve a Colombia?

—Sí, el 6 de septiembre termina este permiso que autorizaron, a menos que solicitemos y aprueben otro por otros días. Es bastante demorado este proceso de organización de un esquema de seguridad, que debería ser lo más expedito posible porque incluso la unidad de protección lleva meses tramitando la asignación de un nuevo hombre que, además, nos corresponde a nosotros pagar, entonces hemos dado todos estos días para que ellos se pronuncien, sean severos en su planteamiento contra estos grupos criminales, pero no lo han hecho y lo que han buscado es descalificar la situación, desestimarla y tampoco se ha organizado de forma inmediata el esquema.

Esperamos que lo hagan en los próximos días porque necesariamente tengo que regresar porque o sino, imagino, que ellos mismos van a promover un proceso por abandono de cargo. Ya nosotros le conocemos todo tipo de táctica porque nos las han aplicado todas, por eso es que tampoco íbamos a dejarnos asesinar, pero nos corresponde volver a nuestra responsabilidad y por eso al Gobierno le corresponde darnos las mínimas condiciones de seguridad.

—Pero si no le dan esas garantías de seguridad, ¿qué va a hacer usted?

—Bueno, esas son las alternativas que tenemos que examinar porque si no te eliminan físicamente ellos lo que quieren es expulsarnos del cargo y del territorio como sea para que ellos sigan saqueando. A pesar de que nosotros ganamos en las elecciones, el Gobierno Nacional mandó a la Superintendencia de Salud a quitarnos unos hospitales y entregárselos a un cartel de la salud que está integrado por diputados departamentales y congresistas.

Entonces ellos lo quieren es seguir teniendo de caja menor a estas entidades públicas. La lucha nuestra es por la democracia, porque haya garantías para que los que piensan diferente puedan expresarse libremente, la lucha nuestra es por la educación, por la salud, por el empleo, el derecho al trabajo con dignidad, por un adecuado acceso a los servicios públicos porque no se trata simplemente de estar en un cargo público por estar, se trata de estar en estos cargos públicos para transformar las condiciones de vida del pueblo que nos escogió y que representamos, y lo que quiere la élite con estos territorios es seguir capturando lo público, capturando la renta y tener el control de las decisiones en un territorio donde, además, nació el narcotráfico en Colombia décadas atrás. Un territorio que ha estado capturado por los mismos de siempre casi desde la época de la colonia, entonces tenemos también una responsabilidad con nuestra gente, por eso pedimos a la comunidad internacional y a todos los que se puedan pronunciar para que el Gobierno Nacional nos de unas condiciones mínimas para poder desarrollar nuestro trabajo. Pero, tengo que examinar las distintas alternativas porque, obviamente, necesitamos estar vivos para seguir dando la lucha por el cambio en nuestro territorio y en Colombia.

 

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25/08/2023