El gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, denunció que las disidencias impusieron a cada campesino tumbar dos hectáreas de bosque para sembrar coca y a los presidentes de las juntas comunales, cobrar vacunas.

2020/07/08

Meta es el segundo departamento más deforestado del país, después de Caquetá. Foto: Rodrigo Botero.

Meta, uno de los departamentos que conforman la vasta Amazonia colombiana, atraviesa por uno de sus peores momentos en materia ambiental. Según cifras extraoficiales de la Gobernación, en los pmeros seis meses de este año fueron cercenadas más de 22.000 hectáreas de bosque por causa de la motosierra, cifra que en todo 2019 no superó las 23.000 hectáreas.

En el primer semestre de 2020, Tinigua, Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos, los tres Parques Nacionales Naturales que hacen presencia en este territorio amazónico y llanero, perdieron más de 7.000 hectáreas boscosas, una devastación impulsada exclusivamente para el desarrollo de cultivos de coca y ganadería extensiva. 

“Estas tres áreas protegidas suman 123.000 hectáreas boscosas deforestadas en los últimos 15 años, un bioma que es talado y quemado para dar paso a extensos pastizales. La madera no es aprovechada y la hecatombe es realizada únicamente con el propósito de poner en marcha actividades ganaderas y cultivos ilícitos de las mafias delincuenciales”, dijo el gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga Cardona.

La Macarena y Tinigua son los Parques Naturales más afectados por la deforestación en Colombia. Foto: Rodrigo Botero.

Para el mandatario, la principal amenaza para la biodiversidad del territorio es el accionar del Grupo Armado Organizado residual operado por Miguel Botache Santanilla, alias Gentil Duarte, una disidencia de las Farc que lidera procesos de siembra de coca en municipios del sur del Meta como La Macarena y Vista Hermosa y gran parte del Guaviare, donde están ubicados los Parques Naturales.

De acuerdo con el gobernador Zuluaga, a través de informes de inteligencia y testimonios de la misma comunidad lograron determinar que Gentil Duarte impuso su ley para que las 5.000 familias campesinas que habitan en los tres parques tumben montaña para sembrar como mínimo dos hectáreas de coca. «Por cada hectárea de bosque tumbada y quemada, las mafias pagan hasta cinco millones de pesos (1.172 €)”, reveló el mandatario.

Hasta ahora, Artemisa, la estrategia del Gobierno para mermar la deforestación, no ha arrojado la captura de ninguna de las grandes cabecillas que lideran la desaparición del bosque. En los diferentes operativos han sido capturados colonos y campesinos que son tan sólo la última parte de esta cadena macabra en contra de los recursos naturales.

Carreteras en medio de la selva de los Parques Naturales del Meta para el paso del ganado. Foto: Rodrigo Botero.

Sin embargo, Zuluaga considera que sin este accionar el panorama sería aún más crítico. “Los diferentes operativos de la fuerza militar han arrojado más de 40 capturas y bajas. Artemisa logró desactivar 2.800 minas antipersona, todas sembradas por las disidencias, y destruir 26 laboratorios de coca. El último intervenido contaba con más de una tonelada y media de cocaína”, dijo.

En los últimos días, varios campesinos del sur del Meta alzaron su voz para exigir la salida del Ejército de la zona, decisión que para el gobernador tiene su raíz en una presión por parte de los grupos delincuenciales. “Los colonos necesitan recoger la hoja de coca para procesarla. Si no fuera por el control militar, el sur del departamento estaría lleno de coca. Aunque aún no hay resultados contundentes, sin los operativos la tragedia sería mucho más crítica”.

Lucha contra la ilegalidad

Además del nuevo despertar de la coca en el sur del Meta y la neurálgica situación de los bosques amazónicos, Zuluaga advierte que la zona padece por otros tentáculos impulsados por el grupo delincuencial de Gentil Duarte, como el reclutamiento de menores, la siembra de minas antipersona y una nueva ola de homicidios.

“Este año, 25 civiles y 16 policías y militares fueron asesinados en el sur del Meta. Los homicidios están disparados por una confrontación entre dos grupos delincuenciales: la nueva Marquetalia, al mando de Jesús Santricht e Iván Márquez, que quieren reclamar el territorio que antes tenían bajo su dominio, y las tropas de Gentil Duarte. En esa lucha a sangre fría quedan en el medio los campesinos”.

La minería de oro tiene en aprietos a varias zonas del Pacífico colombiano. Foto: Semana.

El gobernador denuncia también que Gentil Duarte tiene regado en el departamento un grupo de finanzas que les envía cartas a contratistas, agricultores y ganaderos. “Las disidencias dicen que van a carnetizar a las juntas de acción comunal y que sus presidentes son los llamados a cobrar las vacunas. Están muertos del miedo porque si no lo hacen los matan. Tenemos un problema de seguridad nacional”.

Meta fue uno de los departamentos que más padeció por la violencia en los últimos 50 años, una ola que, Zuluaga interpreta como un nuevo aire de los grupos armados ilegales, esta vez, con las disidencias como protagonistas. Dijo que hace dos años la gente podía visitar sitios turísticos y biodiversos como Caño Cristales, las Cortinas del Diamante en Vista Hermosa y la laguna del Amor en Uribe, y que hoy están gobernados por la ilegalidad.

“Hoy nadie puede ingresar a estos sitios sin pagar una vacuna. Alrededor de la coca se está formando un grupo delincuencial que debemos detener. El Estado no puede perder el terreno ganado y regresar a los años más duros de la violencia”.

  Tinigua lidera el ranking de las áreas protegidas más deforestadas en el país. Foto: Rodrigo Botero.

Parques con campesinos

Zuluaga considera que las 5.000 familias campesinas que habitan en las tres áreas protegidas del Meta no deben abandonar el territorio, una diferencia que tiene con Parques Nacionales Naturales (PNN).

“La entidad dice que su presencia es ilegal, pero estas familias no tienen para dónde irse y no tenemos cómo acogerlos en una ciudad. Los campesinos deben ser nuestros aliados a través de mecanismos como pagos por servicios ambientales e incentivos por restauración. En el abandono no está la conservación, sino en el buen uso de los recursos”.

En el municipio de La Macarena hay cerca de 500.000 cabezas de ganado, cifra que lo convierte en uno de los mayores hatos lecheros del departamento. Para el mandatario, esto representa una oportunidad para trabajar en proyectos sostenibles.

Las disidencias pagan hasta cinco millones de pesos por tumbar una hectárea de bosque en Meta. Foto: Rodrigo Botero.

“Debemos llegar a los campesinos con propuestas de ganadería sostenible y enseñarles a tener cultivos de bajo impacto. Pero la presencia del Ejército es fundamental para controlar a los grupos delincuenciales. Sin embargo, el diálogo con las comunidades está en el limbo por las presiones de los grupos armados. Los campesinos son empujados por las mafias a enfrentarse con el Ejército y rechazar las propuestas de las instituciones”.

Un proyecto que está andando es en el cañón del río Duda, un antiguo corredor de las Farc que llevaba la droga hasta La Macarena. Allí, 80 familias de siete veredas ya no siembran coca sino arveja y fríjol (guisantes y judías). “Con Cormacarena los vamos a beneficiar con una estrategia de pagos por servicios ambientales”, dijo Zuluaga.

Sumando a esto, varias entidades contemplan poner en marcha mecanismos sostenibles para trabajar con los campesinos: Parques Nacionales con incentivos por restauración y conservación, Cormacarena con pago por servicios ambientales y la Secretaría de Agricultura del Meta con el apoyo a los proyectos productivos.

El Gobierno sigue sin capturar alguna de las cabecillas que financian la deforestación en Colombia. Foto: Rodrigo Botero.